El proyecto de Inocencia Fiscal, que se debate en el Senado, eleva de manera significativa los umbrales del Régimen Penal Tributario. La evasión simple comenzará a ser delito a partir de $100 millones, mientras que la agravada llegará hasta $1.000 millones, según el caso.
El Gobierno nacional avanza en el Senado con el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave para el plan económico del presidente Javier Milei que, además de incentivar la declaración de los llamados “dólares del colchón”, redefine los montos a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá denunciar penalmente a un contribuyente por evasión.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Economía, introduce cambios sustanciales en el Régimen Penal Tributario, el Código Civil y Comercial y el Régimen de Procedimiento Tributario, con el objetivo de actualizar parámetros que habían quedado desfasados por la inflación y otorgar previsibilidad jurídica a los contribuyentes.
Desde cuándo la evasión será delito
De acuerdo con tributaristas consultados, la evasión simple comenzará a configurarse como delito cuando el monto evadido supere los $100 millones, un salto considerable frente a los valores vigentes. No obstante, los especialistas aclaran que no todo monto superior a ese piso implica automáticamente evasión penal, ya que debe existir una conducta dolosa, es decir, la transgresión intencional de una obligación impositiva.
En tanto, la evasión agravada tendrá un umbral mínimo de $1.000 millones, muy por encima de los $15 millones actuales. En casos donde intervengan estructuras jurídicas, personas interpuestas o mecanismos que dificulten identificar al responsable, el mínimo se fijará en $200 millones. Ese mismo monto aplicará cuando se utilicen de forma fraudulenta exenciones o beneficios fiscales.
Si la evasión se comete mediante el uso de facturas o documentación falsa, el piso penal se ubicará en $100 millones, cuando hasta ahora era de apenas $1,5 millones.
Montos desactualizados y reclamos técnicos
Especialistas en impuestos coincidieron en que los valores vigentes estaban totalmente desfasados. Señalaron que, con los topes anteriores, prácticamente cualquier contribuyente podía quedar alcanzado por la ley penal. Sin embargo, advirtieron que la inflación también erosiona rápidamente los nuevos montos y que el primer ajuste automático recién está previsto para enero de 2027.
Aclararon además que ciertas figuras penales, como la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros, no dependen de montos y no sufrirán modificaciones con esta reforma.
Multas automáticas, otro eje de discusión
El proyecto también generó polémica por el fuerte incremento previsto en las multas automáticas, que superarían el 110.000%. Por ejemplo, una sanción que hoy es de $200 para personas físicas pasaría a $220.000, y en el caso de personas jurídicas, de $400 a $440.000.
Frente a las críticas, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que las multas no se aplicarán de forma automática. Explicó que ARCA enviará primero un recordatorio otorgando entre 10 y 15 días hábiles para regularizar la situación. Solo en caso de incumplimiento posterior se avanzará con la intimación y la sanción correspondiente.
