La censura que busca imponer a través de una medida judicial el gobierno de Javier Milei para evitar la difusión del caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que tiene a su hermana entre las principales protagonistas, generó un repudio prácticamente generalizado. Solo referentes del PRO no encontraron en esta maniobra algo para criticar. En tanto, los organismos de derechos humanos, sindicatos, Adepa e incluso las organizaciones que nuclean a los abogados, rechazaron la denuncia que promovió el gobierno y la decisión del por lo menos polémico juez Alejandro Maraniello al convalidar una clara y repudiable medida de censura previa. Todas las organizaciones coincidieron en que acciones de este tipo ponen en riesgo el respeto a la Constitución y, por ende, peligra la democracia.
Los organismos de derechos humanos emitieron un comunicado donde repudiaron de manera enérgica “el accionar del gobierno de Javier Milei, quien ha realizado a través de dos denuncias la solicitud ante fueros judiciales, de allanamientos a domicilios de un medio de comunicación y a sus periodistas”.
En ese sentido, los organismos señalan que lejos de mostrar un comportamiento democrático, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagoniza “un acto de censura previa, propio de un régimen autoritario, con el insólito argumento de que los audios que han sido difundidos con diferentes acusaciones, son el resultado de un complot de espionaje donde involucra a otros países, junto a organizaciones políticas y sociales”. Incluso señalan que esta maniobra se realiza “en medio de la mayor crisis económica – social a la que están sometiendo al pueblo argentino, y mientras siguen apareciendo denuncias por más hechos de corrupción desde otras instituciones”.
El documento lleva la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La Matanza; Asociación Buena Memoria; Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de Los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Por último advirtieron que “no nos callaremos los Organismos. Las veces que sea necesario alzaremos nuestras voces ante este tipo de atropellos a la democracia que tanto costó reestablecer”.
Durante la jornada de ayer, tres organizaciones que nuclean a los abogados porteños emitieron un comunicado conjunto para repudiar la censura. Fue así que Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, con Ricardo Gil Lavedra a la cabeza; Rosalía Silvestre, como presidenta del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires y Juan Pablo Zanetta, titular de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, destacaron que “la libertad de expresión protege no solo el derecho individual a emitir ideas, sino también el derecho colectivo a recibir información sobre asuntos de interés público”.
En este sentido, estas instituciones destacaron además que en este caso en particular “no se trata de la difusión de aspectos estrictamente privados de la vida personal, sino de hechos vinculados a la vida pública y al funcionamiento institucional de la República”. Es por eso que señalan que “justamente por involucrar asuntos de interés político y estatal, resulta inadmisible cualquier intento de silenciar o controlar preventivamente la información, pues ello priva a la sociedad del derecho a ser informada”.
Ahora bien, las tres organizaciones advierten que sin la plena vigencia del secreto profesional y de la confidencialidad de las fuentes informativas “la investigación periodística se vería severamente afectada y con ella el derecho de la ciudadanía a conocer hechos relevantes”. Es por eso que advierten que existen vías legales posteriores a las que podría recurrir, en este caso, el gobierno como acciones de daños, derecho a réplica, rectificaciones. “Imponer restricciones preventivas erosiona las garantías constitucionales y sienta un precedente regresivo en materia de libertades fundamentales”, finaliza el comunicado.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) repudió la “censura previa” ejecutada por el juez Maraniello a la que definieron como “inconstitucional y antidemocrático”.
La organización, que aglutina a los sindicatos relacionados con las actividades del transporte, expresó su solidaridad con los periodistas perjudicados por esta maniobra y destacan que “la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información es un pilar esencial de la democracia, y su vulneración constituye un grave retroceso institucional que no podemos permitir”.
El texto, que lleva las firmas del secretario general, Juan Carlos Schmid, y del secretario de Prensa, Juan Pablo Brey, destaca que “defender la libertad de expresión y el derecho a la información es defender la democracia”.
El gremio que agrupa a los trabajadores del servicio de subterráneos señaló, por su parte, que “el gobierno de Milei criminaliza a la prensa tras una avanzada judicial que viola el derecho fundamental a la preservación de fuentes periodísticas”. En esa línea, los Metrodelegados destacan “toda su solidaridad con los trabajadores de prensa. Sin libertad de expresión no hay democracia”.
Por último, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) también expresó su rechazo a “todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información. En especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional”.
Adepa, en su comunicado, señala que esta maniobra del gobierno “es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”. Como las organizaciones que representan a los abogados, Adepa también destaca que “la publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores y el gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto”.
Por último destaca que la censura previa “es contraria al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública”.
