El juez Civil y Comercial Federal, Alejandro Patricio Maraniello, quien este lunes dictó una medida cautelar para prohibir a los medios de comunicación la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había sido acusado por una entidad gremial por abuso de poder, acoso sexual y el supuesto desvío de fondos para una organización judicial que preside.
En su fallo, el juez Maraniello ordenó “el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 de agosto de 2025 que sean atribuidos a Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.
Sin embargo, dada la repercusión mediática de la noticia, hubo quienes recordaron la situación judicial “complicada” que pesa sobre el magistrado, acusado de múltiples delitos.
Las denuncias corresponden a 2024, cuando Maraniello se postulaba para ascender a camarista. En total, se abrieron contra él seis expedientes, que volvieron a moverse el 19 de agosto de este año, cuando el Consejo de la Magistratura lo notificó formalmente para que haga su descargo.
El juez, ahora conocido por la sentencia a favor del Gobierno, había recibido las acusaciones por parte de la la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN). Entre los expedientes que se le abrieron, está el testimonio de una empleada que declaró haber sido hostigada por el juez desde que empezó a trabajar en su juzgado. La mujer había revelado que aceptó salir con el magistrado fuera del ámbito laboral por temor a perder su empleo, ocasión en la que, según figura en la denuncia, fue víctima de tocamientos no consentidos.
Además, el Consejo de la Magistratura recibió otras denuncias contra Maraniello. Tal es el caso de un hombre que lo denunció por “desconocimiento inexcusable del derecho, incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas procesales o reglamentarias, negligencia grave en el ejercicio del cargo y falta de cumplimiento de los deberes y pautas de comportamiento ético”. El hombre, quien reclamaba por la salud de su madre, le pidió al magistrado la habilitación de feria a fin de que se intime al PAMI a que diera “urgente cumplimiento a la entrega de un colchón antiescaras y establezca cuando será asistida por personal de kinesiología para evitar que quede paralizada”. Maraniello no dio curso al trámite y pedido formalizado, por lo que el denunciante emitió una acusación formal contra el juez, acusándolo de incumplir con los tratados internacionales suscriptos por la Argentina en desmedro de los derechos de su madre.
En su historial, Marianello también tiene otra denuncia por cuestiones vinculadas al PAMI, realizada por la abogada Patricia Neme, quien pidió que se investigue si el juez incurrió en el delito de prevaricato. Ante este contexto, fuentes judiciales aseguraron que el fallo de Marianello respecto de la causa de corrupción, que involucra a Karina Milei, no es inocente. “El Gobierno buscaba a un magistrado que les firme esto y encontraron a uno muy desesperado por su futuro”, aseguraron. De hecho, según trascendió, había mucho enojo en Tribunales por la decisión del juez federal de dictar el cese de la difusión de los audios de Karina. “Imaginate que Rial se rebele y los publique. ¿Qué pasaría? ¿Quién se va a hacer cargo de las consecuencias? No tiene argumentos para lo que hizo”, agregaron.
Según los fundamentos de Maraniello, “el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión” de los audios de la hermana del Presidente Milei. El argumento tiene una contradicción: el juez reconoce no estar en conocimiento del contenido de los audios, por lo cual sería imposible que supiera cuán gravosa puede ser su publicación.
