En septiembre de 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país para investigar las denuncias sobre secuestros y desapariciones, la dictadura decidió mover a los prisioneros que estaban en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a un lugar donde no pudieran encontrarlos. La locación seleccionada fue El Silencio, una isla del Delta que era propiedad de la Iglesia. Hace doce años que sobre el lugar rige una medida de no innovar que impide que pueda hacérsele cambios. Días atrás, el Gobierno de Javier Milei le comunicó al juez federal Ariel Lijo que no tenía intenciones de preservar el sitio.
El Silencio son unas 50 hectáreas. Es un terreno ubicado junto al arroyo Tuyú-Paré en el Delta de San Fernando. Allí, hay dos edificaciones: una conocida como Casa Grande; la otra, como Casa Chica. Las dos viviendas se usaron entre septiembre y octubre de 1979, mientras los integrantes de la CIDH recorrían distintas locaciones sobre las que tenían reportes de que podrían funcionar como centros clandestinos de detención (CCD).
Los prisioneros fueron sacados de la ESMA y llevados en una lancha hasta El Silencio. La Casa Grande fue ocupada por los detenidos-desaparecidos que estaban sometidos a un régimen de trabajo esclavo, pero que, al fin y al cabo, les daba más posibilidad de movimiento. En la Casa Chica, instalaron a aquellos que estaban secuestrados en el sector de “Capucha” de la ESMA. En El Silencio se replicaba el funcionamiento y la segmentación del campo de concentración de Avenida del Libertador.
El lugar le pertenecía a Antonio Arbelaiz, administrador de la Curia de la ciudad de Buenos Aires. Arbelaiz instituyó como único heredero de todos sus bienes al Arzobispado de Buenos Aires, reconstruyó el periodista Horacio Verbitsky en su libro El Silencio. La propiedad después pasó a manos del monseñor Emilio Teodoro Grasselli, secretario del Vicariato General Castrense. Grasselli atendía en la iglesia Stella Maris –enfrentada a lo que hoy son los tribunales de Comodoro Py– y conocía con detalle lo que sucedía en la ESMA. Grasselli le “vendió” la propiedad al grupo de tareas de la ESMA, que hizo la escritura a nombre de uno de los secuestrados.
En 2013, hubo una primera inspección ocular a la isla. Los sobrevivientes dijeron que el lugar estaba prácticamente igual. El juez federal Sergio Torres, entonces a cargo de la megacausa ESMA, dictó una medida de no innovar sobre el terreno. Le ordenó a la Prefectura Naval Argentina (PNA) que fuera diariamente a El Silencio a corroborar que todo se mantuviera como estaba y que una vez al mes informara al juzgado.
El 7 de septiembre de 2019, cuando se cumplieron 40 años de la visita de la CIDH, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), a partir de una iniciativa de la Comisión Zona Norte, señalizó el lugar como un sitio de memoria.
La SDH hizo distintas visitas de relevamiento. La última recorrida tuvo lugar el 29 de abril del año pasado. El equipo de conservación de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de la SDH recorrió la isla. Tomó fotos y supervisó las obras de contención que funcionan como defensa frente al oleaje del río.
El equipo le informó a Lijo –que está a cargo actualmente de la megacausa ESMA– que la Casa Grande estaba bastante conservada, pero que la Casa Chica había empeorado bastante desde la última visita. Los expertos sugirieron algunas medidas: cerrar las aberturas y todos los sectores donde se observa ingreso directo de agua. Las propuestas no eran demasiado onerosas: colocar nylon o maderas para obturar esos accesos.
El 14 de mayo del año pasado, Lijo le dijo a la SDH que tenía que adoptar esas medidas que había sugerido el equipo de conservación. Le recalcó que eran “tareas propias” porque la Ley de Sitios (26.691) establece que la SDH es la responsable de preservar los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante los años del terrorismo de Estado.
Lijo insistió en varias oportunidades para saber qué estaba haciendo la SDH para preservar la isla del Delta, pero solo hubo silencio.
Plata no hay; memoria, tampocoLa respuesta llegó el lunes pasado. “Esta nueva gestión entiende que no es tarea de esta subsecretaría el control del cumplimiento de las acciones sugeridas por el equipo de conservación, por cuanto se estima correspondiente un rol que esta agencia no puede cumplir”, dice la escueta comunicación a la que tuvo acceso Página/12.
El Gobierno no explica por qué cree que no tiene que preservar la isla que funcionó como campo de concentración en 1979. No explicita si desconoce la Ley de Sitios, si aduce que no tiene fondos o si considera que, al ser prueba judicial, es responsabilidad del Poder Judicial –como algunos funcionarios dijeron informalmente.
La contestación es desprolija. Alberto Baños dice que responde en su calidad de “subsecretario de Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación”, pero firma como “asesor” de la Secretaría de Derechos Humanos –que ya no existe más desde hace diez días.
La respuesta de Baños no cayó bien en Comodoro Py. Lijo ya le dijo hace un año que era responsable de preservar El Silencio. Es probable que se lo recuerde.
Lijo le generó algún que otro dolor de cabeza a Baños. En enero, le ordenó garantizar el funcionamiento de los sitios de memoria ubicados en la Ciudad de Buenos Aires ante la ola de despidos que estaba ejecutando. En noviembre del año pasado, le señaló que no podía permitir actos negacionistas dentro del espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la ESMA. Fue después de una presentación que hicieron los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi, de la querella Kaos, por la irrupción de un grupo de retirados que fueron a cantar la marcha de la Armada y a sacarse selfies junto al avión de los vuelos de la muerte.
La degradación de los Derechos HumanosDespués de 23 años, la Argentina ya no tiene una SDH. El Gobierno de Javier Milei decidió degradarla a subsecretaría. Desde que comenzó la gestión, se produjeron más de 400 despidos en el área. El vocero Manuel Adorni anunció un recorte adicional del 30 por ciento, lo que, según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), implicarían 170 nuevas desvinculaciones. Baños se ha ido quedando sin trabajadores que puedan redactar un texto coherente y cohesionado, como lo prueba la respuesta que le envió el lunes a Lijo.
El Gobierno decidió, además, desjerarquizar el Museo Sitio ESMA –que es patrimonio de la humanidad– y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM). Ambas instituciones funcionarán como “unidades operativas” del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) –que ya es manejado por la abogada ultracatólica Ana Mármora, pese a que no tiene designación todavía.
En una nueva provocación, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona anunció el miércoles que el Gobierno cedería un edificio de la ex-ESMA para que se muden los fiscales de Comodoro Py. En los tribunales de Retiro, el comunicado cayó pésimo. En la Procuración le dijeron a Página/12 que podrían aceptar el ofrecimiento sin que implique una mudanza de los moradores de Comodoro Py.
