El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cortó el clima de derrota anticipada y dejó en claro que “el gobierno no va a retirar los pliegos” de los jueces de la Corte Suprema Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, designados vía decreto por el presidente Javier Milei. De cara al debate legislativo del 3 de abril, aseguró que “ambos ministros estarán en funciones hasta el 30 de noviembre”. Mansilla, en tanto, defendió su nombramiento ante la Justicia y afirmó que no fue ilegal.
Las palabras del ministro marcaron un giro en la postura oficial, que hasta entonces parecía encaminarse hacia un naufragio en la Cámara Alta. Tan es así que fuerzas aliadas como el radicalismo aconsejaron al Ejecutivo retirar los pliegos y reiniciar las negociaciones. Desde el entorno de Martín Lousteau, en cambio, ratificaron su posición: “El 3 hay sesión y la postura es rechazar los pliegos”. En el oficialismo, sin embargo, creen que “todavía hay tiempo para negociar”, según confiaron a Página/12, apenas se conocieron las declaraciones del ministro. Para romper el hielo, la semana pasada, la Casa Rosada dejó trascender que iniciaría conversaciones para cubrir vacantes en juzgados federales.
En línea con el mensaje de Francos, García Mansilla también defendió su nombramiento. A través de un escrito de 51 páginas, el ahora Juez de de la Corte aseguró que su designación por decreto ya es efectiva y que sólo puede ser removido mediante juicio político: “Toda vez que el nombramiento en comisión previsto en el Decreto 137/25 se hizo efectivo luego de haber prestado yo juramento, ya soy juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Mansilla subrayó que goza de las garantías establecidas en el artículo 110 de la Constitución Nacional y sostuvo que “no existe arbitrariedad o ilegalidad” en su designación, por lo que cualquier cuestionamiento al decreto presidencial no es “manifiesto”, como exige la Constitución para su impugnación.
La presentación fue una respuesta al juez federal Alejo Ramos Padilla, quien tramita una causa para impugnar su nombramiento y el de Lijo. En su escrito, García Mansilla objetó la competencia del magistrado y la legitimidad de los actores que promovieron la demanda, solicitando su rechazo inmediato.
La paradoja es que García Mansilla invoca una herramienta que hoy está obturada por decisión del propio oficialismo. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados lleva más de un año paralizada, desde que los libertarios decidieron desconocer a su presidenta. En ese contexto, si realmente existieran causales para iniciar un juicio político contra un miembro de la Corte, el presidente de la Nación o alguno de sus ministros, el Congreso carece de los mecanismos para investigar o destituir.
El resquebrajamiento del interbloque Unión por la Patria llevó optimismo a la Casa Rosada. Hasta la semana pasada, las negociaciones estaban enfocadas en salvar únicamente el pliego del juez Lijo, quien cuenta con algunos apoyos dentro del peronismo.
Esta semana, sin embargo, la estrategia oficialista cambió. El gobierno dio la orden de aplacar las internas y “dejar de perder votos”. El mensaje irradió con fuerza en ambas cámaras. Un libertario con disciplina partidaria lamentó lo ocurrido en Diputados durante la sesión de la semana pasada para blindar el DNU que abrió la puerta a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La diputada Marcela Pagano, enfrentada con Martín Menem, “llegó tarde y no dio quórum”. Lourdes Arrieta, recientemente expulsada del bloque, se abstuvo en una votación clave para La Libertad Avanza. “No podemos darnos ese lujo”, se sinceró.
Pero los libertarios no juegan solos. “Los gobernadores están recibiendo mucha presión para apoyar la candidatura del juez federal”, aseguraron desde ese espacio a Página/12. Por su parte, desde el nuevo bloque Convicción Federal adelantaron que, si bien la intención es mantener la misma línea del interbloque, “inclusive en los demás bloques que integran Unión por la Patria no todos van a votar igual”. Las primeras fisuras podrían verse en los senadores que responden a los gobernadores Gildo Insfrán y Raúl Jalil. Por Formosa, José Mayans ya anticipó que rechazará los pliegos, argumentando que los nombramientos de jueces “en comisión son de nulidad absoluta”. Pero hay dudas sobre su compañera de bancada, María Teresa González. El mismo escenario podría repetirse en Catamarca, donde Jalil asumió un rol activo en la búsqueda de votos. El senador Guillermo Andrada, que se escindió del bloque junto a otros tres senadores, es uno de los apuntados. “Jaldo, Quintela y Jalil están jugando a romper”, lanzaron sus excompañeros de bloque, sin ocultar el enojo.
El caso de García Mansilla es aún más complicado. En la última reunión de la Comisión de Acuerdos, senadores de UxP, junto a Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, consideraron grave que el jurista les haya mentido cuando afirmó durante su paso por el Senado que no aceptaría una designación por decreto. Los 34 senadores del interbloque peronista, más Lousteau y Tagliaferri, rechazarán su nombramiento.
La matemática legislativa es implacable. Para rechazar los pliegos, la oposición necesita un tercio de los votos: 25 voluntades. Si hay ausencias, ese número se achica. En cambio, para aprobarlos, el oficialismo necesita dos tercios, una tarea titánica para una fuerza que apenas cuenta con seis senadores propios. La primera misión para los libertarios y aliados es evitar que se reúna el quórum. Si logran que la oposición no junte los 37 senadores para abrir la sesión, podrán respirar. Control de daños en medio de un campo minado.
