Por lo bajo, sin grandes anuncios, Javier Milei concretó una feroz reforma migratoria en Argentina por medio del Decreto 366/25 en mayo pasado. Quizás inspirado en los fuertes operativos de deportaciones de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y con el anhelo de emular la xenofobia institucional de Donald Trump, publicó una norma que barrió con un consenso democrático, alcanzado en el Congreso con el acuerdo de todos los partidos políticos en 2003. La quita de derechos es amplia y alcanza la ley de Migración, de Educación Nacional, de Educación Superior, de Ciudadanía y es transversal a un gran cúmulo de derechos.
¿Cuál es el camino que marca esta política a la luz de la experiencia estadounidense?
Convocados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y con la moderación de la periodista Lucía Cholakian Herrera, los especialistas Bárbara Hines, abogada estadounidense y defensora de migrantes en ese país y Pablo Ceriani Cernadas, abogado e integrante del Comité de Naciones Unidas para la protección de personas migrantes, trazaron un paralelismo y ensayaron algunas respuestas.
La retórica del migrante criminal y terrorista de Trump
La retórica del crimen migrante fue uno de los pilares de campaña de Donald Trump. A sus votantes les prometió 10 millones de deportaciones en un año y en los anuncios oficiales, asegura haber expulsado a 2 millones hasta el momento. No obstante, dice Bárbara Hines, las organizaciones sociales informan que el número real es de 200 mil, además de 60 mil que permanecen arrestados en cárceles que fueron creadas con fondos privados, otro gran negocio del mandatario. “La rapidez de lo que está pasando viene de un asesor de Trump, Steven Miller. Comenzaron el primer día con el decreto y tratando de cerrar la frontera”, asegura. Para Hines, a pesar de la promesa de campaña y del discurso oficial, el presidente estadounidense no cumplirá con esa promesa de campaña ya que necesita la mano de obra barata que son los inmigrantes, sobre todo en el sector de la agricultura. Sin embargo, los números que informa ICE están falseados. “No sabemos las estadísticas porque todo lo que dice es mentira, incluso a los jueces les da las cifras que son inventadas”.
La política migratoria estadounidense, como es de público conocimiento, escaló a un alto nivel punitivo. La ley migratoria actual otorgó la posibilidad al Gobierno de cerrar las fronteras, suspender el derecho de solicitar asilo e incluso, el mandatario dejó entrever sus intenciones de retirar a ese país de los compromisos asumidos en tratados de Derecho Internacional en relación al tema. No solo se produjeron arrestos violentos, tanto en el espacio público como en instituciones, sino con encarcelaciones de familias enteras, expulsiones a terceros países que no son los de origen de los deportados –como Paraguay y Belice, con quienes Trump firmó acuerdos totalmente herméticos– y separaciones familiares. Entre las justificaciones de Trump, explica Haine, se encuentra una gran falacia: según él se encuentra comprometida la seguridad nacional y la salud pública por una “invasión” de las fronteras del sur, excusa que ya se había utilizado a nivel local en el estado de Texas donde se perfeccionó el modus operandi de ICE a modo de globo de ensayo. “La Corte Suprema de Estados Unidos es muy conservadora, le ha dado a Trump facultades muy amplias y cada vez que una Corte inferior trata de parar lo que está haciendo, cuando llega a la Corte Suprema, le devuelve ese poder de hacer lo que quiera. Es una amenaza terrible para la democracia de los Estados Unidos”, asegura la especialista, que también resalta una gran contradicción: en muchos estados, Trump ganó con el voto latino, hoy parte de la población más criminalizada.
La xenofobia institucional de Milei a la luz de Trump
“No podemos comparar las medidas que mencionaba Bárbara Haine con los 5 metros de alambrados que hizo Bullrich en la frontera de Salta con Bolivia pero sí podemos trazar las similitudes que se dan en cuanto a las reformas normativas en Argentina y Estados Unidos que implican un desprecio absoluto por el estado de derecho y por las reglas del sistema democrático y republicano existente para sancionar o reformar la legislación”, asegura el abogado Pablo Ceriani Cernadas. El hecho de que Milei no haya logrado replicar un ICE argentino no le quita gravedad a las reformas ni tampoco importancia al creciente temor con el que vive la población migrante desde que el Decreto 366/25 fue publicado.
