El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) instruyó al rector, Ricardo Gelpi, para que avance con un reclamo judicial contra el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma, fue aprobada en el Congreso con mayores recursos para las altas casas de estudio, pero Milei decidió vetarla y luego, cuando el Parlamento insistió, el titular del Poder Ejecutivo la promulgó pero suspendió su aplicación.
Todo indica que el conflicto que tendrá que ser resuelto por el Poder Judicial. “Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”, consideró el Consejo Superior. En reuniones, la UBA afirmó que la decisión de Milei “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
El Consejo, además, aseguró que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y la ley “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”. “Esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”, subrayó.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domíguez, en su carácter de de docente regular de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y por la representación colectiva adecuada del grupo conformado por los docentes y no docentes de la universidad, promovió un proceso colectivo con el objeto que se declare la inconstitucionalidad que dispuso la suspensión de la ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente, impidiendo de esta manera la recomposición salarial de los docentes y no docentes universitarios.
Desde FEDUBA también presentaron una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Milei y el jefe de gabinete Guillermo Francos, por la no implementación de la ley de financiamiento universitario. La Ley está hecha para cumplirla y la Universidad Pública para defenderla. Como representantes de los trabajadores docentes no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras se llevan puestos nuestros salarios y a todo el sistema universitario.
