La Corte Suprema le puso un freno al Gobierno de Javier Milei en su afán por extraditar a toda velocidad a Italia a Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas. El apuro del Presidente parece perseguir un único fin: congraciarse con Giorgia Meloni. La administración libertaria había llevado el tema al máximo tribunal para habilitar una vía sumarísima para resolver la situación de Bertulazzi y de otras personas a quienes se les revoca el refugio.
Bertulazzi vivía en el barrio de San Telmo desde hacía más de 20 años. Desde octubre de 2004, era un refugiado político para el Estado argentino. Todo cambió hace casi un año. El 29 de agosto del año pasado, le avisaron que le habían retirado el estatus de refugiado, y, a los pocos minutos, estaba la PFA en su casa para detenerlo. Todo fue publicitado por Patricia Bullrich desde sus redes sociales.
La situación de Bertulazzi se dirime en dos fueros distintos. En Comodoro Py se discute su extradición –que ya fue concedida por la jueza María Servini– y sus condiciones de detención. En el fuero contencioso administrativo se evalúa si el procedimiento que usó el Gobierno para sacarle su condición de refugiado político fue correcto.
El 11 de septiembre, Milei cambió por decreto la composición de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). Lo hizo para que Bullrich tuviese un representante dentro de los cinco comisionados que deciden quiénes acceden al estatuto del refugio en la Argentina. En ese momento, el Ejecutivo había dicho que se buscaba garantizar un análisis especializado en casos de refugiados que puedan representar un “riesgo para la seguridad interior y el orden público”.
En octubre, Milei fue más allá: modificó, a través del DNU 942, la legislación que estipula cuándo el país brinda refugio a una persona. Además, reformó el procedimiento que se podía seguir para impugnar una resolución del Gobierno. Habilitó a ir directamente a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo para acelerar los tiempos.
La vicejefatura de Gabinete había llevado la discusión sobre si debía aplicarse este procedimiento a la Corte. Sin embargo, los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso. El tema deberá seguir su curso en el Juzgado Federal 12 del fuero Contencioso Administrativo.
La decisión de la Corte implica una buena noticia para Bertulazzi, ya que podría evitar una decisión inminente por parte de la administración libertaria. El hombre se encuentra detenido en dependencias de la PFA desde el 1 de julio, cuando la Corte convalidó la decisión de Servini de extraditarlo.
Antes del inicio de la feria, la Sala II de la Cámara Federal de Casación había anulado la decisión de Servini de mantener encarcelado a Bertulazzi porque no había evaluado su condición de salud –que se deterioró desde que el Gobierno le retiró el estatus de refugiado. La resolución fue adoptada entonces por los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. Sin embargo, el juzgado volvió a analizar la situación de Bertulazzi y resolvió que siga detenido en una de las sedes de la PFA.
