“El Gobierno ignora que la migración es un factor de desarrollo” 

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Las principales organizaciones que nuclean a personas migrantes en el país y un grupo de investigadores del Conicet criticaron en duros términos el decreto con que el Gobierno endureció esta semana –luego de varios amagues y anuncios– la política migratoria. De acuerdo al documento, al que accedió Página/12, el DNU 366/2025 publicado este jueves “restringe a las personas migrantes derechos que la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes del país, basándose en datos falsos, sembrando prejuicios, sin argumentos e ignorando la realidad migratoria argentina”. 

El documento –que lleva las firmas de la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el CELS y el Programa Migración y Asilo del Instituto de Justicia y Derecho Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), entre otras argupaciones– sostiene que la reforma “descone de manera absoluta la realidad de los migrantes en el país, los datos más básicos” y “parece querer emular las medidas de carácter xenófobo y arbitrario Donald Trump en Estados Unidos, realizada también por decreto, de espaldas al Congreso”. 

Las organizaciones también realizaron una defensa de la ley de Migraciones vigente. “Nuestra ley de migraciones vigente, hoy fuertemente impugnada por el DNU 366, se aprobó luego de un proceso ejemplar, casi inédito, de participación social y política. Se aprobó por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso Nacional; y desde su sanción, todos los sectores implicados trabajaron mancomunadamente para hacer realidad su mandato y garantizar su aplicación transversal, por supuesto con luces y sombras”.

Las organizaciones sostienen que la medida se basa en que el Gobierno “desconoce los datos oficiales elementales sobre las migraciones en nuestro país”. “Argentina ha perdido en los últimos años su capacidad de atracción migratoria debido a la crisis económica y social: el Censo 2022 registró apenas un 4,2% de población nacida en el extranjero (1.933.463 personas), confirmando una tendencia a la baja. En 1960, la población extranjera llegaba a 2,6 millones de un total de 20 millones de habitantes. Incluso en números netos bajó el número de migrantes, a pesar que la población total creció en 25 millones desde entonces”, describieron. 

Además, aportaron que “el gobierno ignora que la migración es un factor de desarrollo para los países de destino”. “Bastaría leer –adviertieron– los medios del norte para informarse al respecto: España, por ejemplo, es el único país europeo cuyo PBI ha crecido en los últimos años, y el 80% de este incremento se debió precisamente a la inmigración, según lo evidencian informes y estadísticas oficiales”. “La inmigración es un indicador de salud económica, social y política”.

Los argumentos incluídos en el DNU “llegan a extremos de desconocimiento sobre el tema”, dicen las organizaciones, “al aludir a la política de deportaciones de EE.UU. como un potencial riesgo de invasiones de migrantes hacia la Argentina luego de ser deportadas desde el país norteamericano, gracias a las supuestas facilidades extremas que existen actualmente para entrar y permanecer en el territorio nacional, así como de utilizar sin cargo los servicios de salud y educación”.

“No han analizado ni un minuto la composición de las migraciones «expulsables» de EE.UU, que provienen en su mayoría de México, India, China, Filipinas y El Salvador. Tampoco parecen saber que las migraciones y movilidades operan por grupos regionales, observándose dinámicas claramente diferenciadas entre el norte y centro de América y América del Sur. En la Argentina, el grueso de las migraciones son sudamericanas (Paraguay 27%, Bolivia 17,5% y Venezuela 8,4%), con grandes facilidades de radicación asociadas a los Acuerdos de Residencia del Mercosur (2002) -por los cual los argentinos también pueden migrar con las mismas facilidades a cualquier país sudamericano-“, dice el documento. 

