El juez federal Martín Cormick ordenó dejar de aplicar el protocolo en protestas. Desde el Ministerio de Seguridad rechazaron la medida, la vincularon a “la vieja política” y advirtieron que sin el protocolo “vuelve el caos”.
El Gobierno nacional apelará el fallo del juez federal Martín Cormick, quien declaró nulo el Protocolo Antipiquetes y ordenó dejar de aplicarlo en el marco de protestas y manifestaciones.
La decisión judicial se conoce a pocos días de que el mismo magistrado ordenara implementar la Ley de Financiamiento Universitario, lo que generó fuertes críticas desde el Poder Ejecutivo.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional sostuvo que la Justicia ya validó el protocolo “en reiteradas ocasiones” y remarcó que se trata de una herramienta “legítima, con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”.
En ese sentido, afirmaron que no darán marcha atrás y confirmaron que recurrirán la resolución judicial.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, rechazó el fallo y lo vinculó a lo que definió como “la vieja política”. “Sin protocolo no hay orden, hay caos”, sostuvo, y aseguró que la medida judicial intenta avanzar sobre una política pública que cuenta con respaldo social.
Desde la cartera nacional destacaron que, desde su implementación, el Protocolo Antipiquetes permitió garantizar la libre circulación, ordenar el espacio público y devolver previsibilidad a quienes “eligen trabajar, circular y vivir en libertad”. Además, remarcaron que la norma no prohíbe la protesta, sino que la regula para compatibilizar el derecho a manifestarse con otros derechos, como el comercio y el tránsito.
“El protocolo no prohíbe, ordena”, señalaron desde Seguridad, y advirtieron que su eliminación implicaría un retroceso hacia escenarios de desorden y conflictividad social, mientras que su vigencia garantiza “convivencia y reglas claras para todos”.
