La campaña no arrancó como esperaba José Luis Espert. Este miércoles se lo vio huir en moto de una caravana que terminó mal en Lomas de Zamora. Redujo sus apariciones en los medios porque no puede explicar su vínculo con Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyos audios pusieron al gobierno de Javier Milei en un tembladeral político y judicial. A todo eso se le suma que Espert esperaba comenzar la carrera para los comicios de octubre con un sobreseimiento que no consiguió. La Cámara Federal porteña rechazó cerrar la causa por amenazar con “cárcel y bala” a los dirigentes del FIT-U Myriam Bregman y Nicolás del Caño. En las últimas horas, el diputado oficialista debió cambiar sus abogados. Uno de los elegidos pertenece al estudio jurídico Cúneo Libarona, que pertenece a la familia del ministro de Justicia.
El martes, Espert hizo una presentación ante el juez federal Sebastián Casanello. Designó como abogados a Augusto Nicolás Garrido y Patricio O’Gorman Themuso Lessa. Garrido pertenece al estudio Cúneo Libarona. Defendió al exgobernador de Tucumán José Alperovich, que terminó condenado por abusar sexualmente de una sobrina que trabajaba con él. Garrido, considerado un buen penalista, también defendió a Enrique Augusto Barre, segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Dirección de Investigaciones con sede en la brigada conocida como el “Pozo de Banfield”.
Garrido compartió la defensa de Barre con Mariano Cúneo Libarona. Al momento de asumir al frente del Ministerio de Justicia, Cúneo Libarona presentó su renuncia a la defensa y dijo que su actuación había sido “nula”. Sin embargo, la abogada Guadalupe Godoy en sus redes sociales mostró una captura en la que se veía a Garrido y Cúneo siguiendo el devenir de las audiencias.
https://twitter.com/guadalgodoy/status/1734296549297967187
El cambio de abogados de Espert se produjo apenas cuatro días después de que su estrategia recibiera un duro golpe por parte de la Cámara Federal porteña. Su defensor, Pablo Abdon Torres Barthe, pretendía que ese tribunal revocara una decisión de Casanello y dictara el sobreseimiento del diputado que preside la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. Sin embargo, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia lo dejaron con las ganas.
El estudio de Cúneo Libarona ha tenido buenos resultados. Barre, por ejemplo, fue el único absuelto en el juicio por las brigadas. Antes de que asumiera al frente del Banco Central, el bufete consiguió que revocaran el procesamiento que tenía Santiago Bausili. Sin embargo, al ministro de Justicia no le fue tan bien en Comodoro Py: tuvo que postergar la implementación del sistema acusatorio en medio de acusaciones cruzadas con jueces y fiscales. Al poco tiempo, se filtró un video en el que se lo veía ofreciendo servicios de lobby al estadounidense Timothy Ballard, un exagente acusado de múltiples casos de abusos.
Ahora, Garrido y O’Gorman deberán hacer sus mejores esfuerzos por terminar con la causa que se inició en diciembre de 2023 por una presentación de Bregman y Del Caño, quienes entonces ejercían como diputados nacionales.
La acusación
La historia comienza el 14 de diciembre de 2023, cuando Patricia Bullrich presentó en sociedad el que sería su juguete más preciado: el protocolo antipiquetes. Bregman, que es abogada e interviene en causas vinculadas a los derechos humanos, advirtió que era una resolución ilegal desde su cuenta en la red social X. Rápidamente, Espert le respondió: “Cárcel o bala”.
Distintos referentes advirtieron que el economista se había pasado de la raya. Del Caño se solidarizó con su compañera. Espert le respondió: “Para vos también, parásito (virgen de CUIT), bueno para nada. Cárcel o bala si violás la ley”.
El 19 de diciembre de 2023, Bregman y Del Caño presentaron una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py. Señalaban lo obvio: que después del atentado que había sufrido Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022 no era gracioso que alguien prometiera “bala” para un dirigente político. De hecho, los integrantes de Revolución Federal –el grupo ultraviolento que andaba con horcas y antorchas– los habían agredido en agosto de 2022.
La publicación de Espert no pasó desapercibida. Tuvo más de 5 millones de reproducciones. Muchísimos usuarios empezaron a agredir a Bregman y Del Caño.
El mismo día en el que los dirigentes del FIT-U radicaron la denuncia, Espert fue invitado al piso de TN al programa que conducían los periodistas Santiago Fioriti y Nicolás Wiñazki.
–Bala puede ser Taser, pimienta, bala de goma, en serio –se despachó Espert.
Cuando le preguntaron si estaba hablando de balas de plomo, respondió: “Por supuesto”.
Diez días después de la presentación de la denuncia, el fiscal federal Gerardo Pollicita opinó que debía ser archivada. “No se advierte la existencia de un evento ilícito penalmente relevante que amerite (la) continuación de la presente investigación”, escribió el representante del Ministerio Público Fiscal.
En su dictamen, Pollicita dijo que en TN Espert había explicado el alcance de su tuit: que eran expresiones dirigidas a defender la aplicación del protocolo antipiquetes y el uso del monopolio de la fuerza que tiene el Estado para hacerlo cumplir. Según el fiscal, sus tuits no podían tomarse como amenazas ni como apología del delito porque, en todo caso, se refería al uso de la fuerza pública por parte de organismos de seguridad. “Sería prudente y conveniente un llamamiento a la mesura en esta clase de manifestaciones”, concedió el fiscal.
Bregman y Del Caño, que se habían presentado como querellantes, le pidieron al juez federal Sebastián Casanello que mantuviera la causa abierta. Dijeron, por ejemplo, que no había duda de que se estaba refiriendo a Del Caño por su respuesta. No era únicamente la defensa del protocolo de Bullrich, sino también la apelación directa a determinadas personas.
Las fuerzas no quieren investigar
Casanello empezó a pedirles a las fuerzas de seguridad que analizaran el impacto que había tenido el tuit de Espert. La Policía Federal Argentina (PFA), que depende de Bullrich, fue la primera en recibir el oficio del Juzgado Federal 7.
En mayo de 2024, la PFA le contestó a Casanello que para realizar un análisis cuantitativo de los indicadores como retuits, likes (me gusta) o comentarios se podían utilizar herramientas como Awario o Tweet Binder. Sin embargo, la PFA no se desvivió por hacerlo. “Sin las herramientas específicas, no es posible realizar la tarea encomendada en forma completa”.
Casanello entonces intentó con el área de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad. No le fue mucho mejor. En agosto de 2024, la Policía de la Ciudad le respondió que como “cárcel y bala” no era un hashtag tenía que hacer una visualización manual posteo por posteo y comentario por comentario. “No es posible observar qué impacto tuvo de manera inmediata”.
El juzgado le pidió colaboración al Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) –que viene sufriendo la motosierra del Gobierno de Milei. Esta es la opción que podría avanzar para analizar el acoso en redes sociales por parte del diputado oficialista.
En las últimas horas, los abogados de Bregman y Del Caño –Matías Aufieri y Carlos Platkowski– aportaron un relevamiento que mostraba que los diputados habían recibido más de 700 comentarios en sus redes sociales que hablaban de cárcel y bala durante el mes posterior al ataque de Espert.
