El incremento fue dispuesto por decreto y no será retroactivo. Además, los sueldos quedarán congelados automáticamente si se registra déficit fiscal financiero.
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este viernes un aumento salarial para ministros y altos funcionarios del Gobierno, a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, el primero del año 2026.
La medida alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores del Poder Ejecutivo, cuyos ingresos permanecían congelados desde diciembre de 2023. Sin embargo, el decreto aclara expresamente que el incremento no aplica para el presidente Javier Milei ni para la vicepresidenta Victoria Villarruel, y que no tendrá carácter retroactivo.
Si bien en las últimas semanas se había especulado con subas de entre el 60% y el 100%, la normativa no detalla los nuevos montos que comenzarán a percibir los funcionarios a partir de enero.
El aumento salarial comprende a las autoridades incluidas en los regímenes establecidos por los decretos N° 838/94, N° 1716/92 y N° 140/07, así como a funcionarios con rango y jerarquía equivalente dentro de la administración nacional.
Uno de los puntos centrales del decreto establece que, en caso de registrarse un déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones de estas autoridades quedarán automáticamente congeladas y no podrán recibir nuevos incrementos mientras persista esa situación. Según el texto oficial, la cláusula busca “reafirmar la importancia del superávit fiscal”.
En los considerandos, el Gobierno señaló que resulta necesario contar con un esquema de remuneraciones “adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas” por la conducción superior del Estado, en el marco de un proceso de profesionalización y fortalecimiento institucional.
Actualmente, el salario del Presidente asciende a $4.066.018, el de la Vicepresidenta a $3.764.820, mientras que los ministros perciben $3.584.006, los secretarios $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510.
Por último, el decreto instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a avanzar en la implementación de un nuevo sistema de empleo público basado en el mérito y la evaluación periódica del desempeño, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la profesionalización del Estado.
