El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió el procesamiento de un funcionario de Patricia Bullrich. Se trata de Héctor Pedro Carlos Cajida, actual subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad. Cajida, junto con otros jefes policiales, fue responsable de la razzia que se desplegó el 8 de marzo de 2017 tras el primer paro internacional de mujeres. En la actualidad, interviene en los operativos que se montan cada miércoles en la zona del Congreso para reprimir a jubilados y a quienes marchan en solidaridad con ellos.
El 8 de marzo de 2017, las mujeres pararon en 57 países del mundo. En la Ciudad de Buenos Aires, hubo una movilización que llegó hasta Plaza de Mayo. Tras la desmovilización general y cuando solo quedaban algunas manifestantes en la zona o en las inmediaciones, comenzó la cacería. Esa noche, 21 personas resultaron detenidas en un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Ciudad.
La represión implicó el uso de armas menos letales como gases lacrimógenos, balas de goma disparadas directamente al cuerpo y el empleo de un carro hidrante. Las personas detenidas terminaron con causas en su contra, que tras varios meses se terminaron cerrando. Las acusaron de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones.
Recién ocho años después, la investigación sobre lo sucedido esa noche empezó a avanzar. El principal escollo que debió sortear la causa fue la falta de impulso de la fiscalía y la voluntad de que el caso pasara a la justicia federal con asiento en los tribunales de Comodoro Py.
El CELS le pidió al juez Mariano Iturralde, a cargo del Juzgado 59, que procese a seis altos mandos policiales. Entre ellos, Cajida (comisario mayor), Javier Monteamores (subcomisario), César Darío Gambarte (comisario inspector), Octavio Mazzoni (subcomisario), Mario Andrés Camacho (comisario) y Víctor Manuel Leyes (subcomisario). Los acusaron por privaciones ilegales de la libertad agravadas por mediar violencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el caso de Leyes, que estaba a cargo de la alcaidía de la comisaría comunal 4, y de Mazzoni, que era jefe de la comisaría 1ª, se los señaló por el trato vejatorio que sufrieron las personas detenidas.
Ese 8 de marzo, Cajida y Monteamores estuvieron en la Sala de Situación, dando órdenes de despejar Plaza de Mayo y de detener a quienes permanecieran allí. De hecho, hay registros de que Cajida dijo a las 22:29: “A ver si hacemos algún detenido”. Era una directiva para quienes estaban actuando en el terreno.
Gambarte, Mazzoni y Camacho eran parte de los efectivos que estaban llevando adelante el operativo y, por ende, quienes estuvieron involucrados en la razzia.
En las indagatorias, los dos grupos se echaron la culpa entre sí. Cajida y Monteamores, como oficiales de la PFA, negaron haberles dado órdenes a los policías de la Ciudad, que produjeron los arrestos. Afirmaron que había cadenas de mando distintas. Sostuvieron, además, que no hubo una razzia –algo prohibido desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país por lo que pasó con el adolescente Walter Bulacio– sino detenciones específicas y justificadas. Por último, también se excusaron diciendo que la visión desde la Sala de Situación era limitada y, por ende, no sabían qué estaban haciendo los agentes en la zona aledaña a la Casa de Gobierno.
Por el contrario, los efectivos de la Policía de la Ciudad le endilgaron la responsabilidad por el operativo a la PFA, que entonces también dependía de Bullrich.
Pese a las investigaciones en su contra, los efectivos siguen integrando las fuerzas o el Ministerio de Seguridad. “Deja en evidencia la persistencia de una política de seguridad que premia la violencia institucional y garantiza impunidad a quienes la ejercen”, advirtió el CELS en un comunicado.
Cajida es el más encumbrado de los policías que reprimieron el 8M de 2017. Desde julio de 2024, ejerce como subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad. Lo hace ad honorem por su carácter de retirado de la PFA.
Cajida tiene una larga trayectoria dentro de la estructura represiva. En diciembre de 2001, cumplía funciones como jefe del Cuerpo de Operaciones Federales (COF). El 20 de diciembre de ese año, cuando la PFA reprimió y asesinó en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, él estuvo a cargo de una fuerza en terreno, según surge de la causa judicial en la que se investigó lo sucedido.
Al momento del 8M de 2017, Cajida era jefe de la superintendencia de Orden Público Federal. Hacia finales de ese año, Bullrich lo nombró coordinador del comando unificado de seguridad para la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se celebró en Buenos Aires.
Su nombre apareció en los chats que se filtraron del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. El funcionario se refería a Cajida a raíz de que se lo mencionó en un informe que hizo el periodista Rolando Graña sobre el caso de Santiago Maldonado. En ese momento, había circulado una denuncia que afirmaba que Cajida había enviado a personal de inteligencia de la PFA a producir informes sobre la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Según D’Alessandro, Cajida había sido uno de los jefes de la PFA que más se opusieron al traslado de la fuerza a la Ciudad. Abogado graduado en la Universidad Kennedy, Cajida se convirtió en un hombre de confianza de la ministra Bullrich.
Diversas fuentes señalan que Cajida dio órdenes en el operativo del 12 de marzo de este año, cuando fue herido de gravedad el fotoperiodista Pablo Grillo. Ese día, un prefecto disparó contra Jonathan Navarro, lo que provocó que perdiera la visión en uno de sus ojos, y un efectivo de la PFA golpeó a la jubilada Beatriz Blanco. Mientras se desplegaba ese operativo violento, Bullrich denunciaba actos de sedición ante la justicia federal sin poder aportar pruebas que validaran sus dichos.
Ese 12 de marzo, Cajida dio la orden de desarmar los gazebos que habían montado trabajadores del hospital Laura Bonaparte, cuya instalación había sido consentida por la Policía de la Ciudad.
Cajida no es el único que se mantiene en actividad. Su compinche Monteamores ascendió a comisario después de la represión del 8M y pasó a desempeñarse como jefe de la Sala de Situación.
Actualmente, Monteamores cumple funciones en la Superintendencia de Operaciones Policiales. Al igual que Cajida, él también había estado operativo en diciembre de 2001. Por entonces, estaba destinado a la Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones (DGO) de la PFA como oficial de guardia.
La represión de la protesta ha sido la marca de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, tanto en la gestión macrista como en la actual. El 19 de noviembre, el gobierno de Javier Milei deberá dar explicaciones sobre el deterioro de la libertad de expresión en una audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que funcionará como una actualización de la que se llevó adelante en julio del año pasado. En ese momento, un funcionario de Bullrich había repetido una y otra vez la excusa de que la represión estuvo justificada ante intentos de desestabilizar al gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
