El Gobierno quiere librar una nueva batalla. Esta vez, los elegidos parecen ser los jueces y fiscales, que no generaron demasiados sobresaltos durante los casi dos 20 meses que Javier Milei lleva en la Casa Rosada. Federico Sturzenegger –que oficialmente ejerce como ministro de Desregulación y Transformación del Estado y extraoficialmente como el ejecutor de la motosierra– quiere probar, ahora, con la guillotina. Al protestar contra fallos que entorpecieron sus planes, Sturzenegger dijo que estudiaba emplear los métodos de la Revolución Francesa. Su colega de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tuvo que postergar sus planes de implementar el sistema acusatorio en las próximas semanas en los tribunales de Comodoro Py. Sin reconocer que había perdido la pulseada, acusó al Ministerio Público Fiscal de no estar lo suficientemente preparado y de invocar “excusas corporativas”. Los dichos no cayeron bien entre los magistrados.
En marzo, Cúneo Libarona visitó a Eduardo Casal en su oficina de la Procuración General de la Nación (PGN). Cuando se iba, le dijo al pasar que el 11 de agosto se empezaría a implementar el sistema acusatorio –que pone las investigaciones en cabeza de los fiscales– en Comodoro Py y en el fuero penal-económico de la Ciudad de Buenos Aires. El rumor se dispersó con rapidez; la preocupación, también.
Desde entonces, Casal y Cúneo Libarona intercambiaron unas cuantas notas en la que el procurador interino decía que no había personal ni recursos como para apurar el cambio de sistema. El 11 de julio, el ministro de Justicia le envió su última notificación a Casal. Hasta ese momento seguía todo en pie y ponía en conocimiento al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Al pasar, Cúneo Libarona afirmaba que la implementación del acusatorio era requerido por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
No lo mencionaba en esa carta, pero Cúneo Libarona había sido felicitado en la embajada de los Estados Unidos en la celebración del 4 de julio. “En materia de seguridad, dimos pasos importantes para compartir información que protege a ambos países; y seguimos colaborando con Argentina en la lucha contra el crimen organizado y trabajamos mano a mano con el sistema judicial en su transición al sistema acusatorio”, había dicho entonces la encargada de Negocios Abigail Dressel.
Toda esa expectativa para la administración libertaria se volvió rápidamente frustración. En la tarde del viernes, el Ministerio de Justicia difundió un comunicado en el que informaba que el nuevo sistema se aplazaría hasta el 10 de noviembre, es decir, hasta después de las elecciones. Un buen resultado, estiman en el Gobierno, les dará músculo para pulsear con los fiscales de Comodoro Py que mostraron los dientes.
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“Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha la reforma, y que la justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”, afirmó el Ministerio de Justicia con tono provocador.
En Comodoro Py dijeron a este diario que no tuvieron un aviso previo al comunicado. Se enteraron con el posteo del Ministerio de Justicia. El párrafo que peor cayó fue el que decía que hubo reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal “vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”. De hecho, los fiscales que actúan ante la Cámara de Casación Federal habían dicho lo contrario: que en Comodoro Py, en general, se investigan causas más sensibles, más complejas y con mayor cantidad de acusados de las que tramitan en otras provincias en las que ya rige el nuevo sistema.
La pelea por la implementación del acusatorio tuvo algunas caras visibles en los tribunales de Comodoro Py. Una fue la de Raúl Pleé, fiscal ante la Casación, que el 15 de julio pasado envió una nota a la Asociación de Fiscales para que pidiera la postergación del inicio hasta que no estuvieran resueltas las dificultades edilicias, técnicas y de dotación de personal.
El viernes pasado, el camarista federal Mariano Llorens corrió a Carlos Stornelli de una investigación que estaba llevando adelante contra Cúneo Libarona. La pesquisa estaba centrada en cómo se había implementado el sistema en Mar del Plata, pero Stornelli extendió su interés hacia lo que podía pasar en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, como contó este diario, Stornelli apareció un día en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para ver cuál era el edificio que el Gobierno había decidido darles a los fiscales de Comodoro Py para que se mudaran.
“La postergación era un pedido de todos los sectores. Primó la sensatez”, dice Julio Piumato, dirigente de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). “Si bien estamos a favor de la implementación del acusatorio, toda reforma requiere inversiones, y esto no se vio en los lugares en los que se puso en práctica”.
La Asociación de Magistrados había abierto una mesa de diálogo con el Gobierno para discutir qué hacer frente a la falta de recursos y de personal en las fiscalías. “Resulta adecuada la prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo para poder dar respuesta a estos problemas antes mencionados”, le dice su presidente, el juez Andrés Basso, a Página/12.
En una actividad en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo, Sturzenegger despotricó contra una medida cautelar de la Justicia del Trabajo que frenó la desregulación de la Marina Mercante o lo que él llamó navegación de cabotaje. “El sistema judicial resulta ser el último reducto de la casta”, se despachó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
“Estoy estudiando qué ha hecho la Revolución Francesa con el sistema judicial”, continuó. “Vamos a ver de avanzar sin usar todos los métodos de la Revolución Francesa”, dijo en referencia al Terror. Si bien el tono fue jocoso, no cayó simpático entre distintos actores del mundo judicial.
“Son expresiones que tienden a disciplinar al Poder Judicial y a arremeter contra los jueces democráticos. No lo dice para democratizar el sistema de justicia, sino para someterlo y terminar de romper con la poca independencia que queda”, afirma Matilde Bruera, presidenta de Justicia Legítima.
“Sólo basta ver la trayectoria de Sturzenegger y los intereses que siempre representó para saber quién es casta, y a él le cabe el sayo”, responde Piumato, por su parte. “Cuando la justicia cumple con su rol constitucional los gobiernos se enojan. Y éste es un ejemplo”.
Desde la Asociación de Magistrados también mostraron su rechazo a los dichos del ministro. “La función constitucional que tiene el Poder Judicial en un sistema republicano de gobierno es justamente actuar como contrapeso de los otros poderes del Estado. Se trata de un equilibrio democrático de frenos y contrapesos, que tiene como finalidad evitar la concentración excesiva de poder en un solo órgano. Esa división de poderes resulta esencial en un Estado de Derecho. En ese marco institucional que nos rige, ante decisiones judiciales que no sean compartidas por otro poder, deben seguirse inevitablemente los procedimientos recursivos previstos en la normativa vigente”, responde Basso.
Desde la Lista Celeste fueron enfáticos al señalar que “ninguna reforma, transformación ni discrepancia en el contenido de una sentencia puede justificar amenazas, explícitas o simbólicas, contra jueces, fiscales o instituciones del Poder Judicial”. Añadieron que invocar los “métodos” de la Revolución Francesa no sólo es inadmisible sino que erosiona la confianza en el diálogo democrático.
