El Gobierno evalúa volver a convocar a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero

El Ejecutivo analiza retomar la actividad parlamentaria en febrero para avanzar con la reforma laboral y el proyecto de glaciares, mientras descarta por completo sesionar durante enero.

El Gobierno nacional estudia convocar a una nueva etapa de sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 2 y el 27 de febrero, con el objetivo de retomar la agenda legislativa pendiente y avanzar con proyectos considerados prioritarios por el oficialismo.

Según confirmaron fuentes oficiales, la intención es dar continuidad al temario enviado en diciembre, que incluye la denominada “modernización laboral” y la iniciativa vinculada a glaciares. El eventual nuevo período se sumaría al que rigió entre el 10 y el 30 de diciembre y se daría en un escenario en el que el Ejecutivo reconoce que aún no cuenta con los votos necesarios para sancionar algunas de las iniciativas clave.

Desde el Gobierno ya descartaron cualquier tipo de actividad parlamentaria durante enero y señalaron que el 2 de febrero es la fecha con mayores posibilidades para reanudar el debate legislativo. 

El principal eje de discusión será la reforma laboral, uno de los proyectos más sensibles del temario y que enfrenta una fuerte resistencia del sindicalismo. La iniciativa había sido postergada semanas atrás justamente por la falta de consensos para su aprobación.

Para el presidente Javier Milei, se trata de una reforma central para profundizar su programa económico y fomentar el empleo privado.

Con vistas a febrero, el oficialismo confía en intensificar las negociaciones políticas para destrabar el proyecto. En ese esquema, Patricia Bullrich, como jefa del bloque de senadores libertarios, tendrá un rol clave en la construcción de acuerdos, acompañada por referentes de la Casa Rosada como Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En contraste, otras iniciativas de peso quedarán fuera de la agenda de extraordinarias. Entre ellas, la reforma del Código Penal, que fue descartada debido a su complejidad y a la necesidad de un debate más extenso en comisiones y en el recinto.

 

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