Javier Milei vuelve de su viaje por Estados Unidos con una misión: reconstruir su gobernabilidad. Si bien el gobierno de Trump le dio un apoyo inédito al libertario los funcionarios republicanos pidieron información del mapa legislativo para avanzar con las reformas de fondo y proyecciones de cara a las próximas elecciones. Ahora, la Casa Blanca exige a Milei que demuestre que tiene capacidad política para ejecutar las verdaderas transformaciones. Los pedidos del Norte chocan con el campo minado que representa hoy la oposición. Los destratos, la mala praxis y una sobrevaloración de La Libertad Avanza a nivel nacional dinamitaron los puentes con casi todos los aliados, a excepción de un sector del PRO y de los pocos gobernadores con los que se tejieron alianzas electorales. El incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad detonó un conflicto de poderes. La semana próxima será crucial: Diputados se prepara para avanzar con la moción de censura contra Francos, mientras que el Senado avanzará con el rechazo definitivo a los vetos al Financiamiento Universitario y a la Ley Garrahan.
Milei regresa al país con el oxígeno que le dio la foto con Trump y el respaldo impreso en el posteo del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Las promesas de ayuda sirvieron para calmar la corrida que sacudió al gobierno a fines de la semana pasada. El alivio es momentáneo. Milei ganó tiempo, pero es un tiempo prestado. El oficialismo enfrenta ahora un desafío mayor, dejar atrás la intransigencia con la que se plantó frente a la oposición y comenzar a reconstruir su gobernabilidad. No en vano la ayuda prometida será implementada recién después de las elecciones del 26 de octubre. El gobierno norteamericano exige que el presidente construya los consensos necesarios para ejecutar medidas de fondo como la reforma laboral y tributaria.
Completamente disociada del humor de los gobernadores y de la oposición, la Casa Rosada avanza en la organización de una nueva reunión del Consejo de Mayo para comienzos de la próxima semana. La apuesta es presentar allí un paquete de reformas que, inevitablemente, deberán atravesar el filtro del Congreso. El oficialismo se niega a reconocer que transita un estadio de aislamiento político y que enfrenta un conflicto de poderes que él mismo provocó al suspender la implementación de la Ley de Emergencia en Pediatría. En Diputados se acumulan al menos tres proyectos que contemplan la moción de censura contra Guillermo Francos. El recorrido institucional que podría terminar en la remoción del jefe de Gabinete se activará el próximo miércoles.
Todos contra Francos
Este jueves, los diputados de la oposición avanzaron con el temario de la sesión que convocarán para la próxima semana. Pese a la maniobra de José Luis Espert, que citó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para el mismo día y horario, la idea es sostener la sesión especial. Ese día se debatirán los pedidos de interpelación a Karina Milei, Mario Lugones y Guillermo Francos por el escándalo de coimas en la Andis, que ya cuentan con dictamen para ser aprobados. También está en agenda la modificación de la ley que regula el uso de los decretos de necesidad y urgencia, y podría incorporarse el rechazo definitivo al veto presidencial a la ley de ATN.
La moción de censura contra Francos, por incumplir la ley sancionada por el Congreso, tendrá varias etapas pero podría ponerse en marcha durante la sesión. El mecanismo se inicia con un pedido de interpelación que debe aprobarse con mayoría absoluta en cualquiera de las dos cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Como los expedientes aún no tienen dictamen, el miércoles se avanzaría en emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, para acelerar el tratamiento. Si las respuestas de Francos no convencen al pleno, la Cámara puede votar su destitución, que luego debe ser girada al Senado. Días atrás Francos confirmó que irá si lo convocan para una nueva interpelación.
El primero en presentar una moción fue el cordobés de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño. Luego se sumó la exlibertaria Marcela Pagano con un proyecto propio y, finalmente, Unión por la Patria presentó el suyo en ambas cámaras. A última hora del jueves, el megabloque opositor trabajaba para convencer a los radicales de Democracia Para Siempre. En ese espacio, que lidera Pablo Juliano, argumentaban que la iniciativa podría ser considerada “destituyente” y le daría al gobierno motivos para victimizarse en plena campaña electoral. “Está definido que, si hay un pedido de emplazamiento para la interpelación, se va a acompañar”, explicaron desde ese sector a Página/12, aunque admitieron dudas respecto de los tiempos.
Por la noche, el radical Fernando Carbajal publicó un pedido de interpelación de su bloque y advirtió: “Pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en Discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. Si no, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”. El peronismo se mostraba más decidido y reconocía que estaba “metiendo presión” para avanzar. En principio, los gobernadores no confirmaron su apoyo, pero en Unión por la Patria confiaban que con Democracia Para Siempre y Encuentro Federal alcanzaba para poner en marcha la primera etapa del proceso.
La fugaz eliminación de las retenciones también podría colarse en la próxima sesión. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto para interpelar al titular de ARCA, Juan Pazo, con el fin de que explique las medidas, mientras que el diputado Eduardo Valdés solicitó informes sobre el impacto fiscal de llevar las retenciones al 0 por ciento. Para Valdés, “la aplicación derivó en un escenario de concentración de beneficios y en una pérdida significativa de recursos fiscales, sin que el Estado implementara mecanismos adecuados de control”.
El Senado
En paralelo, la Cámara alta prepara una sesión para el jueves 2 de octubre. Ese día, el gobierno podría recibir dos nuevos golpes: el rechazo definitivo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Pediatría (conocida como Ley Garrahan). Ambos proyectos fueron aprobados hace un mes por una abrumadora mayoría que superó los dos tercios necesarios para insistir con la ley. Solo el oficialismo votó en contra, acompañado por un puñado de apoyos del PRO.
Desde la Casa Rosada dejaron trascender que ambas leyes correrán la misma suerte que la de Emergencia en Discapacidad: no serán aplicadas hasta que se definan sus fuentes de financiamiento. Un argumento burdo que choca con los proyectos presentados por el Ejecutivo, por caso, la ley de Régimen Penal Juvenil -que lleva la firma de Francos- no incorpora ningún detalle respecto de su financiamiento.
La última sesión del Senado, cuando se aprobó la ley de reparto de ATN, Caputo acusó a la Cámara alta de “querer voltear” al Presidente. Ese día, el dólar superó el techo de la banda y el riesgo país se disparó. Si Milei pretende reconstruir su relación con la oposición para exhibir capacidad política ante sus nuevos tutores del Norte, deberá abandonar el látigo y sentarse a negociar de verdad. De lo contrario, los problemas seguirán acumulándose en el Congreso y cada sesión continuará erosionando su frágil gobernabilidad.
