La emergencia en discapacidad, que tiene dictámenes de mayoría de tres comisiones legislativas, llegará al recinto de la Cámara de Diputados la semana próxima. En medio de un panorama complicado, esta semana arrancó con un paro de tres días de los prestadores y hoy se dará a conocer una denuncia de todas las organizaciones de defensa de las personas con discapacidad junto con organismos de derechos humanos ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), frente a la “enorme desatención” del Gobierno de un derecho incorporado a la Constitución Nacional. Diputados de distintos bloques irán por la media sanción de la Emergencia, ante la feroz resistencia del oficialismo que se aferra al argumento del “déficit cero” para intentar rechazarlo y a pesar de que la propia Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal es de apenas 0,42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“Va a ser la semana que viene. Se había pedido para esta semana, el 29. En principio, se va a hacer junto con el tema jubilaciones que la semana pasada no tuvo quórum. Tenemos dictámenes de mayoría en las comisiones de Discapacidad, de Salud y de Presupuesto con el respaldo de un amplio abanico de bloques parlamentarios”, sostuvo ante PáginaI12 Daniel Arroyo (UxP), presidente de la comisión de Discapacidad y autor del proyecto.
Pero el derrotero del proyecto debió atravesar no pocas dificultades. “Como Presupuesto no se reúne, tuvimos que ir al recinto a emplazar, obligar, a la comisión a que trate el proyecto: ahí obtuvimos 126 votos a favor y 70 en contra”, recordó Arroyo. El presidente de la comisión de Presupuesto y posible candidato libertario en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert (LLA), ni siquiera se presentó para discutir la iniciativa y esgrime como la Casa Rosada el sostener el déficit cero para no respetar los derechos consagrados en la Constitución.
Ayer, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dio a conocer su informe sobre el “costo fiscal” del proyecto, que propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores. Según el informe se podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos. Lo que representa un impacto fiscal estimado de entre 0,22 por ciento y el 0,42 del PIB, dependiendo del escenario.
En cuanto a la compensación extraordinaria para prestadores del sistema de prestaciones básicas, se calcula un gasto adicional de $277.349 millones para compensar la diferencia entre los aranceles actualizados y la evolución del índice de precios al consumidor entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Este monto representa un 0,03 por ciento del PIB. Mientras que la actualización de asignaciones para talleres protegidos de producción, la OPC estima un gasto adicional de $7.160 millones respecto al presupuesto actual, equivalente al 0,0008 por ciento del PIB. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones y aumentos presupuestarios necesarios para garantizar su implementación, sin afectar los créditos asignados a la finalidad de servicios sociales.
En diálogo con este diario, Arroyo también se refirió al balance de la OPC y la doble vara del Gobierno al momento de debatir distintas medidas: “Primero, que el impacto fiscal no tiene nada que ver con otras cuestiones que se debaten en el Parlamento, y segundo lo que tiene el Estado es una deuda con las personas con discapacidad. Si tenés una persona que hace seis meses que no cobra, no corresponde evaluar cuál es el costo empresario sino la deuda que se tiene con el trabajador. Lo que hizo el Gobierno fue congelar los aranceles, congelar el nomenclador, con lo cual en términos prácticos es una deuda porque no cumplió el Gobierno”.
La situación para las personas con discapacidad es crítica y esta semana se sumó un paro de tres días de los prestadores. Un problema que afecta directamente a los beneficiarios. “No somos parte de los prestadores, pero entendemos la enorme necesidad que hay y un transportista no puede cobrar 500 pesos el kilómetro con lo que cuesta el litro de nafta. Y entonces no sale, hace Uber, mudanzas, no sé que hará. Pero el pibe que queda en silla de ruedas en la casa, que no puede ir a rehabilitación, ni ir a la escuela ni a ninguna parte porque no tiene transporte y la familia no lo puede pagar, porque hablamos de transporte adaptado, y al gobierno eso no le interesa”, dijo a PáginaI12 Ana Dones, secretaria general de Redi (Red por los Derechos de Personas con Discapacidad).
Pero la preocupación de Dones, que ha seguido de cerca todo el dilatado derrotero del proyecto en el ámbito parlamentario, pasa por otro lado: “Lo que más me preocupa no es que este recorrido llegue al final, que lo apruebe Diputados y el Senado, sino que Milei lo vete porque lo jode en el Presupuesto, que en realidad no lo jode para nada porque el impacto es mínimo en el Presupuesto”, afirmó en diálogo con este diario.
De todas maneras, el colectivo de las organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad no se detiene. Hoy se dará a conocer la denuncia que junto a organismos de derechos humanos realizaron ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención por parte de los Estados Partes, que como Argentina lo tiene incorporados como un derecho con rango constitucional, pero que el Gobierno de Milei desprecia.
