Espert enrededado en una madeja de allanamientos 

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Después de que la Policía Federal encontrara en un tacho de basura en la misma casa de donde se llevó esposado a Federico “Fred” Machado el contrato de un millón de dólares que había firmado con José Luis Espert en 2019, se sucedieron más allanamientos en busca de pruebas sobre pagos que pudo haber recibido el diputado de La Libertad Avanza u otros acuerdos económicos con el hombre que está bajo sospecha por actividades ligadas al narcotráfico. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó a pedido del fiscal Fernando Domínguez un procedimiento en el despacho de Espert en la Cámara de Diputados, que tenía una faja de seguridad desde la noche anterior, y otro en su vivienda en Beccar, provincia de Buenos Aires. Las fuerzas de seguridad fueron con la orden de llevarse el celular del candidato fallido, dispositivos electrónicos y documentación en soporte digital o en papel. Lo que se investiga es posible lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas o de otros delitos. 

Espert cambió de abogados desde que Javier Milei bajó su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires. En un comienzo lo representaba un integrante del estudio Cúneo Libarona, fundado por el ministro de Justicia. Ahora lo defienden los mismos letrados que a la droguería Suizo Argentina en la causa sobre las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Freeland y Santiago Kent. El primero se quejó ante los medios porque no lo dejaron entrar para estar presente en el procedimiento en el domicilio Espert. “Nunca vi algo así”, regañó. Frente a las cámaras en la puerta comentó que le recomendó que entregue todo lo que le pidan. Agregó que, a su entender, el documento hallado en la casa de Machado fue dejado adrede. Machado, señaló Freeland, “necesitaba una causa penal en la Argentina para que el proceso de extradición a Estados Unidos no pudiera prosperar”.

Lo cierto es que este jueves el Poder Ejecutivo le informó al juez de Neuquén, Gustavo Villanueva, que ya firmó la extradición de Machado y que la decisión fue notificada a Estados Unidos, según confirmaron fuentes del caso. Ese magistrado es el que hizo el juicio que avaló que fuera extraditado en 2022, pero después la Corte Suprema demoró la decisión por más de tres años. Recién esta semana, con el escándalo en su punto máximo, los supremos avanzaron. Una vez que el país del Norte acuse recibo, se abrirá un plazo de 30 días para acordar donde será “entregado” Machado, quien permanece detenido en una dependencia de la Policía Federal en Viedma. Es su ciudad de origen, y donde permanecía con prisión domiciliaria en una casa familiar desde que los tribunales de Texas pidieron su detención, con al expectativa de que fuera enviado allí para ser juzgado por tráfico de cocaína, lavado de dinero y estafa. 

Allanamientos y dos causas

La causa judicial en la que se desarrollaron los allanamientos es la que se inició con una denuncia del dirigente Grabois dos semanas atrás, después de que su equipo confirmara que en el expediente que tramita en Texas había una constancia de que Espert había recibido una transferencia de 200.000 dólares de una cuenta vinculada a Machado. La relación Espert-Machado se conocía y de hecho había otra causa en trámite desde que el empresario fue detenido en 2021 por el pedido estadounidense. Lo había denunciado en Comodoro Py Adrián Bastianes, un denunciante frecuente. Ya entonces se hablaba de los viajes de Espert en aviones de Machado, de que le prestó una camioneta blindada Grand Cherokee y que le había aportado dinero que no había sido declarado en el contexto su campaña para presidente en 2019. 

En ese expediente, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que evidentemente fue manejado a tranco lento todo este tiempo y sin que trascendiera demasiado, ya había un documento que mostraba que Espert había usado dos aviones de Machado y que hizo 36 vuelos en 2019, cinco con él. Hay algunas declaraciones allí, pilotos y empresarios, que confirman la propiedad de las aeronaves, que los viajes los solventaba Machado y los trayectos los organizaba Espert a través de una colaboradora. El foco de esa causa son los vuelos, como posibles vías de lavado de dinero. Como suele suceder, los actuales abogados del diputado confían en los tribunales federales de Retiro y ya le fueron a plantear a Martínez de Giorgi que debería pedirle a su par de San Isidro que se inhiba y le mande todo el expediente. El fiscal de esa jurisdicción había pedido certificar esa causa para no “pisarse” y definió medidas de manera expeditiva. Mientras se desarrollan los allanamientos la causa de San Isidro está bajo secreto de sumario. 

