Con la Resolución 213/25, el Ejecutivo puso fin al monopolio legal del INTI en la verificación metrológica y habilitó plenamente la competencia de laboratorios privados, con el objetivo de reducir subsidios estatales y mejorar la eficiencia de los controles.
El Gobierno nacional avanzó en la desregulación del sistema de verificación metrológica al poner fin al monopolio legal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre los controles de medición utilizados en transacciones comerciales, como surtidores de combustible y balanzas.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 213/25 del INTI, firmada por su presidente, y se enmarca en lo establecido por la Ley Nº 19.511 del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), que exige garantizar la correcta medición de los instrumentos comerciales, asegurando que un kilo sea un kilo y un litro sea un litro.
Hasta ahora, estas tareas estaban históricamente concentradas en el INTI. Por ejemplo, las estaciones de servicio debían contratar obligatoriamente al organismo estatal para verificar sus surtidores, mediante controles presenciales realizados por técnicos con recipientes patrón.
Si bien la Resolución 276/2024 ya había habilitado a laboratorios privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) a realizar estas verificaciones, el INTI continuaba prestando el servicio a valores subsidiados, lo que —según el Gobierno— impedía el desarrollo de una oferta privada competitiva.
Desde el Ejecutivo señalaron que el esquema anterior implicaba una transferencia indirecta de recursos del Estado hacia grandes empresas, dado que los costos reales del servicio eran absorbidos en gran parte por el contribuyente. Además, cuestionaron la ineficiencia del sistema, al remarcar que muchos controles seguían siendo presenciales pese a la existencia de tecnología que permite monitoreos en tiempo real.
Con esta decisión, el Gobierno busca reducir subsidios, promover la competencia, mejorar la eficiencia de los controles y limitar la intervención estatal en actividades que pueden ser realizadas por el sector privado, en línea con la política de desregulación impulsada por la administración nacional.
