El Gobierno anunció una actualización de entre el 29 y 35 por ciento para los prestadores en discapacidad y despertó la indignación del colectivo porque llegó con un año de retraso, dejó sabor a poco y, además, incumple con la ley de Emergencia votada por el Congreso. Según denunciaron las organizaciones del colectivo, el aumento anunciado no llega ni a la mitad de lo que establecía la norma, que estipulaba que fuese de un 70 por ciento, con el obejtivo de compensar los doce meses de retraso desde el último incremento, de fines de 2024. “Seguimos en una situación desesperante y frente a un Estado es que ser retira sin dar ninguna clase de soluciones”, le dijo a Página/12 Ana Dones, referenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
En concreto, el Gobierno informó que dará un aumento a los prestadores en tres cuotas octubre, noviembre y diciembre de entre el 29 y el 35 por ciento según la rama de servicio. La medida fue acordada entre ANDIS, PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, en la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que llevaba un año completo sin convocarse.
El anuncio del Gobierno dejó sabor a poco. Las instituciones de salud, educación y rehabilitación tenían sus ingresos congelados desde noviembre de 2024, cuando recibieron el último aumento, que había sido del 0,5 por ciento. La ley de Emergencia establecía que esos doce meses de pérdida debían ser recuperados con una remuneración fija, pero el Ejecutivo desechó ese artículo cuando no tuvo más remedio que implementarla. El Gobierno también congeló la indexación automática de los haberes, otro de los puntos clave de la ley que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, decidió unilateralmente no reglamentar, lo que valió la presentación de mociones de censura en el Congreso para removerlo del cargo.
Dones remarcó además que el incremento vulnera los tratados internacionales en la materia a los que el país suscribe a nivel constitucional. “Los recortes se escriben en una política de ajuste que ha impactado de forma desproporcionada en el colectivo de personas con discapacidad, quizás el colectivo más vulnerable que existe. Por esa razón, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha establecido que, aún en contexto de restricción presupuestaria, los Estados deben garantizar los contenidos mínimos y esenciales de los derechos, los cuales no pueden verse afectados ni invocase la falta de recursos como justificación”, denunció.
En paralelo al ajuste en las prestaciones, según el presupuesto 2026 el Gobierno planea un recorte de las pensiones, que se proyecta un 30% menor al del 2023, último año con un presupuesto aprobado por ese Congreso y 13% inferior al del 2025. “Esos números son imposibles de sostener”, agregó Dones.
“Es repugnante”
La actriz Valentina Bassi repudió el desconocimiento de la administración de La Libertad Avanza (LLA) de la Ley de Emergencia en Discapacidad, votada en más de cuatro oportunidades en el Congreso. “Es repugnante”, remarcó Bassi, mamá de Lisandro, un chico de 17 años con autismo.
En un comunicado emitido este martes, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) –que no logra rescatar su imagen desde el escándalo que desató el ex titular Diego Spagnuolo con la filtración de audios que develaron un esquema de coimas y corrupción internas–, informó que aplicará una suba de presupuesto “en tres tramos sucesivos, entre los meses de octubre y diciembre de 2025”.
El mensaje aclara que fue el Jefe de Gabinete Guillermo Francos quien aprobó esta decisión violatoria de las leyes constitucionales. “Con este aumento, se verán beneficiados los profesionales y prestadores que brindan un abanico de servicios esenciales”, postula el comunicado. Sin embargo, no toma en cuenta que los incrementos autorizados no componen la pérdida real sufrida desde la asunción de la gestión ultraderechista.
Pese a que hace dos semanas hubo incidentes en la sede del organismo nacional que se encuentra en el barrio porteño de Belgrano, con padres y familiares de personas con discapacidad que irrumpieron a la fuerza en el edificio en busca de respuestas, el Gobierno cerró su comunicado con más autoelogios: “Este tipo de medidas no solo otorgan previsibilidad al sistema, sino que también reconocen el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días”.
Al respecto, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un video en el que repudió esta decisión. “Es una burla, se nos están riendo en la cara”, espetó Bassi. “Mi ingenuidad hace que no pueda entender cómo se puede, tan livianamente, no cumplir una Ley de Emergencia, luchada, sancionada y ratificada 4 veces por el Congreso… ¡Y no tener consecuencias! No lo entiendo”, cuestionó la artista.
“Después de las elecciones están con un nivel de soberbia… Este aumento no alcanza ni para pagar el aumento de nafta de los transportistas, encima pagado en tres meses”, criticó, y afirmó que con esta medida únicamente “están favoreciendo a las prepagas”.
Un punto para la comunidad
Presionado por varios frentes, el Gobierno nacional no tuvo otra opción que frenar la suspensión de pensiones por discapacidad y restituir más de 100 mil beneficios que habían sido dados de baja de forma aleatoria e injustificada.
La medida fue tomada por la Andis luego de una serie de fallos judiciales adversos, entre ellos uno del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, que ordenó restituir las pensiones al considerar que se trataba de derechos vulnerados por una normativa inconstitucional y una ejecución irregular. La disposición fue firmada por el interventor del organismo, Alejandro Vilches.
En paralelo, organizaciones del sector volvieron a movilizarse la semana pasada en la capital porteña y en distintas provincias para exigir la implementación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, vetada dos veces por el Gobierno, y ratificada una vez más por los legisladores.
Los damnificados reclaman actualización de aranceles para sostener las prestaciones y evitar el cierre de instituciones y la pérdida de puestos de trabajo.
