El oficialismo logró la media sanción en general, aunque no consiguió respaldo para derogar el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. También avanzó la ley de Inocencia Fiscal.
En el inicio de las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción al Presupuesto 2026, con 132 votos a favor y 97 en contra, aunque el Gobierno no logró aprobar uno de los capítulos centrales de su propuesta: la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
La derrota en ese apartado expuso fisuras en el respaldo de los aliados provinciales y dejó en evidencia límites a la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza, que buscaba avanzar con un tratamiento exprés de sus reformas más sensibles.
El acompañamiento al proyecto en general llegó desde bloques alineados con gobernadores de Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz y Misiones, mientras que votaron en contra Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal. Dentro del bloque País Federal se registró una votación dividida: Marcela Pagano rechazó el proyecto y Claudio Álvarez lo apoyó.
Sin embargo, al momento de votar el capítulo 11, que incluía el artículo que eliminaba el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad, la movilidad de asignaciones familiares y el régimen de Zona Fría, varios aliados provinciales modificaron su postura. El capítulo fue rechazado por 123 votos contra 117, con un rol decisivo de abstenciones y cambios de último momento.
Antes de esa votación, el oficialismo había incorporado modificaciones impulsadas por el diputado José Luis “Bertie” Benegas Lynch, que habilitaban adecuaciones presupuestarias para la Ciudad de Buenos Aires y la creación de un fondo especial de más de $21.000 millones para el Poder Judicial, en el marco de acuerdos con el PRO.
Más tarde, en la madrugada, Diputados sí avanzó con otro de los proyectos impulsados por el Ejecutivo: la ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que modifica el Régimen Penal Tributario. La iniciativa eleva de $1,5 millones a $100 millones el monto mínimo para que una evasión sea considerada delito penal y obtuvo media sanción con 130 votos a favor y 107 en contra.
Con este resultado, el Gobierno logró destrabar parcialmente su agenda legislativa, aunque el revés en el capítulo más controvertido del Presupuesto anticipa un escenario complejo en el Senado, donde deberá volver a negociar para intentar completar la sanción antes de fin de año.
