La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas de diez represores de la última dictadura, incluidos el ex miembro de los grupos de tareas de la ESMA Mario “Churrasco” Sandoval, el ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de Mar del Plata Eduardo Salvador Ullúa y cinco oficiales de inteligencia del Ejército responsables de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de militantes Montoneros durante la contraofensiva de esa organización en 1979 y 1980. El tribunal reafirmó la importancia de analizar la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado a la luz de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, y también exhortó a la preservación de la prueba y de los sitios de memoria.
La sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, de forma unánime, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas contra las sentencias condenatorias. Los fallos incluyeron a los ex militares Luis Ángel Firpo, Marcelo Cinto Courtaux, Eduardo Eleuterio Ascheri, Jorge Eligio Bano y Mario Guillermo Ocampo (causa Campo de Mayo/Contraofensiva Montoneros) y a Guillermo Aníbal Piccione, Omar Andrada y Oscar Alberto Rodríguez en la causa “Saint Amant”, por delitos de lesa humanidad con epicentro en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. El juez Slokar, frente a los recursos del fiscal, mantuvo su disidencia en torno a las absoluciones dictadas a otros imputados.
En los cuatro fallos citados, Slokar, acompañado por Ledesma, dispuso exhortar a los tribunales orales a preservar la totalidad del material probatorio, como una forma de proteger a las víctimas, evitar su revictimización y privilegiar el resguardo de su seguridad personal. Destacó también recientes comunicaciones de expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instan al gobierno de Javier Milei a evitar posturas relativistas o negacionistas respecto a graves violaciones de los derechos humanos.
En esos fallos se citaron los mandatos al Estado argentino por parte los relatores de Naciones Unidas Bernard Duhaime, Aua Baldé y Morris TidballBinz, que el año pasado expresaron su “grave preocupación frente al desmantelamiento de equipos y programas encargados de investigar y analizar la documentación y los archivos” sobre el terrorismo de Estado, que “puede contravenir la obligación del Estado argentino de investigar y sancionar tales violaciones, de garantizar el acceso a la verdad sobre las mismas, y de asegurar la preservación y el acceso a los archivos históricos de dichas violaciones”.
También la CIDH instó a “evitar posturas relativistas o negacionistas respecto a contextos en los que se cometieron graves violaciones de derechos humanos” y destacó que “las políticas públicas deben incluir la conservación de la memoria –a través de la creación y preservación de archivos públicos y sitios de memoria–, iniciativas para reivindicar la dignidad de las víctimas, la difusión y preservación de la memoria histórica –por ejemplo, contemplando la temática en la currícula escolar obligatoria– la promoción de una cultura de derechos humanos y democracia orientada a la no repetición de los hechos”.
Finalmente, Slokar evocó el discurso del Representante de la Oficina del Alto Comisionado la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien en el marco de una audiencia de la CIDH sobre la Argentina, referida a temas de verdad, memoria y justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, señaló que “la existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros hacia ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. La Oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”. Jarab señaló también “la importancia de proteger el acervo del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos”.
