El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) está en riesgo. El Gobierno de Javier Milei lo desfinanció y avanzó en una intervención de hecho a través del decreto 351, publicado hacia finales de mayo. Para las Abuelas de Plaza de Mayo, el BNDG es un organismo fundamental para encontrar a los nietos y nietas que les robaron durante la última dictadura. Por eso, confían en que el Senado rechace en los próximos días el decreto, como sucedió el miércoles en la Cámara de Diputados.
Cuando se discutió la Ley Bases, hubo un consenso: el BNDG no podría quedar a merced de la motosierra del Presidente. Se lo excluyó explícitamente de aquellos organismos que podían ser eliminados o intervenidos. Sin embargo, el Gobierno encontró una hendija y avanzó.
Fue Raúl Alfonsín quien impulsó la creación del BNDG después de una reunión con las Abuelas, en la que ellas le explicaron que con el “índice de abuelidad” podrían encontrar a chicos apropiados. Durante sus primeros años de existencia, el BNDG funcionó en el Servicio de Inmunología del Hospital Durand. En 2009, el Congreso decidió que pasara a operar bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, pero le otorgó autonomía y autarquía para que no quedara preso de los vaivenes políticos.
En el BNDG se almacenan muestras de las familias que buscan a bebés que nacieron en los campos de concentración o que fueron secuestrados con sus padres y madres por los grupos de tareas. Están también las muestras de quienes sospechan que pueden ser hijos de desaparecidos.
El 23 de mayo se publicó el decreto 351 en el Boletín Oficial (BO). A través de él, el Gobierno lo transformó en un organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete. Es decir, en última instancia, depende de Guillermo Francos.
El Gobierno dijo que avanzaba con la transformación del BNDG para “optimizar” su funcionamiento. Sin embargo, nada de eso sucede. Con los cambios, el BNDG ya no tiene ni administra recursos propios. Esto, como mínimo, puede traer aparejadas demoras. Por ejemplo, si se queda sin los reactivos necesarios para hacer las pruebas de ADN, ya no podrá hacer las compras directamente, sino que tendrá que atravesar un recorrido burocrático a través de la Secretaría de Innovación. Lo mismo ocurrirá si algún experto debe viajar a tomar una muestra de ADN: antes tendrá que conseguir esos fondos.
“Esto no es para mejorar la eficiencia ni la efectividad del Banco. Esto es directamente en busca de silencio. Lo que se pretende es que no se encuentren más nietos”, sostiene Guillermo Pérez Roisinblit, uno de los nietos que integra la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. Guillermo nació en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue apropiado por un integrante de la Fuerza Aérea y restituyó su identidad en 2000.
El decreto 351 también avanzó en otras áreas. Modificó la organización del BNDG: suprimió el cargo de subdirector administrativo y le impide a la directora general técnica ejercer la representación legal del organismo.
En la Cámara de Diputados, 133 legisladores se pronunciaron a favor del rechazo del decreto 351/2025. Hubo 69 que lo apoyaron y dos que se abstuvieron. Ahora la pelota pasa al Senado. En la Cámara alta dicen que la intención es que el tema se trate esta semana, aunque serán días movidos por los cierres de listas.
“Para nosotros es sumamente importante que el Senado rechace también el decreto 351, ya que se realizó contraviniendo los límites que el propio Congreso le había puesto al Poder Ejecutivo. Desconoce, además, que lo que modifica son características reconocidas en 2009 para mejorar el funcionamiento del Banco y en cumplimiento de las obligaciones internacionales respecto a la búsqueda de víctimas de desaparición forzada”, explica Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo.
El BNDG es perito oficial. Su pronunciamiento es el que vale para determinar si una persona es hija de padres desaparecidos, como ocurrió el mes pasado con el Nieto 140. “El BNDG es prueba fundamental para los casos de apropiación durante la última dictadura cívico-militar. Es por eso que preservarlo es la forma de garantizar que se pueda seguir encontrando nietos y nietas. Sin el BNDG sería imposible”, remarca Villella.
El decreto 351 no fue la única medida del Gobierno que afectó al BNDG. Está desfinanciado porque debe funcionar con el mismo presupuesto que tenía en 2023. Estuvo más de un mes acéfalo porque se había vencido el mandato de su directora general técnica, Mariana Herrera Piñero, quien llegó al cargo por concurso. Recién después de que Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, hiciera una presentación ante la justicia federal de San Martín, el Gobierno prorrogó el mandato de Herrera Piñero.
Este jueves, la Legislatura porteña reconocerá a Herrera Piñero como personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos. La declaración es promovida por Victoria Montenegro, otra de las nietas encontradas por las Abuelas de Plaza de Mayo. “Para nosotros es fundamental defender el BNDG, preservar los datos y denunciar que, detrás de las acciones del Gobierno, hay una búsqueda de impunidad”, afirma Montenegro.
Milei firmó el decreto 351 en la misma semana en la que tomó otras acciones contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Un día antes, había degradado la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría. También había desjerarquizado el museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la ESMA –declarado patrimonio de la humanidad por la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)– y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM). Tanto el museo como el ANM pasaron a funcionar dentro del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que está a cargo de una abogada que milita contra el aborto y el matrimonio igualitario.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, en particular, vienen sufriendo ofensas desde comienzos de la gestión por parte del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Hubo otros ministros, como Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), que rechazaron contestar los pedidos de informes que formuló la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que investiga desde el Poder Ejecutivo los casos de apropiaciones.
Hace un año, el Presidente firmó el decreto 727, a través del cual eliminó la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Conadi y tenía, por decisión de Néstor Kirchner, acceso a los archivos en poder del Ejecutivo. La excusa del Gobierno para eliminar la UEI fue que duplicaba funciones con las del Ministerio Público Fiscal.
“Hay una clara intención de atacar la búsqueda”, destaca Pérez Roisinblit. “Pero nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a luchar con todas las herramientas que nos da la democracia. Las Abuelas nos salieron a buscar con el terror que implicaba la dictadura. El miedo no las detuvo. Nosotros aprendimos de nuestras Abuelas. No nos vamos a detener. Vamos a seguir peleando para encontrar al resto de nuestros hermanos”.
