A tres meses de cumplir dos años en el poder, el gobierno libertario quedó envuelto en un nuevo escándalo de corrupción. Los audios del exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, destaparon un entramado de coimas que retornarían directamente a la hermana del presidente y su operador más fiel, Eduardo “Lule” Menem. El caso se suma a una lista creciente de causas y sospechas que golpean al oficialismo. Solo en su segundo año de gestión suma varios escándalos: la cripto estafa publicada la noche de San Valentín; las valijas que entraron por la Aduana sin control; los contratos de la empresa de seguridad de la familia Menem con el Banco Nación; la reunión secreta del ministro Cúneo Libarona con el exagente de la CIA Tim Ballard para vender lobby y protección, engrosan la lista. El gobierno todavía no había dado una explicación por la peor crisis sanitaria autoinfligida —el fentanilo adulterado que provocó 96 muertes— cuando la voz de Spagnuolo denunciando coimas se hizo viral y la narrativa anti casta crujió una vez más.
Son días de nervios en la Casa Rosada. La que termina es una semana negra para Javier Milei. Todo comenzó el martes, cuando el stream Carnaval difundió audios en los que una voz —que más tarde se confirmó que era la de Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis recientemente removido— revelaba un esquema espurio: laboratorios farmacéuticos eran obligados a aportar dinero para sostener sus contratos con el Estado, y esos fondos, coimas, terminarían en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Hablé con el Presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Si llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApp de Karina’”, advertía la voz del abogado y amigo presidencial. La palabra corrupción volvió a rozar al entorno presidencial y se conecta de manera directa con su hermana, “El jefe”
Un nuevo escándalo sacude al gobierno
El silencio inicial no contuvo la tormenta. La noticia creció hasta que, en la medianoche del jueves, se oficializó en el Boletín Oficial la salida de Spagnuolo. Desde entonces, la Casa Rosada perdió contacto con su exfuncionario. Los días siguientes no trajeron alivio. El miércoles, la Cámara de Diputados rechazó por primera vez un decreto en la era Milei y avanzó con una ley que le otorga a los gobernadores la llave de los ATN. El jueves, los tropiezos continuaron: el Senado sancionó dos leyes que el Presidente deberá vetar en plena campaña y derogó cinco decretos de desregulación de Federico Sturzenegger, pieza central del plan de achicamiento del Estado.
Este viernes la justicia encontró a Diego Spagnuolo y le secuestró dos celulares y una máquina de contar billetes. Si bien el exdirector de la Andis era buscado desde anoche, dieron con él en horas del mediodía. Lo encontraron en su camioneta a punto de abandonar el barrio Altos de Campo Grande, en Pilar, donde reside. El objetivo no era detenerlo si no secuestrar elementos claves para la investigación. Mientras avanza la pesquisa el entorno del presidente volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Spagnuolo no solo nombra Karina Milei, los registros de visitas a la Quinta de Olivos reportan al menos 38 ingresos, uno de ellos coincide con la visita de Mauricio Novelli, acusado por el escándalo $LIBRA.
El Criptogate y la caja negra libertaria
El primer escándalo del segundo año de gestión estalló el 14 de febrero, cuando el propio Javier Milei promocionó en sus redes sociales la criptomoneda $Libra. Minutos después, el valor del token se disparó y enseguida se desplomó, en una operatoria que los especialistas describieron como un “rug pull” de manual. En Argentina ya se presentaron más de 112 denuncias penales por estafa, asociación ilícita y violación de deberes de funcionario público. El gobierno intentó autoinvestigarse, pero terminó disolviendo la unidad creada dentro de la Oficina Anticorrupción que debía dar respuestas. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único funcionario interpelado en el Congreso y, durante su exposición, no pudo explicar de dónde había sacado el Presidente el contrato que difundió. La comisión investigadora por la criptoestafa recién se pondrá en marcha la próxima semana. En Estados Unidos, la Justicia congeló unos 280 millones de dólares en ganancias vinculadas a la venta de $Libra mediante una medida del Distrito Sur de Nueva York.
El Criptogate no solo expuso una estafa financiera: también destapó un entramado de financiamiento que se remonta a la campaña presidencial. Apenas se conoció la maniobra, empresarios revelaron que el entorno del Presidente cobraba dinero para facilitar reuniones con Javier Milei. Charles Hoskinson, referente del mundo cripto y creador de Ethereum, denunció que allegados al gobierno le pidieron plata para organizar un encuentro con el mandatario. En el plano local, el orfebre Juan Carlos Pallarols aseguró que Karina Milei le exigió 2.000 dólares para gestionar una cita con su hermano. La venta de candidaturas, ya denunciada durante la campaña, volvió al centro de la escena.
Valijas sin control
El segundo escándalo del año estalló cuando un avión privado procedente de Miami, vinculado al empresario Leonardo Scatturice —nexo entre el oficialismo y la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el principal foro de la derecha trumpista en Estados Unidos— aterrizó en Aeroparque con diez valijas que nunca pasaron por los controles de Aduana. Entre los pasajeros se encontraba Laura Arrieta, organizadora local de la CPAC, que junto a los tripulantes fue desviada por personal de Aduana y Migraciones sin pasar por escáner ni revisión. El Gobierno intentó minimizar el episodio y habló de “protocolos habituales”, pero el operativo dejó al descubierto un trato privilegiado. Hay distintas sospechas sobre el posible contenido de esas valijas: desde dólares hasta aparatos para hacer inteligencia. El caso tuvo un fuerte blindaje mediático.
Seguridad a medida: los Menem y el Banco Nación
El tercer episodio que encendió las alarmas fue la adjudicación de un millonario contrato de vigilancia al Banco Nación —la casa matriz y otros edificios clave— a la firma Tech Security SRL, vinculada directamente a la familia Menem. Por casi 4.000 millones de pesos (unos 3,1 millones de dólares al tipo de cambio oficial), el acuerdo de dos años, prorrogable por uno más, fue otorgado justo cuando Martín Menem —hoy presidente de la Cámara de Diputados— cedió sus acciones a su hermano Adrián apenas cuatro días antes de asumir su banca. La maniobra deja al desnudo una red de tráfico de influencias: Martín Menem participó activamente de la empresa hasta último momento, y ahora son sus hermanos quienes controlan el negocio. Tech Security ya había sido proveedora del Estado, pero con contratos menores. La licitación abrió un nuevo frente de cuestionamientos.
Lobby a medida: la agenda secreta de Cúneo Libarona
Como una mamushka de problemas que encierran nuevos problemas, el cuarto episodio tiene como protagonistas al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y al exagente de la CIA Tim Ballard, figura del documental Sound of Freedom. En una reunión privada en Nueva York, el funcionario argentino actuó como un lobista de lujo: ofreció redactar un proyecto de ley a medida de Ballard y le prometió abrirle puertas en los tribunales y a la prensa local para recomponer su imagen. La propuesta incluyó, además, la organización de encuentros con legisladores y contactos políticos de alto nivel.
La difusión de la cámara oculta desató una polémica inmediata. Ballard enfrenta múltiples denuncias por acoso sexual en Estados Unidos, lo que había llevado a Patricia Bullrich a evitar un encuentro suyo con el Presidente. “Tiene 23 causas por abuso y fue echado de todas las organizaciones de lucha contra la trata en las que participaba”, recordó la ministra en una entrevista en abril. Pese a esos antecedentes, Cúneo Libarona quedó señalado por ofrecer la estructura del Estado a intereses privados. La Casa Rosada no lo apartó del cargo ni emitió pronunciamiento alguno.
