El Director General para América del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Issa Kameli, respondió a la decisión de la justicia argentina de poner en marcha un juicio en ausencia contra siete ciudadanos iraníes –cuatro de los cuales son altos funcionarios– acusados por el atentado contra la AMIA, en 1994. “Es una medida politizada, en base a acusaciones infundadas y un proceso contrario al derecho internacional”, sostiene Kameli en una declaración escrita. El texto vincula el juicio en ausencia con la postura del gobierno de Javier Milei de alinearse con Israel y Estados Unidos pero, además, plantea una hipótesis más bien extraña y sobre la que no ha aparecido ninguna prueba en los 31 años transcurridos: “el objetivo de esta nueva etapa de la conspiración es evitar el enjuiciamiento de los verdaderos responsables de estos crímenes, es decir, algunos exfuncionarios corruptos argentinos”. Kameli afirma que el gobierno de Irán le pedirá explicaciones a la Casa Rosada, algo que parece más bien ilusorio porque ya Milei dijo que “Irán es un enemigo de la Argentina”.
La postura iraní aparece en la declaración de Kameli, distribuida en las embajadas de Sudamérica, y también en una nota del Teherán Times, un órgano que refleja las posturas del régimen de los ayatolas. En ambos textos se insiste en que el juicio en ausencia, dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas, es producto de que la Argentina dejó de ser un país neutral para ahora ponerse del lado de Israel y Estados Unidos en el conflicto de Medio Oriente. La cuestión es parcialmente cierta: la ley del juicio en ausencia la votó La Libertad Avanza, el PRO, parte del radicalismo y de los llamados bloques dialoguistas. El impulso central provino de la DAIA, el oficialismo en la comunidad judía. La mayoría de las organizaciones de familiares de las víctimas del atentado se opusieron –y se oponen– porque consideran que es una maniobra para cerrar el caso en base a una investigación que estuvo plagada de irregularidades y falta de pruebas judiciales sólidas.
Como se sabe, Teherán siempre sostuvo que no tuvo ninguna relación con los atentados de Buenos Aires y que el ataque tampoco fue obra de Hezbollah, la organización libanesa vinculada con Teherán. El régimen de los ayatolas afirma, desde el inicio, que la causa judicial es una manipulación influenciada por los servicios de inteligencia, la SIDE, la CIA y la Mossad, con evidencias armadas y un largo listado de irregularidades. Esa es la razón –afirma Irán– por la que nunca colaboró con la justicia argentina. De todas maneras, “tomaremos las medidas apropiadas y firmes para defender los derechos de nuestros ciudadanos. Argentina se ha puesto del lado oscuro de la historia, con el apoyo del actual gobierno argentino a los crímenes contra la humanidad y el genocidio perpetrado por Israel contra personas inocentes”. No parece claro el concepto que llaman “las medidas apropiadas y firmes para defender los derechos de nuestros ciudadanos”.
Las evidencias contra los cuatro altos cargos parecen más bien débiles: opositores al régimen, que se fueron de Irán tras la revolución islámica, declararon que hubo una reunión en la ciudad santa de Mahshad, el 13 de agosto de 1993, y que allí se decidió el atentado. El contenido de aquel encuentro –en el que supuestamente participaron Alí Fallahijan, ministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, ministro de Relaciones Exteriores; Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza de Guardianes de la Revolución y Mohsen Rezai; comandante de ese mismo cuerpo– es muy difícil de verificar. No hay prueba alguna y, además, ninguno estuvo nunca en la Argentina. Distinta es la situación de otros tres iraníes –Mohsen Rabbani, agregado cultura; Hadi Soleimanpour, embajador; y Ahmad Reza Asghari, tercer secretario– que estaban destinados a la Embajada de Irán en Buenos Aires. Con una particularidad, Soleimanpour fue detenido en 2004 en Londres, se enviaron las pruebas para pedir la extradición, y un juez británico determinó que no había elementos sólidos contra quien había sido embajador en la Argentina. El listado de acusados en el juicio oral se completa con tres libaneses, Salman Raouf Salman, a quien se considera un hombre clave en el ataque; Abdallah Salman, su hermano, y Hussein Mouzannar, que habría tenido una participación muy menor en Paraguay, proveyendo un certificado de trabajo a Salman Raouf Salman.
En esencia, la declaración de Kameli pone en el mismo paquete el juicio en ausencia y la política exterior de Milei, aliado a Israel y Estados Unidos. La cuestión se hace más notoria porque el funcionario, el mismo día, hizo una segunda declaración agradeciendo a buena parte de los países del continente por su apoyo en el conflicto de Medio Oriente. En concreto, Kamali agradeció a Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua.
