El Gobierno no cesa en su intención de reescribir la historia sobre el último golpe de Estado en clave negacionista. Esta vez utilizó el caso del asesinato del militar Humberto Viola y de su hija, sucedido en 1974 en manos del PRT-ERP, al que busca categorizar como delito de Lesa Humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a que ya fue juzgado en 1979 (en plena dictadura) con la condena de cuatro personas, que reconocieron el hecho bajo torturas.
La reutilización del caso, que fue uno de los caballitos de batalla históricos de la vicepresidenta Victoria Villarruel para instalar la teoría de los dos demonios, formó parte de los anuncios oficiales en el marco de los 49 años del golpe, junto al video institucional en el que el Gobierno reivindica y justifica el genocidio.
Que el binomio Milei-Villarruel es negacionista de los crímenes de la última dictadura no es novedad. Que la dupla y su séquito de funcionarios actuaron y actúan desde la venganza sobre el movimiento de derechos humanos, las políticas de memoria, verdad y justicia y los avances que durante décadas se fueron ganando en materia de reparación, de educación y de difusión sobre los hechos que dejaron como saldo detenides desaparecidos, miles de muertes, familias destruidas, bebés arrebatades a la verdad e infancias destrozadas, entre otros tantos efectos, tampoco. En ese plan, la apropiación de conceptos y consignas paridas por los colectivos de familiares de desaparecidos, las Madres y las Abuelas, es uno de sus métodos favoritos: memoria, justicia, lesa humanidad, desclasificación de archivos aparecen mezclados en discursos y mensajes negacionistas y reivindicadores de la última dictadura.
El 1° de diciembre de 1974, una célula de la Compañía de Monte Ramón Rosa JIménez del PRT interceptó al capitán Humberto Viola mientras estacionaba su auto en la puerta de su casa, en la capital de Tucumán. El militar se resistió. Hubo un tiroteo y como consecuencia murieron él y su hija de 3 años, María Cristina. Según historizó el académico Santiago Garaño, el ataque formó parte de una represalia del PRT-ERP contra el Ejército por haber fusilado a 14 militantes de esa agrupación en Catamarca, en agosto de aquel año.
En 1979, fueron condenados a cadena perpetua seis personas. La condena se consiguió con declaraciones arrancadas bajo tortura: a uno de ellos, menor de edad, lo colocaron en un cajón y simularon enterrarlo vivo. Otro de los detenidos debió presenciar cómo torturaban al padre. El caso condensó, hacia adentro de las fuerzas, “un fuerte compromiso hacia la represión ilegal”, puntualizó Garaño.
Este hecho fue uno de los caballitos de batalla históricos sobre los que Villarruel construyó su identidad política de defensa de los represores enmascarada en la de “las víctimas del terrorismo”.
“En el año 2008, la justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad”, apuntó esta mañana Adorni. “Bajo la presidencia de Javier Milei se decidió entablar diálogo con la familia, llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa donde se revierte la mirada sesgada e ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70”, contó,
En 2016, pleno gobierno de Mauricio Macri, la familia Viola acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una de las audiencias en las que se trató el caso, el gobierno argentino –gestión Horacio Pietragalla como secretario de Derechos Humanos– rechazó considerarlo como crimen de lesa humanidad, bajo argumentos del Estatuto de Roma y jurisprudencia local. El Gobierno señaló en ese momento que el caso no debía ser atendido por el organismo internacional ya que las sentencias de los tribunales argentinos esclarecieron los hechos y condenaron a los culpables, que pagaron su pena. Y que la familia Viola nunca se quejó de la justicia recibida, solo lo hizo 26 años después de que la condena quedara firme y mucho tiempo después de que los acusados recuperaran la libertad. La misma presentación de la familia Viola asegura que la motivación de recurrir ante de la CIDH se debe a que “la sociedad se ha vuelto a dividir arengada por un gobierno con las mismas ideologías que aquellos que atacaron a mi familia”. Es decir, no se trata de un planteo jurídico sino político. Por otro lado, el Gobierno argentino en ese momento recordó que no son equiparables los crímenes cometidos desde el Estado y considerados delitos de lesa humanidad que los realizados por organizaciones armadas.
El Gobierno de Milei instruyó a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería, a cargo de Nahuel Sotelo, para que establezca ante la CIDH que el crimen de la familia Viola debe ser considerado un delito de lesa humanidad, tras argumentar que se trató de “un conflicto armado interno”. También se informó que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer “la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos”. Según fuentes del organismo internacional, la CIDH todavía se pronunció acerca de la admisibilidad del caso. Aunque el gobierno y la familia hayan firmado el acuerdo, la CIDH debe decidir si lo homologa, es decir, si lo acepta.
“Lo que el gobierno y la derecha llaman ‘memoria completa’ es un concepto que fue decididamente planificado y que, lejos de buscar ‘memoria o verdad, busca impunida”, remarcó Myriam Bregman.
