La Corte Suprema ya no tiene excusas para demorar una decisión por el pedido de extradición de Federico Andrés “Fred” Machado, acusado en los tribunales de Texas por tráfico de cocaína, lavado de dinero y fraude. Por ahora está detenido con prisión domiciliaria en Viedma, de donde es oriundo. Era el dueño de los aviones en los que viajó José Luis Espert durante su campaña presidencial en 2019, le facilitó una camioneta Grand Cherokee blindada y figura en la causa estadounidense vinculado a la transferencia de 200.000 dólares que recibió el actual diputado y otra vez candidato (ver página 3). Estados Unidos confirmó esta semana que está firme el reclamo de su extradición y que nada cambió respecto a él en la investigación, según informaron allegados al caso. La aclaración llegó como consecuencia de un planteo del abogado de Machado, Francisco Oneto (el mismo que representa a Javier Milei en varias causas), que apuesta a demorar y, si es posible, impedir que sea enviado a los tribunales del país del norte, donde su socia Debra Lynn Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión.
Cómo dilatar una causa
Machado fue detenido en Argentina, por pedido de los tribunales de Texas, en abril de 2021. Reclamaron su extradición para ser juzgado allí. El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, quedó a cargo de su detención preventiva. Un año después resolvió avalar la extradición, que fue apelada -como es norma en estos procesos- directamente ante la Corte Suprema. Allí la causa llegó en mayo de 2022. El procurador interino Eduardo Casal dictaminó el 4 de abril de 2023 que estaban dadas las condiciones para que fuera enviado a Estados Unidos. Volvió entonces al máximo tribunal y dio vueltas por vocalías y secretarías. El despacho donde más tiempo pasó el expediente fue el del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, donde estuvo dos veces (desde el 15 de noviembre de 2024 hasta el 20 de febrero de 2025 y luego desde el 13 de marzo de este año hasta el 10 de abril). Ricardo Lorenzetti lo tuvo en total cerca de dos meses entre el año pasado y este y Carlos Rosenkrantz menos de un mes, en 2025.
En medio de la parsimonia cortesana, el 29 de noviembre de 2024 el abogado Oneto presentó un planteo que decía que en Estados Unidos una de las acusadas, Kayleigh Moffet (hija de Mercer-Erwin), había llegado a un acuerdo con la fiscalía y le habían retirado la mayoría de los cargos (aunque la organización investigada abarca a ocho personas). Por lo tanto su razonamiento era que no le podían pedir la extradición por algo equivalente a una asociación ilícita, como había ocurrido. Por la fecha y la circulación, ningún juez de la Corte puede decir que no lo vio. Recién el 21 de agosto de este año, en plena campaña y con la historia de Espert y Machado siempre como cortina de fondo, le pidieron al juez Villanueva que a través de la Cancillería le preguntara al tribunal del Distrito de Texas respecto de Moffet, sus alcances y la incidencia que lo resuelto tendría en el pedido de extradición de Machado.
La pregunta inevitable es: ¿Cuál era la necesidad de la Corte de preguntar sobre el pedido de extradición de Machado si Estados Unidos no lo había anulado? Respecto de la situación de Moffet, es parte de lo que se puede consultar a través del sistema públicos de causas en los tribunales del país del norte. Así las cosas, el juez de Neuquén tuvo que mandar la consulta y la respuesta llegó esta semana: nada cambió judicialmente respecto de la situación de Machado y el pedido de extradición sigue en pie. Villanueva le informó esto al alto tribunal, que debe tomar una decisión. Oneto les pidió que rechacen extraditar al sospechoso de narcotráfico pero sus argumentos se debilitan a partir de la contestación recibida. Hace cuatro años y medio que Machado logra dilatar al definición de su suerte. De ese total, cuatro años y tres meses el caso estuvo en la Corte Suprema.
Esta semana un posteo en la red “X” del exsenador Jorge Yoma dejó en evidencia que en el entorno de Machado y su defensa buscaban algún lobbista que garantizara que se demorara una decisión en la Corte. A él en particular, contó, lo fueron a ver en 2022 para que le pidiera el procurador Casal que “durmiera” el caso demorando su dictamen. “Obviamente rechacé el caso. No iba prestarme a semejante indignidad”, comentó. Párrafos abajo, con el humor que caracteriza al riojano, agregó: “parece que el tipo se consiguió lobbista y protección política para ‘anestesiar’ la causa en la Corte”. Contrastó el tema con la eficacia de los supremos para resolver asuntos referidos a Cristina Fernández de Kirchner (lo que incluye su proscripción en dos meses y diez días).
El papel de la Casa Rosada
Si la Corte rechaza el pedido de extradición, esa es una decisión firme que se comunica a través del Ministerio de Relaciones Exteriores al país que la requiere. Pero si declara que es procedente se abre un tercera etapa, llamada “decisión final”, que está a cargo del Poder Ejecutivo, que puede delegar la revisión en Cancillería. Puede admitir o rechazar la extradición. Hay un plazo de diez días hábiles para la resolución desde el momento que se pronuncia la Corte. De modo que ahí la Casa Rosada sería la que tenga la última palabra.
Este es un caso peculiar dado que Machado tiene el mismo abogado que Milei. Oneto, además, más allá de haber tenido a cargo casos resonantes -como la defensa de Leonardo Cositorto de Generación Zoe y Máximo Thomsen, condenado por el homicidio de Fernando Báez Sosa- tuvo su participación política explícita cuando fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza en la fórmula con Carolina Píparo. Participa, además, en el streaming Carajo. El nombre de Oneto tuvo una aparición particular en la causa sobre le intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Cuando fue allanada la casa de jefe de los que vendían “copitos” de azúcar, Gabriel Carrizo, el día de su detención la policía encontró un papelito con sus datos, como un abogado sugerido.
Machado es argentino pero se instaló en Estados Unidos en los años noventa y desarrolló la empresa South Aviation. Allí terminó implicado en acusaciones de tráfico de cocaína a través de Colombia, Guatemala, México y otros países de la región, con maniobras de compras fraudulentas de aviones trasladados a otros países, proceso que se habría utilizado a la vez para lavar dinero del narcotráfico. Matriculó gran cantidad de esas aeronaves en la pequeña ciudad de Onalaska, donde no hay aeropuerto. Allí había más aviones registrados que en Nueva York.
Las operatorias en las que quedó implicado abarcan el narcotráfico, el blanqueo y el fraude, incluso a través de esquemas tipo ponzi con los aviones. En materia de lavado no solo se lo vinculó con carteles de droga sino con emprendimientos mineros en Guatemala. En 2021 quedó envuelto en la operación de una mina ilegal en Chiquimula cuando se incautaron tres camiones con cargas de minerales extraídos ilegalmente. La empresa Minas del Pueblo S.A. es objeto de sospechas e investigación por la extracción de minerales preciosos sin licencias. El medio local Relato.gt adjudicó parte de las acciones de esa empresa a Fred Machado. Es la que Espert dice que le pagó los 200.000 dólares por una consultoría trunca.
