Javier Milei enfrentará hoy en el Senado una situación inédita en lo que va de su mandato: se juntarán la bronca de los gobernadores con una oposición abroquelada, que estaba esperando la oportunidad de hacerle morder el polvo. Los mandatarios provinciales irán por los dos tercios sobre tablas para tratar sus dos proyectos para obtener los recursos que la Rosada le niega: uno propone repartir equitativamente los aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el otro pretende lo mismo con el impuesto a los combustibles. Los bloques de Unión por la Patria y sus aliados circunstanciales del UCR buscarán darle sanción definitiva a la emergencia en discapacidad y a la recomposición de las jubilaciones. El combo sería un golpe a la motosierra y al déficit cero: por eso, el Presidente acusó a los mandatarios provinciales de “querer destruir al gobierno nacional”. Así las cosas, el oficialismo no cesa en su intento de boicotear la sesión: intentará impugnar los dictámenes sobre jubilaciones y discapacidad que la mayoría de los integrantes de la comisión de Presupuesto avalaron a pesar de que su presidente, el libertario Ezequiel Atauche, se negaba a convocarla para bloquear su tratamiento. Una estrategia con la que intentan abrir el camino de la posible judicialización de los proyectos y evitar que Milei tenga que recurrir al veto.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, tuvo que retroceder sobre sus pasos y habilitar la sesión ordinaria impulsada por Unión por la Patria que ella misma presidirá (según se comprometió de Labor Parlamentaria del martes). La agenda opositora incluye el aumento de jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad que ya tienen media sanción de la Cámara baja; además de los dos proyectos presentados por la totalidad de los gobernadores para establecer por ley el reparto equitativo de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y del impuesto a los combustibles, así como el rechazo al veto presidencial a la ley de asistencia económica a la ciudad de Bahía Blanca y el proyecto de declaración impulsado por Unión por la Patria de rechazo al fallo de la justicia neoyorkina que obliga a la Argentina a entregar a un fondo buitre el 51 por ciento de las acciones de YPF.
Será una sesión caliente, a la que el propio Milei le sumó ayer tensión con las provincias acusando a los gobernadores de “querer destruir al Gobierno Nacional”, y aseguró que “independientemente del color político”, los mandatarios provinciales “son parte del problema y no de la solución”. Aunque en paralelo, los operadores del Gobierno volvían a repetir su estrategia, por seducción o apriete, fatigaron teléfonos para intentar romper contrarreloj el frente común que unió los 24 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.
En principio, la Casa Rosada evitó confrontar con los gobernadores para intentar abrir un canal de diálogo. Pero la falta de respuestas concretas del Gobierno terminó por abroquelar a todos y concretaran su advertencia de recurrir al Congreso para reclamar por ley lo que les corresponde y que el oficialismo utiliza discrecionalmente para disciplinar de las provincias a sus políticas nacionales.
Los proyectos que fijan un sistema de reparto equitativo de los ATN y del impuesto a los combustibles, recogió el apoyo transversal de los principales bloques políticos del Senado: el interbloque de UxP, la UCR, el PRO, UF y partidos provinciales. Esas bancadas reúnen 60 de los 72 senadores que integran la Cámara alta, superando ampliamente los dos tercios (48) necesarios para que se debatan sobre tablas en el recinto por no contar con dictámenes de comisión.
Una muestra del hartazgo de los gobernadores, fue el faltazo generalizado del encuentro en Tucumán por el Día de la Independencia que Milei había planeado y al que al final el mismo desistió de ir para no mostrarse aislado. Habrá que ver cuántos de ellos –especialmente los más cercanos— resisten las presiones que ejerce el Gobierno contrarreloj. Pero no pocos de ellos coinciden, que si hay voluntad de negociar con soluciones concretas, la Casa Rosada todavía tiene la posibilidad de acordar mientras sus proyectos llegan a la Cámara baja.
Jubilaciones y discapacidad
Pero una de las preocupaciones centrales del Gobierno está puesta en los dos proyectos sobre jubilaciones, que ser aprobados hoy por la Cámara alta se transformarán en leyes. Uno de ellos establece un aumento en todas la jubilaciones –excepto los regímenes especiales– del 7,2 por ciento (que el gobierno recortó de la inflación de enero de 2024) y un incremento del bono de los congelados 70 mil pesos a 110 mil y su actualización por inflación. El otro extiende la moratoria previsional –que el gobierno libertario discontinuó— por dos años, para que las personas en edad o próxima a ella para acceder al beneficio jubilatorio y no tiene los 30 años de aporte puedan completarlos.
Para el Gobierno, estas iniciativas romperían el equilibrio fiscal que en gran parte se asienta en el brutal recorte a las jubilaciones. Por los que buscó frenarlos a cualquier precio. Los bloqueó en la Cámara alta (igual que los hace en Diputados) impidiendo que los tratara la estratégica comisión de Presupuesto, que está en manos libertarias.
Un bloqueo que los senadores opositores sortearon con una autoconvocatoria de sus miembros, donde la mayoría de ellos avalaron los dictámenes de las medias sanciones que llegaron de la Cámara baja y que el oficialismo intenta desconocer con una resolución del Secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, (un hombre fiel a Villarruel) que busca desconocer la voluntad de los legisladores.
Esta será una de las discusiones más a álgidas que se darán hoy en el recinto. Si el oficialismo no logra frenarlo, al menos abrirá la vía de la judicialización de los proyectos. Una forma de paralizarlos sin tener que recurrir al veto presidencial, para el que Milei no tendría “los héroes” necesarios que se lo permitan blindar.
Una situación similar atraviesa el proyecto que estable la emergencia en discapacidad.
