El desguace del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que lleva adelante el gobierno de Javier Milei encontró un freno en la Justicia. Ayer, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de realizar cambios en el organismo estatal por un período de 6 meses. Al admitir la cautelar, la jueza Martina Forns ordenó que la gestión libertaria se abstenga de ejecutar “cualquier acto administrativo que, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTI”. El Gobierno afirmó que apelará la medida.
Según la magistrada, la medida implementada a principios de mes por Milei junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lesiona en forma manifiesta tanto el principio de estabilidad como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, “al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.
La jueza sostuvo que “se justifica el dictado de una medida cautelar de no innovar” presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado con el objetivo de “evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. En su fallo, Forn explicó que en el proceso se verifican “circunstancias graves y objetivas” que justifican “el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.
El 7 de julio, con la firma del decreto 462/2025, el gobierno de Milei implementó un nuevo decreto de modificación de organismos estatales. Entre ellos se vio afectado el INTI, que perdió su carácter de instituto, al transformarse en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. El Gobierno planteó convertir al organismo “en una unidad organizativa que mantendrá su denominación con el objeto de preservar su reconocimiento internacional y garantizar la continuidad de su identificación en el ámbito del Sistema Nacional de la Calidad”.
La reacción de los trabajadores ante la firma del decreto no tardó en llegar, ya que luego de conocerse la medida, el sindicato de estatales interpuso una cautelar en la que pidió declarar inconstitucional la medida gubernamental “por configurar una desviación de poder que ocultaría una disolución, desfederalización, y vaciamiento del INTI”. A su vez, los demandantes añadieron que “la centralización de los recursos del INTI en el Tesoro Nacional burocratizaría y politizaría el pago de salarios, al depender exclusivamente del presupuesto asignado por el Ministerio de Economía, y que tal modificación eliminaría la capacidad del organismo de autogestionar sus ingresos para sostener su estructura operativa”.
La noticia fue celebrada por los casi 400 trabajadores y trabajadoras del INTI, que desde el mes pasado se mantienen en estado de alerta por los despidos, algo que también afecta al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder”, escribió el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en referencia a Milei.
Otras complicaciones judiciales para Milei
El revés que supone el fallo de la jueza Forns no es el primero que recibe el gobierno de Javier Milei. Días atrás, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar con la cual suspendió por seis meses el decreto firmado que ordenó el cierre de Vialidad Nacional. La magistrada argumentó que se trata de “una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones del decreto ley 505/1958″, y que la relación laboral del personal de la empresa se rige por la Ley de Contrato de Trabajo.
Otro fallo adverso para el Gobierno fue el que recibió en marzo pasado respecto a su decisión de transformar por decreto al Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima. El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una cautelar que frenó la medida de la gestión libertaria al asegurar que “la decisión del Ejecutivo podría contradecir la voluntad del Congreso”. El magistrado determinó “como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”.
Además, Ramos Padilla dispuso “requerir a las autoridades que produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025″. “El artículo 1 de la Carta Orgánica del Banco establece expresamente que el BNA es una entidad autárquica con autonomía presupuestaria y administrativa, cuyo régimen no se encuentra sujeto a las normas generales de la administración pública nacional”, agregó el juez en su fallo.
