La medida comenzará en abril y afecta a beneficiarios que cobran $78.000 mensuales. El nuevo esquema prioriza formación laboral y elimina transferencias directas.
El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, avanzará desde abril con la eliminación de cerca de 900.000 planes sociales de $78.000 mensuales y los reemplazará por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
La decisión, impulsada por el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, marca el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo y su reformulación posterior como “Volver al Trabajo”.
Fin de los planes sociales: a quiénes alcanza la medida
El recorte impactará en aproximadamente 900 mil beneficiarios que integraban el segmento considerado de transición hacia el empleo.
En paralelo, unas 300 mil personas que forman parte de programas de asistencia más permanente no serán alcanzadas por la medida, según indicaron fuentes oficiales.
Los actuales titulares comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les informa la finalización del beneficio.
Qué pasará con los beneficiarios: vouchers y capacitación
El nuevo sistema reemplazará las transferencias mensuales por vouchers destinados a formación laboral. Para acceder, los beneficiarios deberán inscribirse y elegir cursos dentro de una red federal de centros de capacitación.
El esquema establece condiciones más exigentes:
- Asistencia obligatoria a los cursos
- Permanencia durante la capacitación
- Pérdida del beneficio en caso de abandono
Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es vincular el gasto público con resultados concretos en formación e inserción laboral.
Cambio de modelo: del ingreso directo a la formación para el empleo
La medida implica un giro en la política social: se deja atrás un esquema de ingresos garantizados para pasar a uno basado en incentivos y capacitación.
Según el oficialismo, gran parte de los beneficiarios ya realiza actividades informales, por lo que el nuevo sistema busca mejorar sus oportunidades laborales en lugar de sostener transferencias directas.
Además, el dinero será asignado directamente a las personas, sin intermediación de organizaciones sociales.
Impacto fiscal y debate social
La eliminación de los planes representa un ahorro potencial cercano a los $60.000 millones mensuales, aunque el monto final dependerá de la adhesión al nuevo sistema.
Parte de esos recursos será destinada a financiar las capacitaciones y otra se redirigirá a políticas educativas, en línea con el objetivo oficial de fortalecer la formación.
Sin embargo, la medida abre un debate sobre su impacto social, especialmente en un contexto de desaceleración económica y tensiones en el mercado laboral.
Nueva etapa en la política social
El Gobierno sostiene que el modelo anterior no logró mejorar la inserción laboral y consolidó esquemas de intermediación.
Con esta decisión, busca avanzar hacia un sistema centrado en la capacitación, el empleo y la educación, con foco en reducir el gasto y mejorar la eficiencia de la asistencia estatal.
Abril marcará el inicio de este nuevo esquema, que redefine el rol del Estado en la política social argentina.
