El Ejecutivo desplegará fuerzas federales para garantizar la circulación durante la movilización sindical prevista frente al Congreso. La protesta coincide con el debate clave de la reforma laboral en el Senado y suma apoyos de gremios docentes y universitarios.
El Gobierno nacional confirmó que pondrá en marcha el protocolo antipiquetes durante la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral que el oficialismo impulsa en el Congreso. La decisión fue ratificada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la antesala de una jornada que se prevé masiva y de alta tensión política.
La manifestación se realizará mientras el Senado debatirá el miércoles la iniciativa oficial, en un contexto de fuerte despliegue de fuerzas federales, vallados y controles en puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en las inmediaciones del Congreso y la Plaza de Mayo.
Protocolo antipiquetes y operativo de seguridad reforzado
Desde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva señalaron que el objetivo principal del operativo será evitar cortes totales de calles y garantizar la libre circulación, al tiempo que buscan prevenir incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
El esquema contempla un vallado estricto en zonas consideradas críticas y una presencia sostenida de efectivos federales durante toda la jornada, en línea con el protocolo vigente que el Gobierno viene aplicando en protestas sociales y sindicales.
La CGT moviliza contra la reforma laboral
La protesta fue convocada por la CGT y cuenta con la adhesión de numerosos sindicatos y organizaciones gremiales. El acto central funcionará, además, como una señal política para medir la capacidad de convocatoria del sindicalismo frente al avance de la reforma.
Desde la central obrera advirtieron que, si no hay cambios en el proyecto, podrían avanzar hacia un paro nacional, en una escalada del conflicto con el Ejecutivo.
Los puntos más cuestionados del proyecto oficial
La CGT sostiene que la reforma laboral presenta una “redacción perjudicial” para los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas. Entre los aspectos más resistidos se encuentran la creación de un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones tradicionales, la implementación de un banco de horas y los cambios en la autonomía sindical.
Según los gremios, estas modificaciones implican una precarización de las condiciones laborales y un retroceso en derechos adquiridos.
El Gobierno defiende la iniciativa y apunta a la informalidad
Desde el oficialismo justifican el proyecto como una herramienta necesaria para modernizar el mercado de trabajo, que actualmente registra cerca de un 40% de empleo informal. En esa línea, aseguran que la reforma busca incentivar la creación de empleo y mejorar la competitividad.
Sin embargo, dirigentes sindicales remarcan que no rechazan discutir cambios, pero exigen que cualquier reforma incluya más derechos y no recortes para los trabajadores.
Más gremios se suman a la protesta
En las últimas horas, gremios docentes universitarios confirmaron su participación en la movilización. Desde CONADU advirtieron que la situación salarial y presupuestaria es crítica y reclamaron paritarias urgentes y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
También la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció un paro docente para el miércoles 11 de febrero, en rechazo al ajuste en educación y para exigir la restitución del FONID, además de su adhesión a la marcha de la CGT.
Con el debate legislativo en marcha y la calle como escenario de disputa, el Gobierno y el sindicalismo se encaminan a una semana clave que podría definir el futuro de la reforma laboral y el clima social en el país.
