Mientras el Tribunal Oral Federal 6 se dispone a dictar mañana la sentencia a los acusados como autores materiales del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner el 1º de septiembre de 2022, los abogados de la expresidenta apelaron ante la Cámara Federal porteña la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de “archivar parcialmente” la investigación sobre la presunta participación entre los autores intelectuales de Gerardo Milman, el diputado del PRO que dos días antes del ataque afirmó que “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.
José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal señalan en su escrito que la causa no puede archivarse porque hay medidas pendientes, pedidas no sólo por la querella sino también por el fiscal Carlos Rívolo y por los propios camaristas, y cuestionan a Capuchetti porque “tal vez por el apuro para archivar, no valora casi ninguna de las situaciones que relata a lo largo de su decisión”.
Los abogados repasan distintas irregularidades registradas tras la declaración del asesor legislativo Jorge Abello, quien dos días antes del ataque, en el bar Casablanca, escuchó la citada frase de Milman ante sus jóvenes asesoras. Por esos días, el diputado había pedido información sobre la custodia de CFK y mencionado por escrito la posibilidad de un “falso ataque” a la expresidenta. Capuchetti se tomó su tiempo para citar a Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco –quienes al declarar incurrieron en contradicciones y olvidos, hasta que les mostraron el video que las registró en el bar– y se negó a secuestrarles los celulares.
Tras delegar la investigación, el fiscal Rívolo volvió a citarlas. La primera reconoció entonces haber borrado su celular y la segunda dijo haberlo cambiado poco antes. Cuando el fiscal pidió secuestrar ambos aparatos –declararía luego Bohdziewicz–, Gómez Mónaco la llevó a oficinas del denominado “Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad”, que dirigen Milman y la actual ministra Patricia Bullrich, donde el propio diputado del PRO junto con un perito borraron el contenido de su teléfono durante cuatro horas.
Los abogados argumentan que siguen pendientes medidas de pruebas pedidas por Rívolo y por los propios camaristas que deben pronunciarse sobre el archivo. El celular de Gómez Mónaco todavía no pudo ser analizado porque no aportó la contraseña de acceso y no se dispone de la tecnología para extraer información de otro modo. En el caso de Milman, la jueza nunca procedió al secuestro y extracción de sus celulares, pese a que la Cámara aprobó esa medida hace más de dos años. “Es simplemente falso” que el tema del análisis de los teléfonos de Milman se haya zanjado, como afirmó la jueza. “Se analizó un solo teléfono, que no es el del ‘momento de los hechos objeto de la pesquisa (como indica el Dr. Bertuzzi) y que no fue secuestrado, sino que Milman entregó sin decir que era de un modelo posterior al atentado”, remarcaron Ubeira y Aldazabal.
Sobre la declaración de Milman del 28 de mayo, como imputado, los abogados consideran lógico que intente desvincularse pero destacan que no aportó una sola prueba que lo respalde. Más allá de llamativas omisiones sobre sus augurios (“que algún vanguardista iluminado” produzca “un falso ataque” contra CFK), calificaron de “irrisoria” la afirmación de que le habían robado el celular que usaban en aquel momento, cuando antes había dicho que lo había perdido. “Nadie que haya tenido ese rol (secretario de Seguridad) pierde un teléfono en una mudanza, y menos se da cuenta luego de que, en realidad, se lo robaron”.
La testimonial de la asesora Erika Denise Menéndez, quien le advirtió a Milman en un mensaje que si no arreglaba la situación iba a “contar todo”, también genera interrogantes. Bajo juramento, dijo que con esas palabras apuntaba a revelar que las acusaciones contra el diputado eran falsas, interpretación que Capuchetti consideró verosímil. “¿Alguien puede creer que ‘contar todo’ era desvincular a Milman de toda acusación, o desvincularse a ella misma, porque Milman no la dejaba hacerlo? El mensaje de Menéndez es, a todas luces, incriminante, y revela que quienes rodeaban a Milman tenían cosas que contar que perjudicarían al diputado”, destacaron.
Los abogados reiteraron sus críticas a la pericia de Gendarmería sobre el celular que entregó Milman, un modelo posterior al ataque. Reiteraron que esa fuerza “depende de la principal aliada política de Milman”, que primero usaron un filtro de palabras inexplicable y dejaron sin leer el 99,9 por ciento del contenido, y que en el segundo análisis dijeron no encontrar nada relevante pero no explicaron sus criterios de relevancia y ninguna de las partes pudo intervenir en el peritaje. Para afirmar, como pretende Capuchetti, que el análisis del celular no aporta elementos, “la jueza debería secuestrar los teléfonos que el diputado tenía al momento del atentado y analizarlos de modo transparente”, plantearon.
