La Cámara Federal ratificó la acusación contra Héctor Jesús Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas, y pidió profundizar la investigación sobre la cadena de mando en el operativo.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Héctor Jesús Guerrero, cabo primero de la Gendarmería Nacional, acusado de haber disparado una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo durante la marcha en defensa de los jubilados realizada el 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso.
Los camaristas ratificaron la imputación por lesiones gravísimas y abuso de armas, ambos delitos agravados por el abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad, dejando al gendarme a un paso del juicio oral.
Según la resolución judicial, Guerrero efectuó seis disparos con una pistola lanza gases entre las 17 y las 17:22, de manera “prácticamente horizontal” y en dirección a los manifestantes. Uno de esos disparos impactó directamente en Grillo, quien sufrió una fractura expuesta de cráneo y hematomas intracraneales, lesiones que —de acuerdo con el Cuerpo Médico Forense— pusieron en riesgo su vida.
El fallo destacó que las imágenes incorporadas a la causa, junto con peritajes y reconstrucciones técnicas, permiten afirmar que el disparo fue realizado “en forma directa hacia el conjunto de personas que se encontraban frente al cordón policial”, una modalidad considerada antirreglamentaria y altamente peligrosa.
En ese sentido, el tribunal citó manuales de uso del armamento y estándares internacionales, que establecen que nunca deben dispararse cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra personas, ya que pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte.
Investigar la cadena de mando
Más allá de confirmar la responsabilidad penal provisoria del gendarme, uno de los jueces, Roberto Boico, planteó expresamente la necesidad de profundizar la investigación sobre la cadena de mando, es decir, sobre las órdenes impartidas y las decisiones operativas que pudieron haber habilitado o tolerado el accionar que terminó con Grillo gravemente herido.
El magistrado sostuvo que el análisis del caso no puede limitarse a la conducta individual del tirador, sino que debe abarcar el contexto de protesta social y el rol de las autoridades responsables del operativo, incluyendo el uso de la fuerza estatal en el marco del denominado “Protocolo Bullrich” para manifestaciones públicas.
La resolución fue firmada por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, y mantiene abierta la posibilidad de que la causa avance hacia un análisis más amplio de responsabilidades dentro de la estructura de seguridad.
