Los agentes de las fuerzas federales de seguridad que bajo las órdenes de la ministra Patricia Bullrich gasean y reprimen cada miércoles las movilizaciones de jubilados frente al Congreso comienzan a desfilar como imputados por los tribunales de Comodoro Py. El prefecto Sebastián Emanuel Martínez, que el 12 de marzo último disparó su pistola de gas pimienta a la cabeza de Jonathan Navarro y lo dejó ciego de su ojo izquierdo, se negó ayer a responder preguntas y se limitó a afirmar que cumplió con su “deber” y “con todos los reglamentos vigentes”, que indican exactamente lo contrario: apuntar a las extremidades y no a la cabeza. Hoy será el turno de Héctor Guerrero, el cabo de Gendarmería que esa misma tarde le destrozó el cráneo al reportero gráfico Pablo Grillo con una granada de gas lacrimógeno. Martínez y Guerrero son el último eslabón de una cadena de responsabilidades criminales que conduce directamente a Bullrich, quien por aquellos días se ufanó de haber conducido en persona el “Comando Unificado de Fuerzas Federales” encargado de distribuir garrotazos, gases y balas.
Jonathan Navarro, obrero de 33 años, oriundo de San Martín e hincha de Chacarita, fue uno de los miles de manifestantes que esa tarde se movilizó para respaldar el reclamo de los jubilados. El día anterior su padre había pagado 80.000 pesos por remedios que ya no podía comprar con descuentos. Eran las 17.21 de aquel miércoles cuando alcanzó a ver a los prefectos tirar balazos de goma a las piernas mientras se reían y los incitaban a reaccionar, vio un arma que le apuntaba directo a la cara, sintió un estallido, un impacto y la sangre que empezó a salir de su ojo izquierdo.
Seis meses más tarde, citado a indagatoria en el juzgado de Ariel Lijo, el prefecto Sebastián Martínez –32 años, oriundo de Diamante, Entre Ríos, soltero– se esmeró en mostrar un lado humano cuando le preguntaron por sus condiciones de vida. “Vivo con mi pareja y mi hija, de cuatro años. Mi pareja trabaja. Entre los dos sueldos no nos alcanza. El mío sólo es un sueldo de oficial de Prefectura, no pasa del millón de pesos. El de mi pareja está en las mismas condiciones, está también en la fuerza”, dijo.
Luego debió escuchar la acusación del fiscal Eduardo Taiano y el detalle de las pruebas. Allí consta que disparó un proyectil químico Byrna Pepper desde una distancia de entre 5 y 6,5 metros, “de manera contraria a la reglamentación prevista, injustificada y conociendo las consecuencias de ello”. También le recordaron las reglamentaciones sobre el uso de armas no letales, que como “zonas permitidas” para disparar indican “brazos y piernas, y, en situaciones controladas, el tronco”, pero nunca la cabeza, el cuello o los genitales. El disparo “impactó en el ojo izquierdo de Navarro, además de existir un disparo previo, proveniente de la misma arma y del mismo tirador, que impactara en su hombro izquierdo”.
La querella de Navarro, a cargo del abogado Pablo Zapulla (de CKZ Abogados), hizo un paciente trabajo de recolección de imágenes junto con el Mapa de la Policía, organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales y la revista Crisis. Algunos videos de la Auditoría General de la Nación, que tiene sus oficinas en esa cuadra de avenida Rivadavia, aportaron material útil, pero lo que permitió dar con el oficial auxiliar Martínez fueron las imágenes del domo “Entre Ríos”, que pertenece al Congreso de la Nación, a las que se sumaron registros de alta definición de reporteros gráficos. Así pudo verse con claridad primero a un grupo de prefectos formando un cordón a lo ancho de la avenida e incluso de la vereda, y en ese marco a un agente con casco y protecciones en los antebrazos que camina en puntas de pie detrás de la primera fila, apunta por encima de los hombros de sus compañeros de andanzas y dispara.
Prefectura intervino con su fuerza antidisturbios a pedido de la Policía Federal, bajo el mando de un Comando Unificado a cargo de Bullrich. La misma fuerza informó que sólo tres agentes portaban armas Byrna TCR y remitió sus legajos con fotos, que permitieron confirmar la identidad del autor del disparo.
Cuando el secretario concluyó la lectura, la defensa del prefecto –a cargo de Martín Luis Sarubbi y Juan Carlos Maggi, quienes tuvieron un actitud prepotente ante el juez– informó que el prefecto no respondería preguntas. El imputado, sin obligación de decir verdad, balbuceó una declaración inconsistente: “Soy inocente. Cumplí con todos los reglamentos vigentes. Cumplí con mi deber en el resguardo de los objetivos federales, como así también en resguardo de los propios manifestantes y el personal a mi cargo. Me reservo la facultad de ampliar este descargo por escrito con los argumentos que hacen a mi defensa”. Al juez Lijo le corresponde el próximo paso.
El abogado de Navarro anticipó que también irán por los responsables políticos: “Hoy la Justicia tiene la oportunidad de sentar un precedente político y judicial. No alcanza con responsabilizar a los autores materiales: la simultaneidad de los disparos contra Grillo y Navarro revela que se trató de un operativo coordinado que obedeció a órdenes superiores. Si la investigación no avanza sobre la cadena de mando y los funcionarios políticos que diseñaron y encubrieron esa represión, la impunidad se repetirá”, le dijo días atrás a este diario.
