El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la Unidad AMIA, le pidió al juez Daniel Rafecas que inicie el proceso del juicio en ausencia por el atentado contra la mutual judía de la calle Pasteur. El primer paso del magistrado será correrle vista a la defensa oficial –los diez imputados nunca se presentaron ni propusieron abogados– y a la querella de AMIA-DAIA. Luego, el juez ya tiene decidido resolver que corresponde el juicio en ausencia, o sea, sin la presencia de los acusados. El mayor de los problemas es que todo lo que hay en el expediente son informes de inteligencia y hasta la Corte Interamericana condenó al Estado argentino por no haber podido convertir en pruebas judiciales aquellos informes, principalmente de la CIA norteamericana y la Mossad de Israel. La novedad más impactante del escrito de Basso es que, por primera vez, imputa al máximo líder religioso de Irán, Ali Khamenei, algo que no ocurrió nunca hasta ahora. La base de la imputación es que Khamenei estuvo presente en la reunión en la ciudad santa de Mahshad en la que, supuestamente, se decidió el atentado. La versión surgió de dos opositores al régimen teocrático de Irán y Basso en su escrito vuelve a darla por cierta. Desde el punto de vista geopolítico parece obvio que lo que se busca es una condena de Irán, casi como una ofrenda a Washington y a Jerusalén, más aún en tiempos del tremendo recrudecimiento del conflicto de Medio Oriente.
Los primeros pasosEl fiscal Basso hizo el pedido en un extenso escrito de 63 páginas en el que no se suman nuevas evidencias, algo más bien lógico dado que han transcurrido casi 31 años desde el ataque el 18 de julio de 1994. La gran mayoría de las pruebas se recolectaron antes de 2006-2007, cuando la investigación quedó en manos del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Los acusados son, en primer lugar, integrantes de la cúpula del régimen de Irán. El líder religioso Alí Khamenei; el exministro de Inteligencia, Alí Fallahian; el exministro de Relaciones Exteriores de Irán, Alí Akbar Vellayati; el exjefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai, y el exjefe de la Guardia Al Quds, Ahmed Vahidi. Estos cinco no tuvieron relación directa con el atentado: el vínculo es que habrían participado de la reunión donde se decidió el ataque. Hay tres iraníes que sí estaban en la Argentina. El exembajador Hadi Soleimanpour, el exagregado cultural, Mohsen Rabbani (señalado como el hombre clave) y el tercer secretario de la embajada, Ahmad Asgari. Y después, hay un grupo de libaneses, entre los cuales está Salman Raouf Salman (usó el nombre de Salman El Reda), que se lo acusa de ser la mano de obra del ataque. Con papeles muy menores figuran en la acusación dos libaneses que vivían en Paraguay y uno que se nacionalizó brasileño y que será juzgado en Brasil.
Lo primero que hará el juez Rafecas será darle vista a la querella de la AMIA-DAIA y a la Defensoría Oficial para que opinen si la nueva figura del juicio en ausencia, convertida en ley por el Senado el 20 de febrero, es adecuada al caso. Es obvio que AMIA-DAIA dirá que sí, porque impulsó la norma. La Defensoría Oficial seguramente se opondrá diciendo que la ley es inconstitucional y no se puede aplicar retroactivamente. También están los que sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que “en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, la Corte es la que ejercerá su competencia”. En el listado de imputados, hay varios ministros y cónsules. Y no se descarta que alguno de los imputados, desde El Líbano, proponga un abogado, en tanto que Irán seguirá con la postura de sostener que toda la causa es inválida y se trata de un armado.
Todo indica que después de eso Rafecas dirá que debe iniciarse el proceso de juicio en ausencia. Y tras evaluar las pruebas del expediente, deberá resolver si procesa a todos los imputados señalados por la fiscalía. Después de todos esos pasos, se deberá sortear un tribunal oral federal para que haga el juicio, con defensores oficiales como defensores de los acusados iraníes y libaneses.
¿Una condena cantada?En el detallado libro 30 Días, escrito por Alejandro Rúa, quien en su momento encabezó la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, se sostiene que no hay una hipótesis probada, menos aun judicialmente:
*Está la acusación contra Irán, cuya única, débil, evidencia, es la reunión que se habría concretado en Mashad. No hay documento alguno ni prueba de una relación entre esa reunión de agosto de 1993 con el atentado. Sólo dos testimonios de disidentes de la teocracia, que se fueron de Irán tras la llegada de los ayatolas. En el texto de Basso, la acusación se basa en esos dos testimonios y en el razonamiento de que el atentado fue obra de la organización libanesa Hezbollah y lo que hace Hezbollah es por orden de Irán. Un detalle de máxima importancia: dos súper expertos, Ross Newland, delegado de la CIA en la Argentina y Jim Bernazzani, agente jefe del FBI enviado al país para investigar el atentado, ambos, sostuvieron que no hay pruebas de que Irán haya intervenido.
*La acusación contra Hezbollah: la imputación es contra libaneses de Hezbollah, no contra iraníes, y se basa en que el sindicado organizador del atentado, Salman Raouf Salman (antes era Salman El Reda) llamaba por teléfono a números de El Líbano relacionados con Hezbollah. El informe de que esos números eran de la organización libanesa, con un ala militar, surge de los servicios de inteligencia. No hay prueba judicial. Hezbollah siempre negó su participación en el atentado, pero Basso lo considera probado.
*La hipótesis del grupo terrorista autónomo. Es una alternativa que no se puede descartar. En su libro, Rúa señala que hay evidencias que indican que se trató de un grupo relacionado con el agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani, con integrantes provenientes de la Triple Frontera. En Europa y en Estados Unidos hubo varios atentados perpetrados por pequeños grupos que se radicalizaron y terminaron con matanzas.
La realidad es que, como señaló la Corte Interamericana, en la demanda contra el Estado argentino iniciada por los familiares y amigos de las víctimas agrupados en Memoria Activa, la justicia fracasó en convertir los informes de inteligencia en pruebas judiciales. Lo mismo decía Rodolfo Canicoba Corral, el juez que tuvo la causa a cargo hasta su jubilación: “son informes, no pruebas”.
Hay otros elementos que confirman los desastres de la investigación inicial y lo que siguió, lo que hace suponer que las bases no son sólidas. Se acusó a policías bonaerenses de vínculos con el atentado. Todos resultaron absueltos. Se acusó al armador de autos truchos Carlos Telleldín y terminó absuelto. Nisman afirmó que el suicida fue un libanés, Ibrahim Berro, y el ADN demostró que eso no fue así. El entonces embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, fue acusado de ser partícipe del ataque y un juez británico consideró que no había evidencias después que le enviaron 400 páginas del expediente.
En la realidad, la dificultad es inmensa, porque no hay pruebas de las cosas más elementales: de dónde salieron los explosivos, quién compró la Trafic que usaron en el ataque; dónde se armó la camioneta-bomba; quién fue el conductor suicida; cómo entró al país. Nada de esto se sabe a ciencia cierta.
Con ese panorama, el juicio en ausencia amenaza con ser un show destinado a ser usado para la geopolítica: condenar a Irán, a Hezbollah, en línea con el actual alineamiento de la Casa Rosada. Bastantes elementos hay para enrostrarle al régimen teocrático de Teherán o a la organización también teocrática Hezbollah, como para basarse en pruebas casi inexistentes, provistas por servicios de inteligencia, condenar y sólo servir a intereses bélicos que producirán más muertes.
