El manual de los jueces para evitar las causas de represión 

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Un año y dos meses después de la represión de la protesta contra la Ley Ómnibus (que luego sería Ley Bases), donde un abogado de derechos humanos recibió un balazo de goma en el ojo izquierdo, en el que perdió la visión, el juez federal Julián Ercolini decidió declararse incompetente y enviar la causa al fuero penal ordinario. Lo hizo, además, después de que el fiscal de la causa, Ramiro González, pidiera la indagatoria de 18 agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Federal (PFA) y de uno de la Policía Montada por lesiones graves y leves en concurso con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En lugar de citar a los efectivos, Ercolini se sacó la causa de encima. 

El argumento del juez es que la PFA estaba cumpliendo funciones locales, de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que los efectivos fueron a despejar la calle en virtud del protocolo anti-protesta que inventó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullirch, pero no estaban cuidando edificios o lugares sujetos a jurisdicción federal. Sin embargo, la experiencia a lo largo de este año indica que cuando el Gobierno nacional quiere acusar a los manifestantes por delitos graves, como violaciones al orden constitucional, entonces sí utiliza el argumento de que las fuerzas están custodiando –por ejemplo– el Congreso.

En las movilizaciones de los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2024, cuando la Cámara de Diputados trataba la ley insignia del gobierno de Javier Milei, la Comisión Provincial por la Memoria relevó 23 detenciones arbitrarias, 285 personas con lesiones producidas por golpes con tonfas, disparos con balas de goma y gases. Además, al menos, 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos sufrieron agresiones policiales. Fue una de las primeras muestras de la aplicación del protocolo de Bullrich que habilita a las fuerzas de seguridad federales a actuar en flagrancia. Dicho de otro modo, convierte a la protesta (que es un derecho constitucional) en un delito en flagrancia con la excusa de despejar las vías de circulación.  

Aquellos días del año pasado, los policías federales motorizados se llevaron el protagonismo: daban vueltas en círculos por la avenida Entre Ríos; iban de a dos y el que iba en la parte trasera era el que disparaba. Tiraron gases y balas de goma hacia los manifestantes que se encontraban en la plazoleta frente al Congreso y hacia quienes estaban en la esquina de Hipólito Yrigoyen. La imagen era muy clara: nadie cortaba la calle salvo los policías. Lo que buscaban era desarmar la movilización por completo. 

Matías Aufieri, asesor del bloque de diputados del Frente de Izquierda, estaba allí junto con otros abogados defensores de los derechos humanos, monitoreando la situación, que era visiblemente abusiva. Cerca de las 21 horas del 1 de febrero estaba en la plazoleta cuando un grupo de unos 30 policías en moto comenzó a tirar un gas lacrimógeno altamente irritante, que genera dolor y problemas respitarios. También dispararon balas de goma hacia el lugar donde estaba ubicado, lo hacían apuntando a la cabeza de los manifestantes y a muy corta distancia –declararía después–. Uno de los perdigones de goma impactó en su ojo izquierdo y sufrió la pérdida total de la visión de ese lado. 

La denuncia original fue realizada por Luciano Hazan, coordinador del Programa contra la Violencia Institucional y Defensor Coadyuvante de la Defensoría General de la Nación, y, luego, se acumularon las denuncias de agrupaciones y organismos. Aufieri quedó como querellante en el expediente y está representado por la exdiputada Myriam Bregman y Carlos Platkowski, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). El fiscal González imputó a un grupo de policías porque no fue posible individualizar quién hirió a Aufieri y a otras personas. En el expediente declararon varios trabajadores de prensa, fueron jornadas donde quedó en evidencia que hay un ataque deliberado hacia periodistas y fotógrafos, que son quienes pueden  tomar registro de los posibles delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. 

La decisión de Ercolini será apelada. Como sea, la resolución del juez provoca una nueva dilación que se agrega a la ya existente en el trámite de la causa. “Si la justicia hubiese actuado rápidamente cuando en un operativo de Bullrich le dispararon en la cara a Matías Aufieri y le produjeron la pérdida de la visión de un ojo, muchas de las graves lesiones como las que sufrió Pablo Grillo se podían haber evitado. La impunidad solo genera más impunidad. Todos miran para otro lado, por eso la ministra sigue actuando así, y mandando motos a atropellar a los manifestantes”, escribió Bregman en su cuenta de “X”. Y agregó: “Pueden dar fe todos los que me cruzo los miércoles (en la marcha de los jubilados), alerto todo el tiempo que las motos van contra las personas…”. Aufieri sumó: “En cada denuncia por crímenes de Bullrich y su policía, los jueces se declaran incompetentes, como Ercolini en mi causa a un año del hecho. Lo mismo pasa en la de Pablo Grillo. Se revolean las causas como si quemaran”. 

En la causa donde se investiga el disparo que recibió el reportero gráfico Pablo Grillo y la agresión de dos policías federales a la jubilada Beatriz Blanco, entre otros hechos represivos en la marcha de las y los jubilados del 12 de marzo, el juez Sebastián Ramos –en reemplazo de María Servini– dispuso algunas medidas. Le pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que mande todas las “actuaciones labradas” ese día, y que incluya: el marco normativo que se aplica (reglamentos y protocolos) y las guías de actuación para el manejo de “armamento no letal” que haya utilizado el personal. También la orden de la cartera de Bullrich para llevar adelante el operativo, “la nómina del armamento no letal con que fuera provisto el personal policial”, sumarios de las fuerzas sobre el operativo, qué sumarios administrativos se labraron y qué denuncias se realizaron. 

También le pidió los mismos datos a la cartera de seguridad porteña. A la jueza porteña Karina Andrade le pidió el listado de detenidos/as y los sumarios de las fuerzas sobre cada caso. Es la magistrada que decidió liberar a las 114 personas detenidas aquel día porque las fuerzas de seguridad no informaban las razones, los delitos ni dónde se encontraban alojadas.