“El único colectivo que eventualmente podría dirigirse hacia Argentina es el venezolano, pero las estadísticas sobre la migración de millones de personas venezolanas son contundentes en cuanto a que la Argentina está lejos de ser uno de los principales países de destino. Aun con la ley vigente y la aplicación de la residencia Mercosur, más de 3 millones de venezolanos fueron a Colombia, más de un millón a Chile y Perú, y un poco menos a Brasil y Ecuador; en la Argentina no superan hoy los 200 mil, al tiempo que su número se ha contraído claramente luego de la pandemia, lo cual corrobora que la atracción no está en la ley y los derechos, sino en las oportunidades de inserción social, laboral y de enviar remesas”.

El decreto establece que, salvo casos de emergencia, los extranjeros deberán contar con seguro de salud o pagar por los servicios sanitarios en hospitales públicos, y que solo los residentes permanentes podrán recibir atención gratuita. Además, las universidades nacionales podrán establecer aranceles para estudiantes con residencia temporaria. El decreto, como el comunicado del 14 de mayo, alude a que los migrantes se benefician de los impuestos pagados por los argentinos. “Esta afirmación desconoce de forma absoluta el sistema tributario que financia los servicios públicos como la educación y la salud: los inmigrantes que habitan en el país -en cualquier categoría de residencia, incluso de manera irregular- contribuyen con sus impuestos, trabajo, gastos y alquileres al igual que cualquier otro habitante”, sostuvieron en el documento. 

“Respecto de la afectación de la Ley de Educación Superior, alegan una sobrerrepresentación de migrantes en las universidades públicas argentinas, ofreciendo datos parciales y sesgados: según la estadística universitaria publicada por el Ministerio de Capital Humano, en las universidades públicas el peso de la población migrante es 3,9% a nivel de grado, mientras que en el posgrado (que es pago) es de 9,1%; al tiempo que estos valores son ligeramente superiores en las universidades privadas (5 y 13,6%). El gobierno, sin embargo, enfatiza sólo en la mayor presencia relativa de migrantes en la carrera de medicina, pero es preciso tener en cuenta que su formación -de entre 10 y 12 años- supone una transferencia directa al sistema sanitario argentino (mediante residencias y concurrencias) que, entre otras cosas, se manifesta en el fuerte aporte migrante (8,7%) al universo de profesionales de la salud de la Argentina. Tampoco ofrecen información fehaciente (sustentada en fuentes cotejables) que permita sustentar el mito del turismo sanitario de migrantes de “paso” por la Argentina”, agregaron. 

“Finalmente, esta restrictiva política xenófoba establece nuevos requisitos para acceder a la nacionalidad argentina. Si bien reconoce el derecho a obtenerla sin exigir siquiera un día de residencia en el país, a quienes realicen una “inversión relevante en el país”, pueden solicitarla cualquiera sea el tiempo de residencia (por 500 mil dólares); para los migrantes “de a pie” endurece los requisitos (exigiendo condiciones de tipo y tiempo de residencia que ya la Corte Suprema de la Argentina había desestimado); y delega la facultad de otorgar la nacionalidad argentina a la Dirección Nacional de Migraciones (agencia del Poder Ejecutivo encargada del control migratorio), lesionando el conjunto de garantías procesales que el Poder Judicial resguardaba en el trámite; todo ello, sin mediar informes que justifiquen la necesidad o urgencia de la reforma en este plano”, concluyeron. 

La carta, que puede consultarse aquí, fue firmada por la Red de Inmigrantes Latinoamericanos (RIL), el Grupo de Estudios sobre Migraciones, Políticas y Resistencias (MiPRes) del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA), el Programa Migración y Asilo del Instituto de Justicia y Derecho Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa); la Encuesta Nacional Migrante de la Argentina (ENMA), el Área de Estudios Migratorios del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, el Programa de investigación Migraciones, Políticas y Desigualdades en perspectiva interseccional, Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), Universidad Nacional de Córdoba-CONICET, la Unión de Colectividades de Córdoba (UCIC), la Red Nacional de Líderes y Lideresas Migrantes de la Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Red de Investigación Argentina sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas (IAMIC), y el Programa de investigación Estudios Latinoamericanos Críticos sobre Migración y Fronteras, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba.