El radical Martín Tetaz, que preside la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, insiste en avanzar con los proyectos que buscan eliminar la cuota solidaria de los trabajadores a sus sindicatos Aunque ayer, en una nueva reunión informativa de la comisión se convirtió en un revés para quienes intentan debilitar las organizaciones gremiales: los diversos proyectos no solo recogieron escaso respaldo entre los expositores académicos sino que los empresarios Pymes aprovecharon el encuentro para hacer sentir su voz sobre la crítica situación que atraviesan por la política económica implementada desde el Gobierno. La próxima semana será el turno de la dirigencia gremial. En tanto, Tetaz reveló: “Voy a hacer una tercera invitación a los miembros del Gobierno para que puedan expresar su opinión; esperamos que elijan venir”.
El primero de los expositores no solo actuó en sintonía con los autores de los proyectos impulsados por la UCR, el PRO y CC sino que propuso avanzar en la reforma laboral. “En la medida en que queden aportes obligatorios en la cuota sindical, descontado por nómina, y eventualmente cuota solidaria, es más importante discutir las reglas políticas de funcionamiento de los sindicatos”, dijo Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo 21.
Pero Utrera fue por más y consideró que hay que “reducir la cantidad de delegados gremiales exigidos por la ley, sin impactar negativamente en la calidad de la representación gremial”. “Sacamos obligatoriedad de aportes sindicales o corregimos el problema de los delegados gremiales que está en una escala de costo e impacto totalmente distinto, y que debería ser menos polémico. Sé que no están discutiendo esto, pero insisto en ponerlo en discusión”, expresó.
Luis Palmeiro, docente de la cátedra Viviana Dobarro de Derecho del Trabajo de la UBA, fue el encargado de salir al cruce las iniciativas. “No hay absolutamente ninguna violación a la libertad sindical, ni individual, ni colectiva; no hay compulsión a la afiliación, no hay desatención del derecho de los trabajadores a afiliarse o no afiliarse”, agregó Palmeiro y negó cualquier “vulneración absoluta de la libertad sindical” al repasar la jurisprudencia. “Los pilares de la libertad sindical –continuó el académico de la UBA– no solamente están sobre la democracia, sino sobre la negociación colectiva y el ejercicio de derecho de huelga” y sostuvo que cuando éstos se intentan regular (poniéndole tope a las paritarias o al limitar los paros), “allí sí hay una violación concreta a la libertad sindical, no en el artículo 9” de la ley de Convenciones Colectivas de Trabajo.
“Lo que se pretende con esta normativa es nada más y nada menos que el debilitamiento de la organización sindical y organización social, únicas con capacidad para ponerle freno a esta situación de miseria planificada que el Gobierno nacional, el macrismo, el menemismo en su momento y la dictadura cívico-militar trajeron con el Fondo”, cuestionó Palmeiro.
Carlos Ullua, de la Asociación de ex Becarios de la Universidad de Bologna, explicó que “cualquier convenio colectivo implica una instancia que es controlada por el Gobierno, porque para que tenga obligatoriedad no solamente a los afiliados, sino a los que no están afiliados, la autoridad administrativa de trabajo tiene que homologar”.
El empresario textil Camilo Alan respaldó el proyecto sobre el cálculo de los intereses de los créditos laborales, pero se quebró en llanto al referirse a la crítica situación que vive el sector. “Ustedes cuando salen a la calle se llenan la boca hablando de las PyMEs y no entiende lo que es una PyME y lo que sufrimos las PyMEs. Yo no estoy en contra del sindicalismo, pero cuando a veces me atraso, me corren intereses usurarios y hay cosas que ya no podemos pagar”, arrancó.
“Estoy pasando un momento difícil como mucha gente; estamos sufriendo. Acá festejaron que venga el Fondo con 20 mil millones de dólares, y yo no me llevo un peso hermano. No se vende, la gente está sin plata; lloro por la gente, porque la gente no entra en mi negocio”, se quejó el empresario de 81 años con lágrimas en los ojos. Luego apuntó que con la apertura de importaciones “me están destruyendo la fábrica” y opinó que el presidente Javier Milei “no quiere a las industrias ni a las PyMEs”.
Mauro González, presidente de la Confederación Federal PyME, se sumó al reclamo: “Estamos en un contexto de efecto morsa para las PyMEs, tenemos un mercado interno completamente depreciado y una apertura de las importaciones”, lo que “va a repercutir en mayor desocupación e inevitablemente en menos trabajadores y PyMEs”.
Gustavo Kechichian, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina, se refirió a las contribuciones exigidas por las cámaras empresariales y denunció que hay empresas que “constantemente son intimadas al pago de una contribución” y que esas asociaciones “exigen pagos con la amenaza de iniciar acciones judiciales”. “Estas contribuciones no tienen ningún fundamento legal”, afirmó y señaló que el artículo 9 de la Ley 14.250 habla “en favor de las asociaciones de trabajadores no de personas jurídicas como las cámaras empresarias”.
