Mientras la agenda política sigue marcada por la captura de Nicolás Maduro, un sector de la oposición avanza para frenar el DNU que reestructuró la SIDE. Además de intentar voltearlo en el Congreso, diputados presentaron un amparo judicial y alertan por facultades que consideran inconstitucionales, como la posibilidad de aprehensión de personas por parte de agentes de inteligencia.
Mientras la atención política continúa concentrada en la crisis de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, un sector de la oposición argentina avanza por un carril paralelo para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno volvió a reformar la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
A la estrategia parlamentaria para rechazar el decreto en el Congreso, se sumó en los últimos días una nueva vía judicial, con la presentación de un amparo que busca dejar sin efecto la norma.
El DNU que encendió las alarmas en el Congreso
La semana pasada, el oficialismo sorprendió con la firma del DNU que modifica la estructura y funciones de la SIDE. El texto generó un rápido rechazo en distintos bloques opositores, tanto en Diputados como en el Senado, debido a que habilita a agentes de inteligencia a aprehender personas y redefine los límites entre inteligencia y seguridad interior.
Referentes del peronismo, Unidos y el Frente de Izquierda cuestionaron la “letra chica” del decreto y advirtieron que avanza sobre facultades sensibles.
El reclamo judicial y el cuestionamiento de fondo
El amparo presentado ante la Justicia pone el foco en que el DNU elimina las fronteras entre la inteligencia estratégica y la seguridad interior, al unificar organismos con lógicas y finalidades distintas. Según los denunciantes, esto vulnera principios constitucionales y excede el uso excepcional de los decretos de necesidad y urgencia.
La jugada parlamentaria que no avanza
En paralelo, la oposición envió notas a los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, para exigir la conformación de dos comisiones clave: la Bicameral de Inteligencia y la Comisión de Trámite Legislativo, encargada de analizar la validez de los DNU.
Sin embargo, hasta ahora no hubo respuestas. “Nada, ni respuesta”, admitieron fuentes parlamentarias. De todos modos, la Ley 26.122 establece que, si la bicameral no se pronuncia dentro de los 10 días hábiles, ambas Cámaras quedan habilitadas a tratar el decreto en el recinto.
Los números que complican a la oposición
Para voltear el DNU, la oposición necesita reunir 129 diputados y 37 senadores para alcanzar el quórum. Luego, alcanza con una mayoría simple para rechazarlo. Pero hay un dato clave: un DNU solo pierde vigencia si ambas Cámaras lo rechazan. En cambio, con que una sola lo avale, queda firme.
Ese escenario preocupa a los detractores del decreto, que temen que el oficialismo logre blindarlo con una ratificación parcial.
El PRO y una postura todavía ambigua
Otro factor que achica el margen opositor es la postura del PRO. Aunque el partido acompañó en el pasado el rechazo a un DNU que ampliaba los fondos reservados de la SIDE, ahora evita un pronunciamiento tajante sobre el Decreto 941/2025.
Desde la bancada macrista señalaron que esperan la letra chica y los protocolos de aplicación antes de fijar una posición definitiva. Además, recordaron que la modificación de la ley de inteligencia vía DNU “no es un mecanismo inédito” y fue utilizado por gobiernos de distintos signos políticos.
Un debate que se estira hasta febrero
Uno de los diputados que impulsa el rechazo reconoció que la irrupción del tema Venezuela “enfrió” la discusión sobre la SIDE. Además, por los plazos legales, una eventual sesión para tratar el DNU recién podría concretarse en febrero.
Mientras tanto, el debate de fondo sigue abierto: la oposición acusa al Ejecutivo de avanzar con un decreto sobre una materia que no es urgente, que debería discutirse en el Congreso y que, según advierten, invade competencias vedadas por la Constitución.
