El plan desregulador del Gobierno avanza. Este martes se derogó un decreto que desde hace tres décadas regulaba el sistema de aranceles de la educación privada. Ahora, estas instituciones no necesitarán la autorización del Estado nacional para aumentar o modificar los montos de cuotas y matrículas: tendrán luz verde para hacerlo cuando lo requieran.
A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, se dio de baja el decreto 2417/93. Esta norma complementaba el marco que regulaba la educación pública de gestión privada.
De este modo, se eliminan las siguientes pautas para los establecimientos de enseñanza de gestión privada:• Ya no necesitarán obtener la autorización estatal previa para modificar los montos de las cuotas y la matrícula.• Podrán ajustar sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos, adaptándose a las fluctuaciones del mercado.• No tendrán que comunicar los montos de matrícula y cuotas con una anticipación considerable.
En los considerandos de la norma, se argumenta que las regulaciones existentes generaban “efectos contraproducentes” en la economía, la viabilidad de los institutos privados, los derechos de propiedad y la calidad educativa. En este sentido, se afirma que los requerimientos de “comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores creauna situación de incertidumbre económica para los institutos”, ya que para evitar problemas a futuro estas instituciones educativas “suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”. “Este mecanismo de fijación de precios perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo”, se resalta.
Pero eso no es todo. La norma considera que este marco regulatorio limita el derecho de propiedad de los establecimientos educativos, que “al ser entidades privadas, deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”.
Por otra parte, el Ejecutivo instruye al Ministerio de Capital Humano -que contiene a la Secretaría de Educación- a revisar las pautas contenidas en el Decreto 2542 de 1991 y eleve una propuesta de modificación. Este decreto estableció originalmente un sistema de financiamiento para la educación pública de gestión privada. La revisión se justifica en que esta norma fue dictada cuando la administración de la educación estaba bajo la órbita del Gobierno nacional y que la situación cambió con la transferencia de la competencia a las provincias, conforme al principio federal.