De todos modos, se conoce que en núcleo de esta investigación clave son movimientos de dinero de Espert, los que tenga en relación Machado, el flujo de sus cuentas bancarias y, de acuerdo a lo que se planteó en el expediente, la evolución de su patrimonio. La imputación es por presunto lavado de dinero. 

Con la autorización expeditiva que dio el miércoles la Cámara de Diputados, con 215 votos afirmativos y solo tres abstenciones, se pudieron hacer allanamientos vinculados a Espert. Su despacho en el anexo B fue sellado con una faja de seguridad esa misma noche que levaba una leyenda que decía “antes de abrir consulte en dirección de Seguridad”. Por la mañana los investigadores se llevaron una caja llena de elementos para analizar de esa oficina. Espert recibió a los enviados judiciales, de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal en su casa en Beccar –la vivienda que, según consta en la denuncia, se compró con su esposa después de la campaña de 2019– pasadas las 11 de la mañana. Estuvieron cinco horas allí. Se llevaron tres cajas y carpetas. Eso incluye computadora, documentos y el celular, todo indica que con la clave incluida. 

El contrato millonario

Cuando hizo su descargo en un video el  jueves de la semana pasada por la noche Espert reconoció que había cobrado 200.000 dólares –después de eludir responder la respecto durante varios días– y para justificarlo dijo que Machado le había propuesto un contrato de consultoría con la empresa Minas del Pueblo, de Guatemala. Resulta que la empresa era del propio Machado y está investigada en el expediente texano que lo tiene en la mira. El pago había sido de una empresa llamada Wright Brothers vinculada con Machado (de compras-ventas-leasing de aviones). La constancia del pago la emitió el Bank of America y la recibió una cuenta de Espert en el Morgan Stanley. Encima el  giro estaba identificado con la matrícula de uno de los aviones que el diputado había usado en su gira de campaña dentro de Argentina: N28FM. 

Lo que no había dicho Espert es que el pago de 200.000 dólares formaba parte de un acuerdo mucho más grande, que reveló el diario La Nación, por un millón de dólares. Es más, el excandidato dijo que habían hablado del tema en 2019, pero que quedaría postergado todo para después de la campaña. Ese primer pago identificado es de enero de 2020. Pero el contrato fue firmado el 7 de junio de 2019, dos semanas ante de que Espert se presentara como candidato a presidente. Era un acuerdo de “locación de servicios” que decía que 100.000 dólares serían abonados en el momento de la firma y lo que quedaba, en nueve cuotas  mensuales consecutivas e iguales, de 100.000 dólares cada una por transferencia bancaria. 

En varias entrevistas antes de que lo fueran a buscar tras el fallo de extradición de la Corte, Machado reconoció que el contrato era por una suma elevada que no precisó. El autor del eslogan “cárcel o bala” en el video en cuestión sostuvo que no había avanzado con el trabajo porque vino la pandemia.  Su aportante señaló que en 2020 cuando Espert le volvió a hablar por el trabajo, el ya estaba preocupado por su situación judicial en Texas y en lo que menos pensaba era en ese acuerdo. Reconoció que no le  reclamó la plata ni nada. Agregó que le había dado además “100 o 150 lucas” más para gastos como comida, hoteles y aviones, que no figuran en la rendición de campaña. 

El documento del contrato apareció en el allanamiento en la casa donde Machado residía en Viedma allanada el mismo martes del fallo de la Corte. Estaba hecho un bollo en un tacho de basura, con alguna rotura y manchas de café. 

 

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