La medida se oficializó mediante el Decreto 84/2026 y redefine el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. Además, el Ejecutivo designó a Alejandro Vilches al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasa a depender del Ministerio de Salud.
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad luego de un fallo judicial que ordenó su aplicación inmediata. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y establece los lineamientos del nuevo esquema de pensiones no contributivas por discapacidad.
La norma fue firmada por el presidente Javier Milei y responde a una resolución del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que había fijado un plazo límite para su implementación.
El fallo que obligó al Ejecutivo a avanzar con la reglamentación
La reglamentación llega tras una sentencia dictada en diciembre de 2025, cuando el juzgado federal declaró inválida la suspensión de la ley y ordenó su puesta en vigencia inmediata, con fecha límite el 4 de febrero.
El fallo se originó a partir de un amparo colectivo presentado en representación de dos menores, en el que se cuestionó la decisión del Ejecutivo de frenar la aplicación de la norma por razones presupuestarias.
El conflicto entre el Gobierno y el Congreso por la ley
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido sancionada por el Congreso en septiembre de 2025. Sin embargo, el Poder Ejecutivo intentó impedir su entrada en vigencia mediante un veto, argumentando falta de recursos para su financiamiento.
Aunque la Cámara de Diputados insistió con la promulgación, la aplicación quedó suspendida a la espera de definir cómo se cubriría el costo fiscal, lo que derivó en la judicialización del caso.
Qué establece el Decreto 84/2026 sobre las pensiones por discapacidad
El decreto reglamentario define los requisitos de acceso, los criterios de evaluación socioeconómica y las incompatibilidades del nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad.
Según el texto oficial, la implementación del sistema requiere procedimientos formales y controles específicos, cuya ejecución quedará a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Cambios institucionales y nuevo rol del Ministerio de Salud
En paralelo a la reglamentación, el Gobierno dispuso que la Secretaría Nacional de Discapacidad pase a depender del Ministerio de Salud y designó al abogado Alejandro Vilches como su nuevo titular.
Desde esa área se coordinarán las políticas vinculadas a la aplicación de la ley y al control del sistema de pensiones.
Auditorías, control federal y participación de organismos
La normativa también establece la convocatoria al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación y fija un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas.
Además, prevé mecanismos de articulación con otros organismos estatales y de la sociedad civil, como el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, con el objetivo de garantizar una implementación federal y controlada del nuevo régimen.
La reglamentación se publicó sobre el límite del plazo judicial y marca un punto de inflexión en el conflicto entre el Ejecutivo, el Congreso y la Justicia por la aplicación de la ley.
