El Senado reactivará este miércoles el debate para ampliar la Corte Suprema con ocho proyectos sobre la mesa, incluido uno impulsado por el senador aliado Juan Carlos Romero. Aunque inicialmente algunos senadores del oficialismo vieron con buenos ojos la iniciativa, en la Casa Rosada toman distancia y aclaran que no hay urgencia para avanzar con esa reforma en el corto plazo. Sin embargo, el Gobierno aprovecha el impulso para meterse de lleno en otra disputa: el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN). La semana pasada, Martín Menem, a través de los diputados libertarios, presentó un proyecto para cubrir vacantes en el organismo y quedarse con un lugar más para la Cámara de Diputados en detrimento del Senado. Karina Milei empujó las gestiones para acelerar su tratamiento, justo cuando la Cámara alta también se prepara para legislar sobre la composición de la AGN. El as del DNU bajo la manga que teme la oposición.
Tras el revés parlamentario que, dos meses atrás, frustró las designaciones por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel José García Mansilla, el Senado vuelve a la carga con la reforma de la Corte Suprema. La discusión comenzará formalmente este mediodía en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, aunque despierta pocas expectativas. En Balcarce 50 le quitaron la venia al proyecto de Juan Carlos Romero y aseguran que “se cortó solo”. La iniciativa del salteño fue presentada al día siguiente de la caída de Ficha Limpia y contempla una de las demandas del peronismo: la ampliación del máximo tribunal.
Más allá de las coincidencias en el objetivo, hay matices que marcan distancia. Unión por la Patria volverá a presentar el proyecto de la rionegrina Silvia Sapag, que propone elevar a quince el número de jueces y que obtuvo media sanción en el gobierno anterior. Para el interbloque peronista hay dos condiciones clave: que la nueva composición refleje el federalismo y garantice la paridad de género. En ese sentido, también se suma el proyecto de la salteña Nora del Valle Giménez, que incorpora de manera explícita el principio de equidad.
Sin embargo, en UxP también se mostraron cautelosos. “No vamos a tomar como oficial un proyecto de un aliado. Si quieren ampliar la Corte, que vengan a presentar su proyecto”, dijo a Página/12 un senador del bloque. La desconfianza no es casual: ninguna voz del Gobierno se adjudicó la jugada, más allá de la expresión de deseo del ministro Mariano Cúneo Libarona sobre la conveniencia de sumar miembros al tribunal. En la Casa Rosada hay acuerdo sobre la necesidad de ampliar la Corte y cubrir las más de 200 vacantes de la justicia federal, pero no hay consenso sobre los tiempos, la estrategia ni los nombres. Por eso, en el oficialismo no descartan que la discusión se dilate hasta después de las elecciones.
Desde fines de 2021, el tribunal funciona con solo cuatro integrantes, tras la salida de Elena Highton de Nolasco, que no tuvo reemplazo. En diciembre pasado se sumó la renuncia de Juan Carlos Maqueda al alcanzar la edad límite. Desde entonces, el máximo tribunal opera con solo tres miembros. La discusión por su composición volvió a foja cero con la caída de los pliegos de los jueces Lijo y Mansilla y será un abordaje abstracto mientras el oficialismo no defina nuevos postulantes.
Un plan para neutralizar la AGNEste miércoles se moverán fichas tanto en el Senado como en Diputados para romper la parálisis de la Auditoría General de la Nación, el único cuerpo habilitado para poner la lupa sobre la administración pública. En la Cámara baja está prevista a las diez de la mañana una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respalda la iniciativa de Martín Menem, que le arrebata una silla al Senado. “Un plan destinado a ensuciar las negociaciones”, coinciden dirigentes de varios bloques.
La maniobra de los libertarios se activó cuando la semana pasada la oposición en Diputados se encaminaba a completar sus vacantes con Juan Ignacio Forlón y Emilio Monzó. El apuro responde a una lógica clara: si el oficialismo logra la media sanción en alguna de las cámaras, podría neutralizar el avance de la oposición. “Si ellos tienen media sanción en una de las cámaras, frenan las designaciones de la Auditoría. Lo hacen para que no haya AGN hasta diciembre, con la nueva composición del Congreso”, explicó con resignación una diputada en diálogo con este diario.
En Diputados, el oficialismo buscará recuperar el control de una negociación que se les fue de las manos aunque la oposición desestima la jugada: “va a avanzar en el Senado, y lo que salga de allá vendrá para acá”, explicaron. En Unión por la Patria reaccionaron con sorpresa: “Quieren dictaminar sin consultar nada a nadie”. La desconfianza hacia las maniobras libertarias es total. A tal punto que un diputado de opositor arriesgó: “El Gobierno va a avanzar por DNU, modificando la estructura y haciendo la AGN unipersonal”. La presunción, basada en información que el legislador asegura haber escuchado, plantea un escenario en el que el Ejecutivo saldaría la discusión por decreto y transformaría la Auditoría: de un cuerpo colegiado de siete miembros, a una sola figura.
Hoy ninguna de esas seis vacantes está ocupada. Las tres que corresponden a Diputados y las tres del Senado vencieron el pasado 31 de marzo. Actualmente, la AGN solo tiene a su presidente en funciones, Juan Manuel Olmos. En un principio, la estrategia de los libertarios consistía en negociar en conjunto la ampliación de la Corte y las vacantes en la AGN, bajo la lógica de que, a más cargos para repartir, más fáciles serían las negociaciones. Pero el tablero político se desordenó.
Una de las propuestas que el interbloque de Unión por la Patria en la Cámara alta tiene en carpeta para cuando se cierre el debate por la Corte apunta a reformar el esquema de la Auditoría General de la Nación. Impulsada por los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, la iniciativa plantea una reconfiguración del organismo con ocho auditores —cuatro por cada cámara— además del presidente, y reduce a la mitad la duración de los mandatos, llevándolos de ocho a cuatro años. El salteño Juan Carlos Romero también presentó una iniciativa que tiene coincidencias. Su propuesta es mantener las seis sillas actuales pero acortar los mandatos. Ambos proyectos, que están alineados, podrían sintetizarse en uno solo.
En los pasillos del Congreso algunos ya la señalan como una posible salida al bloqueo en Diputados, donde La Libertad Avanza, el PRO y UP pujan por quedarse con un lugar, mientras intentan desplazar a Mario Negri, el candidato propuesto por la UCR.
Al cierre de esta edición, el diputado Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, presentó su propio proyecto para reformar el mecanismo de designación de la Auditoría General de la Nación. Aunque mantiene el esquema actual de tres auditores por cámara y no propone modificaciones sobre la duración del mandato, introduce un cambio clave en la forma de elección: plantea que se confeccione una lista con todos los candidatos propuestos y que la votación se realice en el recinto, permitiendo que cada legislador elija a un solo candidato. Los tres más votados serían entonces los designados.
