El Ejecutivo presentó un proyecto que prohíbe la aprobación de presupuestos con déficit fiscal y sanciona con penas de hasta 10 años a quienes promuevan emisión monetaria irregular desde el Banco Central. La medida coincide con el anuncio de la baja de retenciones sin financiamiento asegurado.
En la antesala del debate por el Presupuesto 2026, el Gobierno presentó el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca prohibir la aprobación de presupuestos con déficit fiscal y sancionar con hasta 6 años de prisión a los funcionarios que incrementen el gasto sin contar con los recursos correspondientes.
La iniciativa, anunciada este martes durante las sesiones extraordinarias del Congreso, también establece penas de hasta 10 años para quienes desde el Banco Central ordenen o promuevan la emisión monetaria irregular.
Según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la norma “prohíbe el déficit del presupuesto nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Central para financiar al Gobierno”.
El proyecto dispone que “queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario” y obliga al Poder Ejecutivo a abstenerse de solicitar adelantos del Banco Central para financiar el gasto primario.
La reforma incluye modificaciones al Código Penal que contemplan prisión de 1 a 6 años e inhabilitación por el doble del tiempo de la condena para funcionarios que modifiquen o aumenten gastos sin financiamiento acreditado. Por su parte, quienes ejecuten emisión monetaria irregular podrían recibir entre 1 y 10 años de prisión.
Especialistas advierten que muchas de estas medidas ya se encuentran contempladas en leyes vigentes y cuestionan la credibilidad de la norma frente a la suspensión de reglas fiscales anteriores, como la Ley de Responsabilidad Fiscal. También cuestionan la coincidencia entre la propuesta y la baja de retenciones anunciada el mismo día, sin detallar su financiamiento.
El proyecto generó debate sobre la judicialización del gasto público y el impacto de sancionar penalmente decisiones económicas, un tema que ya generó controversia en gestiones anteriores por operaciones como el dólar futuro o los créditos del FMI.
