Luego de superar el bloqueo del oficialismo en la Cámara de Diputados, la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA aprobó ayer su reglamento para el funcionamiento y elaboró una lista de citaciones que incluye a la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei; a Mauricio Novelli, Javier Terrones Godoy y Sergio Morales, imputados en la causa judicial; y una serie de funcionarios de la administración libertaria. Pese a los reclamos de LLA y sus socios del PRO, los bloques que impulsan la investigación incluyeron entre las facultades de la comisión la posibilidad de “requerir al juez competente la realización de allanamientos o secuestros de documentación” y “solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia” de funcionarios debidamente citados y que se resistan a comparecer ante los diputados. También se acordó un pedido de informe verbal al presidente Javier Milei para que responda en un plazo de cinco días un cuestionario de nueve preguntas que elaborará la comisión.
Sobre el final del encuentro se incorporó un pedido de información al juez de la causa que interviene en la denuncia que realizó el diputado libertario José Luis Espert por el “supuesto” hackeo de su cuenta en la red social X y su posible vinculación con la criptoestafa.
Reglamento, cruces y fastidio
Bajo la presidencia del diputado Maximiliano Ferraro (CC) y la presencia de casi todos los miembros, la comisión arrancó el debate sobre el reglamento que se daría para llevar adelante la investigación. Aunque previamente el bloque de diputados oficialistas y sus aliados dejaron reservada la elección del miembro que ocupe la vicepresidencia, y la mayoría de ellos abandonó la reunión.
La diputada Sabrina Selva (UxP) fue la encargada de la presentación del ante proyecto de reglamento de 15 artículos. “Es una herramienta muy importante para garantizar el funcionamiento para que los testigos y funcionarios convocados tengan que venir”, sostuvo. “Contempla garantías constitucionales y no se arroga facultades de otro poder”, explicó Selva y reivindicó que la comisión pueda “acudir a la Justicia para que tengan que comparecer” los funcionarios del gobierno que recurran “al silencio y la obstrucción”. “Insisten con bloquear y garantizar impunidad y queda demostrado que no querían que avancemos con este reglamento”, expresó sobre la resistencia oficialista. Mónica Frade (CC) se encargó de aclarar que “los 28 integrantes hemos tenido el (boceto) reglamento en nuestras manos”.
Silvana Giudici (PRO) salió al cruce y protestó porque el reglamento “excede las atribuciones de la resolución que creó la comisión” en abril pasado. “No hay ninguna facultad para que el Congreso en una comisión investigadora pueda ejercer facultades por encima de la garantía del juez natural”, apuntó.
La votación arrojó 14 voluntades por la afirmativa, dos abstenciones y a los 12 restantes se los computó como “ausentes”. El libertario Álvaro Martínez intentó impugnar su aprobación con el argumento que el reglamento se había aprobado con solo la mitad de los 28 miembros totales de la comisión.
El reclamo del libertario mendocino terminó por irritar a quienes se proponían avanzar con el temario. Ferraro le pidió que no “busque la cuadratura del círculo”. Selva ensayó un explicación didáctica para luego soltar una ironía sobre el cálculo de Martínez: “es 14 a 12, ¿aprendiste matemática con (Ezequiel) Atauche?” (en referencia al senador libertario que en la última sesión de la Cámara alta no supo leer una cifra que estaba cuestionando). Juan Marino (UxP), leyó de la resolución que dio validez a la votación por la mayoría sobre el total de los legisladores presentes.
“La Comisión podrá requerir al juez competente la realización de allanamientos o secuestros de documentación, fundando dichos requerimientos en la existencia de elementos de prueba vinculados directa y concretamente con el fin de la investigación”, establece en su primer párrafo el artículo 8° del reglamento bajo el título “De las medidas de fuerza”.
“En caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial ante la Comisión, ésta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal, sin que ello implique privación de libertad o afectación alguna”, agrega luego.
Citaciones con Karina a la cabeza
Con el aval de los 14 miembros de la Comisión que responden a los bloques que por mayoría impulsaron su creación, Selva propuso citar a Karina Milei: “su testimonio es fundamental para esta causa porque debe responder en torno a las graves acusaciones en los Tribunales de Nueva York en chats de Hayden Davis”, remarcó.
Luego confeccionó oralmente una lista para que cite a Novelli, Terrones Godoy y Morales (imputados en la causa judicial abierta en nuestro país); al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; a la designada por el Gobierno para investigar el caso $LIBRA, María Florencia Zicavo; al funcionario de Procuración General de la Nación, Luis Villanueva; y al juez funcionario de la OA, José Mazzoni.
La diputada de UxP sumó también al director de Traducciones de Presidencia de la Nación, Walter Kerr; a los empresarios Charles Hoskinson y Diógenes Casares; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al vocero presidencial Manuel Adorni; y al jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel.
Ferraro incorporó a esa lista a Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores; a Paul Starc titular de la Unidad de Información Financiera; a la subsecretaria de Asuntos Políticos de Interior, Giselle Castelnuovo; y a Ariel Parkinson, vinculado al universo de las criptomonedas.
La oposición aprobó también una requisitoria a Javier Milei para que responda nueve preguntas, en un plazo de cinco días. Las inquietudes van desde el origen del token Libra y la omisión de una denuncia penal de parte del propio Presidente hasta los términos de sus reuniones con Hyden Davis y Mauricio Novelli.
Después de la confección de la lista de invitados, Rodolfo Tailhade (UxP) pidió la palabra y expresó: “Vengo a pedir dos medidas de prueba que apuntan a establecer la presunta participación de José Luis Espert y el supuesto hackeo de su cuenta de X este 19 de marzo”. Tailhade recordó en que aquella noche la cuenta del diputado libertario publicó un código de criptomoneda y consideró que “parecería la versión 2.0 del Caso $LIBRA”.
“Supongamos que le hackearon la cuenta, Espert tiene tilde gris y tiene doble verificación, y supongamos que Espert es un imbécil y lo hayan engañado dos veces”, insistió Tailhade, fiel al estilo de la confrontación que tiene con el libertario. “Si la perdió, la tuvo que haber recuperado para postear esto o salvo que el hacker, la haya hackeado y se arrepintió”, agregó.
Sobre ese aspecto, el diputado kirchnerista consideró: “hay dos posibilidades o Espert mintió y jamás perdió el control de su cuenta, o mintió y nunca perdió el control de su cuenta”. En esa misma línea, explicó que “si se denuncia hackeo, X te suspende la cuenta”. Por lo que pidió las copias de la denuncia de Espert al Juzgado correspondiente por el delito informático por el “supuesto” hackeo.
