El agente de las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich que agredió al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión a la marcha de los jubilados en el Congreso utilizó “un arma prohibida en gran parte del mundo” por ser considerada “potencialmente letal”, definió en conferencia de prensa la directora del área de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Marcela Perelman. En Argentina, los efectivos de las fuerzas de seguridad usan este tipo de armas desde diciembre del 2023, cuando entró en vigencia el protocolo anti piquetes de Bullrich.
Pablo Grillo se encuentra internado desde la tarde del miércoles en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de un traumatismo de cráneo grave, fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica, ocasionado en el marco del impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Según el último parte, confirmado por su padre a los medios, el estado de salud del fotógrafo es delicado, y los próximos días serán clave para su evolución. “Creo que es importante señalar que las circunstancias que llevan a que Pablo esté hoy luchando por su vida se inician con el anuncio de que el gobierno tiene un protocolo anti piquetes, que no es nada más que un protocolo anti protestas”, apuntó la integrante del CELS. Además, adelantó que presentará una denuncia “por las características que tuvo el operativo represivo de ayer, por las características que tiene el llamado protocolo anti piquetes, y, específicamente, por la situación de Pablo Grillo”. “La pistola lanza gases estaba prohibida, como en gran parte del mundo, y Bullrich lo derogó. Es un arma potencialmente letal”, espetó Perelman. Se refiere al retroceso de las políticas antirepresivas que se venían cultivando en el país desde la violencia institucional descontrolada en plena democracia desde principios de los noventa –con episodios lamentables como la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y los homicidios de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán en 2002–.https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9g1peq
Con la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en 2010 (hasta entonces era una secretaría que dependía del Ministerio de Interior o el Ministerio de Justicia), la actuación policial en las protestas sociales tuvo otra centralidad. La por entonces ministra de Seguridad Nilda Garré presentó la resolución 210/2011, más conocida como “los 21 puntos”, con el cual se sistematizó y mejoró las regulaciones que se venían debatiendo desde 2002. Si bien no se trató de una ley, se contempló como un principio de avance hacia una regulación del accionar de las fuerzas de Seguridad ante una protesta o manifestación. Sin embargo, a mediados de diciembre de 2023, Bullrich hizo oficial su “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, más conocido como Protocolo Anti-piquetes. Desde su inicio se garantizó el uso desproporcionado de la fuerza, plasmado en el uso abusivo de gases lacrimógenos y balas de goma, camiones hidrantes, golpes con bastones y detenciones arbitrarias, que dejaron numerosas personas heridas, entre ellas, periodistas y trabajadores de prensa que fueron lesionados mientras cumplían su labor periodística.
En tanto, Perelman aseguró que “en el punto 10 de los 21 que formaban parte de La regulación de los operativos de seguridad en el contexto de protestas sociales, que Patricia Bullrich derogó cuando asumió en este gobierno, se prohibía, entre otras armas, específicamente la pistola lanza gases”. Por eso, aseguró que “es un arma potencialmente letal”. “Hasta ese momento, estaba prohibida, esta arma no letal ya había impactado en la cabeza del compañero Carlos Fuentealba y lo había asesinado adentro de un auto, mientras se retiraba de una manifestación”, recordó Perelman. En este marco, calificó al protocolo represivo de Bullrich de “antilibertad”: “Se pretende terminar con la libertad de expresión en las calles, y contra los trabajadores que garantizan que esa expresión llegue a toda la sociedad y que garantizan el control del accionar policial en esos contextos”. Al respecto del arma lanza gases, Amnistía Internacional (AI) elaboró un informe en el que explica por qué, bajo ningún concepto, el gas lacrimógeno puede dispararse directamente una persona. No obstante, el organismo evaluó más de 500 vídeos de uso indebido de gas lacrimógeno en 31 países y territorios. De acuerdo con AI, cuando el proyectil abandona el arma, se mueve a una alta velocidad. “Un proyectil con una masa aproximada de 100 gramos viajando a 70 metros por segundo tiene suficiente energía cinética como para causar daños serios o muerte en casos de impacto directo. Es por esto que los cartuchos nunca deben ser lanzados directamente hacia las personas”, sostiene.https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9g1xck
En 2021, Naciones Unidas elaboró un documento detallado titulado Sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden, en el que además describe cómo se componen los “irritantes químicos lanzados a distancia” y en qué circunstancias no deben emplearse. “El irritante químico dispersado a distancia que más se utiliza es el “CS“ (ya sea polvo micronizado o partículas de CS generadas pirotécnicamente), que suele descargarse en forma de proyectiles o de granadas disparadas desde un lanzador. Las sustancias malolientes también se dispersan a distancia”, aclara. En tanto, el documento del organismo internacional remarca que “el objetivo del uso de irritantes químicos arrojados a distancia suele hacer que los miembros del grupo se dispersen y se abstengan de cometer actos violentos”, y que por esto mismo, “deberían dispararse en un ángulo elevado”. De acuerdo con las denuncias presentadas ante la justicia y las imágenes capturadas como evidencia del operativo represivo, al momento de disparar las cápsulas de gas lacrimógeno, muchos agentes se encontraban a poca distancia de los manifestantes y los apuntaban casi de forma directa.
Asimismo, las Naciones Unidas advierte: “Por lo general, no se deberían disparar proyectiles irritantes contra las personas, y, en cualquier caso, no se deberían lanzar contra la cabeza o la cara, ya que la violencia del impacto puede causar la muerte o lesiones graves”.
