El gobierno de La Libertad Avanza no detiene el ajuste, ahora la motosierra de Javier Milei también se perfila hacia el Hospital Naval, en Caballito. Los gremios denunciaron el riesgo de cierre del centro de salud militar por el anuncio de despidos de 500 enfermeras, instrumentistas y otros trabajadores. Es por eso que convocaron a un paro de 24 horas para el 31 de agosto.
Las cesantías sobrevendrían tras la resolución adoptada por el Estado Mayor naval, que encabeza el almirante Carlos Allievi, de disolver a partir del 31 de diciembre la Fundación Sanidad Naval Argentina (Fusana). El organismo fue creado en 1991 por la propia Armada para aprovechar la capacidad ociosa y optimizar el centro de salud. A través de la fundación, el hospital no solo atendía a los afiliados al Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) sino también a más de 70 obras sociales y algunas prepagas.
El secretario gremial de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Javier Pokoik, explicó el impacto letal que está decisión tendrá: “Van a quedar muchas personas sin empleo, alrededor de 500 de los 750 trabajadores, y el hospital va a estar casi vacío en todas las áreas, por ejemplo, no se podrán realizar cirugías por falta de instrumentadoras y enfermeras”.
Además, Pokoik mostró preocupación por las indemnizaciones. “Encima de que vamos a quedar en la calle tampoco tenemos garantía de cobrar la indemnización por despido porque eso requeriría 20.000.000.000 de pesos y la Fundación no tiene ese dinero”, dijo.
Es por eso que, tras una asamblea realizada en el Parque Centenario, el gremio de Sanidad convocó a un paro de 24 horas para el jueves 31 de julio. La medida de fuerza es en “defensa de los derechos de los compañeros que hoy enfrentan un escenario de incertidumbre total” debido a que “a la fecha no se han garantizado la continuidad laboral ni el respeto al Convenio Colectivo de Trabajo vigente, incluyendo el reconocimiento de la antigüedad de cada trabajador y trabajadora del establecimiento”, informó el gremio en un comunicado.
La noticia se da en el marco de un desfinanciamiento en los servicios de salud militares, no solo en el Iosfa sino también en otros centros de las fuerzas armadas (ver aparte). “La salud no se cierra, se defiende”, señaló el gremio y exigió a las autoridades garantías concretas de continuidad laboral y condiciones de trabajo dignas para todo el personal afectado.
Con los fondos extras provenientes de la atención a civiles, la Fundación sostenía al hospital, contratando médicos y profesionales de la salud, además de comprar o alquilar equipos y aparatos sanitarios de alto costo, indicaron los trabajadores. Y resaltaron la importancia del centro de alta complejidad en el incendio de “Cromañon”, en 2004, y la tragedia ferroviaria en la estación Once, en 2012. En este mismo centro, en el año 2010, falleció el dictador Emilio Eduardo Massera, integrante del primer triunvirato del Golpe militar de 1976, tras permanecer internado por días.
Tras la noticia de la disolución de Fusana, el Estado Mayor llamó a una licitación pública para tercerizar en una empresa privada las tareas que realiza la fundación, en concreto, “contratar el servicio de gerenciamiento de recursos humanos”.
Según pudieron saber desde Atsa, la única firma oferente en el acta de apertura de ofertas, el 17 de julio, fue “Confederada Salud SRL”, de Bahía Blanca, que en marzo pasado se dio de alta como proveedora del Estado y pasó un presupuesto de 1.646.400.000 pesos.
“Confederada Salud SRL” también ofertó en solitario en otra licitación para contratar médicos y pasó un presupuesto de 585.900.000 pesos. “La misma sociedad ya había conseguido el gerenciamiento de prestadores en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, indicaron.
Hasta principios de año, “Confederada Salud SRL” ofrecía servicios de medicina prepaga pero la Superintendencia de Salud le dio de baja en mayo pasado por incumplir la ley 26.682 que regula esa actividad, junto a otras 52 entidades del sector. “No entendemos porque se llama a una empresa privada que va a cobrar tantísimos millones de honorarios si la Fundación hace ese trabajo sin cobrar un peso”, dijo Marcelo Rojas, delegado del sindicato Atsa a la agencia Noticias Argentinas.
Días atrás, la Secretaría de Trabajo convocó a las partes, la Armada, Fusana y ATSA. Sin embargo, la última reunión fue convocada para el pasado miércoles 23, pero no concurrieron los representantes de la Marina y la fundación.
