Hay un nexo hasta ahora desconocido entre el gobierno de los hermanos Milei y la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker, investigada por los audios de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se llama Luis Oscar Ricardo y el año pasado fue nombrado Director de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud. Ocupó ese cargo durante cuatro meses y se fue a trabajar, precisamente, a la empresa de los Kovalivker. ¿Para hacer qué? Fue a ocuparse también de las compras, pero del otro lado del mostrador, y como especialista, según su descripción en Linkedin, en “análisis de consumo histórico de productos y clientes” para prever la “demanda futura”. También para asegurar que haya disponibles siempre “productos críticos para garantizar su abastecimiento”.
Además de que la situación Ricardo está reñida con las normas de ética pública, porque quien deja un cargo en el Estado debe esperar un año para hacer alguna actividad o contratación que tenga que ver con la función que dejó. Pero, además, no habría que descartar que Ricardo haya emigrado a la actividad privada, a una de las principales empresas proveedoras de medicamentos del Estado para ocuparse, precisamente de garantizar condiciones de contratación. Para la compra los medicamentos o prestaciones de alto costo y baja incidencia (se los llama PACBI) se utiliza un sistema que no es una licitación sino que consiste en una competencia cerrada entre 18 proveedores que están preinscriptos en el “sistema integrado de información financiera”. Son empresas grandes, que pueden vender medicamentos caros al Estado y esperar algunos meses para cobrarlo.
Cuando se requiere una determinada droga de esas características (PACBI) para las empresa no solo es clave ofrecer el mejor precio sino tener stock, que es de lo que se ocuparía este exfuncionario. En Andis se compran desde Incluir Salud, un programa para quienes no tiene cobertura social, que hasta que estalló el escándalo con los audios atribuidos al extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, dependía de Daniel Garbellini, que es mencionado en las grabaciones como la persona que le habrían “puesto” desde el entorno de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. “A mí me me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: un delincuente”, se escucha en los audios que motivaron la investigación sobre posibles coimas y sobreprecios a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. El celular de Garbellini empieza ser peritado por estas horas en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
Currículum y ley de ética
El dato sobre este hombre que representaría un posible “eslabón perdido” entre el Gobierno y la droguería Suizo Argentina fue revelado por el periodista Alejandro Bercovich en su programa “Pasaron Cosas”. El diario La Nación había informado también que el mayor porcentaje de compras al la Suizo Argentina provino de la cartera de Salud, pero además como proveedora del Estado todo indica que la empresa tuvo un crecimiento exponencial a lo largo de este año.
Ricardo cerró su perfil de Linkedin una vez que comenzó a rodar la noticia. Pero este diario alcanzó a consultarlo. Allí decía que desde agosto de 2024 trabaja en la Suizo Argentina en el cargo de “analista de planificación de compras” cuya función define así: “Organización y análisis de información para toma de decisiones. Análisis de condiciones y demanda para ejecución de compras. Vínculo entre el área comercial y el área de compras para la planificación de la demanda a tiempo. Análisis del Stock para conocer su movimiento, tendencias de consumo y necesidades de compra. Análisis de consumo histórico de productos y clientes para planificación de demanda futura. Revisión y seguimiento de productos críticos para garantizar su abastecimiento”. O sea, un papel clave en el circuito de contrataciones.
La Suizo Argentina había sacado un comunicado donde decía que prestaría colaboración al Poder Judicial en la investigación de los presuntos sobornos. Incluso lo compartió el presidente Javier Milei, pero puso obstáculos desde un principio: uno de los hermanos Kovalivker, Jonathan, huyó cuando la policía fue a allanar su casa y se presentó tres día después. En su vivienda había tres cajas de seguridad, una abierta con gomitas para sujetar fajos de billetes tiradas alrededor y algunos dólares desparramados. Su hermano Emmanuel fue interceptado arriba de su auto con siete sobres con 266.000 dólares repartidos, a punto de escapar también. El jefe de seguridad fue procesado por alertarlos sobre el procedimiento y por tratar inclusive de impedirlo. Como si fuera poco, el viernes último, en el allanamiento a una sede de la droguería, sus representantes no quisieron entregar los correos electrónicos, donde se buscan intercambios posibles con funcionarios, pistas sobre contrataciones y armados societarios. Los agentes se llevaron servidores a la fuerza, pero los correos tal vez no estén accesibles.
El exfuncionario tenía en la cartera de Salud el cargo de “director de compras y contrataciones. Estuvo ahí entre marzo y junio de 2024. Entre sus funciones describía en su página: “Elaborar, en coordinación con las áreas técnicas pertinentes, los procesos vinculados a la contratación de obras de infraestructura y de mantenimiento de los edificios de la Jurisdicción. Coordinar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones para la Jurisdicción. Coordinar la elaboración de los pliegos de bases y condiciones a efectos de concretar llamados a licitación pública, privada y/o contratación directa para la adquisición de bienes, contratación de servicios…”. Su trabajo anterior había sido en el gobierno porteño como Gerente Operativo de Contrataciones en la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
El Código de Etica de la Función Pública, que surge del decreto 41/99, y que hoy conforma un conjunto de normas con la Ley de Etica Pública, dice en su artículo 46 que existe un “período de carencia”, que es el posterior a que un funcionario público deja su cargo, y que establece: “El funcionario público no debe, durante su empleo y hasta UN (1 ) año después de su egreso, efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones administrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, ni celebrar contratos con la Administración Pública Nacional, cuando tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñe o hubiera desempeñado”. Como es evidente, el tiempo que pasó entre que Ricardo dejó Salud y entró a la Suizo es de alrededor de un mes. Esto podría motivar una investigación. Habrá que ver si en el caso de las coimas en Andis en particular los investigadores encuentran alguna anomalía o dato que amerite citarlo a declarar, ya sea como testigo o como imputado.
Secreto de sumario
El fiscal Picardi pidió prolongar el secreto de sumario en la causa por diez días más, para poder seguir adelante con medidas claves en el rastreo de pagos ilegales u otras maniobras. Quedó flotando la posibilidad de que Spagnuolo se presente como “arrepentido” pero eso solo puede ocurrir si le imputan algún ilícito.
El juez Casanello, mientras tanto, aceptó que una ONG sea querellante en la causa. Se trata de Poder Ciudadano, que podrá acceder al expediente una vez que se levante el secreto. Este magistrado suele aceptar a organizaciones de la sociedad civil y este en particular ya participa de otro expediente. Consideró su “trayectoria de 30 años en la lucha contra la corrupción –cualquiera sea el color político– ” y que es “el capítulo argentino de Transparencia Internacional”. Esto es una gran diferencia con el caso $LIBRA, donde al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solo se lo admitió como amicus curiae y puede ver lo que la jueza María Servini habilita, aunque puede proponer y acercar material.
