El Ejecutivo enviará al Congreso un nuevo proyecto para reformar el financiamiento de las universidades públicas, con el objetivo de garantizar viabilidad fiscal y reemplazar la ley vigente en medio de negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional.
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de nueva Ley de Financiamiento Universitario con el objetivo de responder al reclamo de las universidades públicas y, al mismo tiempo, “garantizar viabilidad fiscal” y otorgar seguridad jurídica al sistema.
La iniciativa busca modificar el esquema actual de financiamiento sin derogarlo completamente, en medio de tensiones por la actualización de partidas presupuestarias y salarios docentes.
Por qué el Gobierno quiere modificar la ley
El Ejecutivo apelará la medida cautelar que lo obliga a ejecutar la ley vigente, la cual contempla la actualización de los salarios docentes y de las partidas destinadas a las universidades. Sin embargo, en paralelo avanzará con un nuevo proyecto que introduzca cambios estructurales en el sistema de financiamiento.
En los últimos días, funcionarios del presidente Javier Milei iniciaron negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para trabajar en una reforma consensuada. El oficialismo necesitará respaldo político para que la nueva norma pueda reemplazar a la anterior cuando llegue al Congreso.
Con el objetivo de ajustar el texto y reforzar su “viabilidad”, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del CIN para pulir los detalles técnicos de la iniciativa.
Sesiones extraordinarias
El Ejecutivo también busca incorporar el tratamiento de la nueva ley en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. El decreto correspondiente se firmará en las próximas horas y será publicado en el Boletín Oficial el lunes, junto con la oficialización de la prórroga de las sesiones hasta el 28 de febrero.
La decisión se da en un contexto legislativo activo, luego de que el Senado aprobara la reforma laboral y la Cámara de Diputados otorgara media sanción a la ley penal juvenil, además del avance del acuerdo del Mercosur.
Con este nuevo proyecto, el Gobierno intentará equilibrar las demandas presupuestarias del sistema universitario con su estrategia de orden fiscal, en un escenario de negociación política clave para su aprobación.
