En Casa Rosada, después de volver a ningunear al Congreso al enviar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia y no mediante un proyecto de ley, ahora dicen que “son optimistas” con el tratamiento que se hará del mismo en la Cámara de Diputados. Ellos consideran que la Cámara Baja aprobará el texto y que, por ende, no será necesario pasar por el Senado. Sucede que para que un DNU deje de tener validez se necesita el rechazo de ambas cámaras. Si bien en el oficialismo dicen que aún no están en agenda reuniones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los presidentes de los bloques aliados o con gobernadores, lo cierto es que las conversaciones con ellos –tanto de Francos, como del ministro de Economía Luis Caputo– son cotidianas. “El DNU está vigente desde que se promulgó y así va a seguir a menos que ambas cámaras lo rechacen”, repiten en el oficialismo y confían: “no se va a rechazar, se va a tratar y se va a aprobar en Diputados”.
Desde la oposición, en tanto, consideran que enviar el acuerdo mediante un DNU fue una “picardía” y una “cañita voladora” del gobierno porque aún no tienen el acuerdo con el FMI cerrado y “necesitan mostrarle al mercado que están avanzando”. “Ya les está corriendo el reloj de arena porque tienen menos dólares y necesitan generar la expectativa de que esos dólares están por ingresar”, dicen. Además, consideran que el FMI va a pedir al gobierno que el Staff Level Agreement pase por el Congreso y no como DNU. Recuerdan que, cuando se negoció el acuerdo anterior, el staff del FMI pidió, incluso, una reunión con los presidentes de los distintos bloques donde les resaltó la importancia de eso.
Desde la Casa Rosada, sin embargo, se muestran confiados con que el FMI acepte el envío mediante DNU que hicieron desde la Casa Rosada y recuerdan las declaraciones de Julie Kozack, directora de comunicación del organismo, que dijo: “Asegurar el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades tal como lo establece la legislación interna argentina. Y al mismo tiempo, por supuesto, un amplio apoyo político y social puede mejorar la implementación del programa. Las preguntas relacionadas con el proceso específico para lograr o buscar el apoyo del Congreso deben dirigirse realmente a las autoridades argentinas porque es una cuestión de derecho interno”.
El problema en las negociaciones con los bloques “de centro”, o “amigables”, es que pueden llegar a pedir, a cambio del respaldo con el FMI, que se trate el Presupuesto 2025 que la Casa Rosada nunca envió al Congreso. Sin embargo, desde el oficialismo opinan que a los gobernadores “les conviene” que se avance con un nuevo acuerdo porque eso “le dará al país mejor calificación de deuda”, añaden que eso, permitirá “bajar el riesgo país” que, a su vez, hará que suba la calificación de deuda de las provincias para que “se pueden endeudar con mejores tasas”. Además, argumentan que si entran dólares “se podrá levantar el cepo”, y que eso significaría “más inversiones para provincias que las están esperando como Catamarca, La Rioja y San Juan, o Salta y Jujuy por el litio”.
Lo cierto es que el respaldo aún está en duda y ya empiezan los poroteos. En principio, este martes el Poder Ejecutivo envió el decreto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Allí comenzará el tratamiento y en diez días se deberá emitir un dictamen. Esa comisión la preside el senador de LLA, Oscar Pagotto, y en ella el oficialismo tendría una mayoría que permitiría acelerar los trámites para que el texto llegue al recinto. Además de los libertarios, en esa comisión están el senador Luis Juez y el diputado Diego Santilli del PRO, que viene acompañando en la gran mayoría de las votaciones al gobierno; también el senador Carlos “Camau” Espínola, cercano a Edgardo Kueider, –que si bien fueron elegidos por la boleta de UXP ambos son aliados a la Casa Rosada– y los radicales Victor Zimmerman y Francisco Monti.
La idea del gobierno es lograr la aprobación en Diputados donde las cosas están más fáciles que en el Senado. En la cámara alta UxP tiene 34 votos y se necesitan 37 para rechazarlo. El antecedente de la oposición buscando rechazar un decreto del gobierno es cercano. En marzo, y tras más de ocho horas y media de sesión, el Senado rechazó con 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones el DNU 70/2023, que finalmente nunca fue tratado en la Cámara de Diputados y que, por ende, todavía continúa vigente.
El ministro de Economía, por otra parte, a sabiendas de que el acuerdo podía no ser aprobado por el Congreso dijo que no lo enviaron como proyecto de Ley, sino como DNU, porque “en el Congreso se podía demorar mucho”. Ese ninguneo al Poder Legislativo por parte del gobierno de La Libertad Avanza no es, sin embargo, el primero. Más allá de los agravios cotidianos que Milei propina a los legisladores, la Casa Rosada hace unas semanas nombró a dos jueces para la Corte Suprema de Justicia por decreto –pasando por alto lo que tenían que definir los senadores– y también lograron modificar voluntades para que el Presidente no sea investigado por el Poder Legislativo en el Senado después de la criptoestafa de $LIBRA que lo tuvo como protagonista.