En 2003, recuerda el abogado, la legislación en materia migratoria había alcanzado un amplio debate y consenso de diversos actores de la sociedad civil, política e institucional. “La Ley Migratoria reformada por Milei se había logrado con la aprobación unánime de todos los partidos políticos en las dos cámaras del Congreso, al igual que la Ley de Refugiados que se reformó en 2024 con un DNU 942/24”, expresa. Por eso, además del contenido, la forma en que se eliminó aquel proceso democrático -el unilateral Decreto de Necesidad y Urgencia- también es parte del análisis. La intromisión del Ejecutivo en la materia, en la experiencia argentina, ya había sucedido durante la gestión de Mauricio Macri y el derogado decreto 70/17 que restringía el ingreso y permanencia de extranjeros en el país e imponía ciertos requisitos, como un seguro de salud obligatorio, lo cual era contrario a la Constitución Nacional y tratados internacionales a los que Argentina adhiere. “Incluso en ese momento, hubo un intento de inventar un discurso antiinmigración, de instalar la idea del migrante criminal, falsificando estadísticas. Con Milei, lo que hubo fue un mero comunicado y una declaración del vocero presidencial y nada más”.
Los motivos que la gestión libertaria no dio a conocer, no obstante, pueden hallarse en los considerandos del Decreto 366/25. Entre ellos, que “la entrada masiva de extranjeros traería aparejada una fuerte afectación de la prestación de servicios esenciales”, lo cual es totalmente falaz. En realidad, según informa CAREF, el país experimenta un bajo nivel de inmigración, sólo del 4,2%. “Por eso es una reforma twittera,básicamente lo que hicieron fue volcar nulos argumentos científicos y falsas estadísticas que podemos encontrar en las redes sociales y las transformaron en legislación”, explica el especialista. https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9su5zk
De esta manera, por ejemplo, también se alude a que “los argentinos con nuestros impuestos le pagamos la educación y la salud y los demás servicios sociales a las personas migrantes que pagan lo mismo de impuestos que cualquier otro habitante, pero se usa ese tipo de liviandad, lo que es un desprecio absoluto no solo al estado de derecho, sino también al proceso lógico de reforma de una normativa”, expresa. La preocupación de Milei por una supuesta invasión de extranjeros, a la luz de la reforma trumpista, no se sostiene por ningún lugar.
Se puede expulsar sin investigar las redes criminales
El DNU 399/25 justifica, muy flojo de papeles, las expulsiones de personas que hubieran cometido cualquier tipo de delito, no sólo los que impliquen cierta gravedad. Pero incurre en un anacronismo escandaloso. Las personas extranjeras pueden ser expulsadas incluso por un procesamiento, es decir, cuando todavía no se llevó a cabo un juicio para determinar su responsabilidad lo cual, asevera Ceriani Cernadas, es una grave violación del debido proceso. Pero no solo eso, sino que quienes se hubieran visto vinculados a una red de narcotráfico, trata de personas o algún otro delito que involucrara el traspaso de fronteras, podrían ser expulsados sin que exista ninguna investigación sobre esa red de criminalidad organizada o sanción. “Es un verdadero desprecio por la seguridad ciudadana”, apunta el abogado.
En esta reforma, además, hay otros dos aspectos que generan especial preocupación en las organizaciones de derechos humanos: “Se trata de un proceso sustancialmente regresivo, de arancelamiento del sistema de salud pública y del sistema de educación superior a partir de garantizar, facilitar o habilitar ese arancelamiento”, algo que ni siquiera la Ley migratoria de la dictadura disponía. Para el especialista, lo que la política migratoria de Milei pretende, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, es instalar un mensaje en la población no migrante: “Es que que esa parte de la población va a vivir mejor, va a tener un mejor sistema de salud, una mejor educación superior o un mejor futuro si las personas migrantes que viven acá no acceden en igualdad de condiciones”. “Eso es destruir, ya no solo la ley migratoria actual, sino también las mejores prácticas de inclusión social en Argentina, de desarrollo humano, de crecimiento a partir de dos columnas centrales que es la universalidad del sistema de salud pública y la universalidad en el acceso a la educación superior”, asevera el abogado.
Salvando las enormes diferencias con los arrestos y deportaciones en Estados Unidos, en Argentina a partir del DNU mencionado, la población migrante – sobre todo, de latinoamérica– comenzó a convivir con el miedo. De hacer trámites en Migraciones, de renovar la residencia precaria, de tomar vista de un expediente. Ante la posibilidad de ser expulsados, incluso hay abogados y abogadas que les recomiendan que no vayan en persona sino por apoderado.
Ante este panorama ¿Qué puede hacerse?
Para Ceriani Cernadas la respuesta es compleja pero hay un camino posible: acompañar los procesos y estrategias de las organizaciones de inmigrantes que son los actores claves así como de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los inmigrantes. Sin embargo, asegura, para que sea viable hay algo que todavía falta en el campo popular y en los cuadros políticos progresistas. “Falta bastante valentía, tanto para hablar como para defender los derechos de los migrantes como parte de los derechos de la población”. Valentía para que el asunto deje de mirarse como algo ajeno.
