Desde el 1° de agosto, las empresas de transporte de caudales dejarán de informar al Estado quién contrata sus servicios, cuánto dinero trasladan y hacia dónde lo llevan. Así lo dispuso la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a través de la Resolución General 5733/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La medida deroga un régimen vigente desde 2012 que permitía trazar parte de la ruta del efectivo en uno de los sectores más sensibles del circuito financiero.
La norma eliminada formaba parte de la Resolución General 3421 e incluía el Anexo V, que obligaba a las empresas del rubro a reportar datos clave sobre cada operación: montos, frecuencia, origen y destino de los fondos, así como la identificación de los clientes.
¿Qué se pierde con esta decisión del Gobierno?
En nombre de la “simplificación normativa” y con la promesa de “mejorar la eficiencia del Estado”, el Gobierno desactiva una herramienta que servía para prevenir maniobras de evasión fiscal, lavado de dinero y movimientos sospechosos en un país donde el uso del efectivo sigue siendo alto y escasamente regulado. La trazabilidad que tenía este régimen era fundamental no sólo para fines impositivos, sino también para el control macroeconómico. Sin esos datos, el Estado pierde visibilidad sobre operaciones millonarias que, por fuera del sistema bancario, pueden nutrir circuitos paralelos de la economía.
Una política sistemática de desregulación
La derogación de este control no es un caso aislado. En lo que va del año, ARCA ya eliminó al menos otros seis regímenes de información, entre ellos los que seguían consumos relevantes, pagos de expensas y movimientos financieros personales. Todos bajo un mismo relato: menos burocracia, más libertad. Pero cuando se sacan controles, lo que crece no es la libertad, sino la opacidad. Y en un país donde sobran los dólares fugados, la informalidad avanza y el Banco Central cuenta cada billete, desarmar estos mecanismos no es inocente. Sin herramientas para fiscalizar, el Estado queda a ciegas justo donde más debería mirar. Las zonas grises no protegen a los ciudadanos, sino a quienes prefieren mover plata sin dejar huella.
