Hace una semana que Thiago Román Florentín está detenido por haber participado de una protesta contra la caravana de Javier Milei y José Luis Espert en Lomas de Zamora. El joven de 22 años declaró que únicamente gritó que se fuera el Presidente, pero negó haber arrojado objetos contra la camioneta en la que se trasladaba. Por estas horas, la Cámara Federal de La Plata analiza si convalida la resolución del juez Luis Armella de mantener a Florentín privado de su libertad.
Florentín milita desde hace siete meses en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos luchar por el cambio social. Vive en Ingeniero Budge, una de las zonas más humildes de Lomas de Zamora. Se gana la vida como ayudante de albañil en una obra en el barrio de Once, donde cobra una paga diaria. Los fines de semana vende en una feria. En su casa organiza una olla popular para ayudar a sus vecinos.
El miércoles pasado fue con su pareja, Rocío, hasta el centro de Lomas para manifestarse contra la presencia de Milei. Quedó a disposición de la justicia federal. En un primer momento lo acusaron de intimidación pública y atentado a la autoridad. En el dictamen en el que se opuso a la excarcelación de Florentín, el fiscal Sergio Mola señaló que investigaba los delitos previstos en el artículo 213 bis del Código Penal. En concreto, organizar o participar en agrupaciones que buscan imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor. Es la misma figura con la que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado justificó la detención de las militantes que realizaron un escrache en el domicilio de Espert.
Desde que fue arrestado, Florentín permaneció en la comisaría 1ª de Lomas. En las últimas horas, informó su abogado, lo trasladaron a la Unidad 28, ubicada en Lavalle y Talcahuano, donde funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Armella ya había solicitado al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich, que le informara si había cupo para enviarlo a una cárcel federal.
Bullrich se presentó en Lomas de Zamora para reclamar que se investigara la protesta contra Milei. Lo hizo a través del abogado Fernando Soto, enlace del Ministerio de Seguridad con el Poder Judicial. Es el mismo funcionario que el lunes denunció la filtración de los audios de Karina Milei y afirmó que el Gobierno era víctima de una operación de espionaje “no institucionalizado” que buscaba derrocarlo.
La ministra de Seguridad controla la investigación, que quedó en manos de la Policía Federal Argentina (PFA) por disposición de Armella. Como reveló Página/12, hay otro denunciante en la causa: el abogado Pablo Eliseo Vázquez, hermano de Karen Reichardt, la conductora de la TV Pública que acompaña a Espert en la boleta de La Libertad Avanza (LLA) para la Cámara de Diputados.
Ciro Annichiarico, abogado de Florentín, sostiene que no hay elementos en su contra. “Es evidente que Thiago Florentín es, en realidad, una víctima. Fue detenido porque, sabiendo que habría protesta y crítica social, existió la decisión y orden, proveniente de algún alto o alta funcionaria, de que alguien debía quedar detenido ante las exclamaciones adversas a Milei y su comitiva”, afirma.
Este miércoles llegó a la Cámara Federal de La Plata la causa. Los integrantes de la Sala I, Roberto Lemos Arias y César Álvarez, deberán decidir si avalan la resolución de Armella de mantener la detención. Se espera un pronunciamiento rápido del tribunal platense.
Florentín no tiene antecedentes. Los delitos que se le imputan son de ejecución condicional, algo que reconoció el propio Armella en su resolución. La posibilidad de que entorpezca el avance de la investigación es nula.
